La Justicia aplicó una perimetral por 90 días al diputado provincial justicialista y líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, como consecuencia de la denuncia por «coacciones graves» que le interpuso la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

La medida fue pedida por el fiscal Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, y autorizada por el juez de Garantías, Mauricio Mayer. Por 90 días, el legislador tiene prohibido todo contacto con la ministra.

En ese plazo, el legislador debe respetar la prohibición de mantenerse alejado 200 metros del domicilio de la titular de Salud o de su despacho, en Casa de Gobierno.

Velázquez estuvo este miércoles en Tribunales y aportó más detalles de las situaciones de acoso y ejercicio de violencia que a su entender ha ejercido Allende desde que asumió al frente del Ministerio de Salud, en junio de 2017.

Hay, además, una situación peculiar: un encuentro a solas entre la ministra y el legislador en la que habría proferido amenazas.

En la Justicia no sólo avanzan bajo la figura de coacciones (aprietes), sino también que el caso podría agregar el agravante de violencia de género.

La bravuconada

El viernes 26 de octubre, la ministra de Salud se presentó ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial , y relató los “aprietes” de los que fue objeto de parte de Allende.

El hecho principal que motivó la denuncia fue reflejado por Entre Ríos Ahora, y de acuerdo a los testimonios recogidos habrían sido testigos las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Gobierno, Rosario Romero.

-¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo? -preguntó Allende a la ministra Velázquez.

-No tengo nada que arreglar con vos, José -respondió la titular de Salud.

-Pero por qué no te vas a la mierda -contestó el diputado.

Allende había comenzado octubre con un fuerte entredicho con la ministra, que se materializó con la carpa que instaló la UPCN y  una manifestación que hizo frente a Casa de Gobierno, durante la primera semana de octubre, en la que pidió la cabeza de la ministra de Salud.

Allende ya tiene a las dos máximas cabezas de su gremio enjuiciadas por los cargos de coacciones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad: Fabián Monzón, secretario adjunto de UPCN y Carina Domínguez, secretaria gremial, más otro cuatro dirigentes de menor rango, y el exministro de Salud, Ariel de la Rosa. El martes 6 se conocerá  el veredicto.

Allende, por sí solo, tiene varios compromisos en la Justicia. En julio último, ingresó a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero, que se registró bajo el expediente administrativo N° 1050. Se trata de la solicitud realizada por el juez José María Chemez en la causa en la que el diputado está acusado de haber amenazado al periodista Martín Carboni, de NoticiaUno.com.

El mandamás de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) iba a ser juzgado el pasado 29 de junio, pero el debate fue suspendido a raíz de la solicitud realizada por el abogado del diputado, su sobrino Marcos Rodríguez Allende.

Tiene, además, una causa por enriquecimiento en el Juzgado de Transición a cargo de Gustavo Maldonado. Se trata de la causa N° 49.956 caratulada “Allende José Ángel- Sattler A. Guadalupe-Traverso Diana y otros/enriquecimiento ilícito”.

En Nogoyá, el territorio del legislador provincial, le abrieron una causa en 2017 por haber proferido amenazas al secretario técnico del Hospital San Blas, Juan Orlandi, aunque en esa investigación Allende pidió perdón a su víctima, y el asunto no pasó a mayores en la Justicia.

Pero además, junto a su esposa Adriana Sattler, el legislador es investigado por el delito de negociaciones incompatibles por cuanto siendo presidente de la Cámara de Diputados otorgó subsidios a una fundación que presidía su pareja.

 

 

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.