Los dos jóvenes acusados de estupro, por haber abusado de una menor  durante una fiesta privada en Paraná, en enero de este año, acordaron una probation –suspensión de juicio a prueba- y se someterán a reglas de conductas que incluye un curso sobre perspectiva de género y abuso sexual,  y al pago de 100 mil pesos de resarcimiento económico a la víctima. Además, se supo que la víctima, que al momento del hecho tenía 15 años, donará el dinero a dos fundaciones: una que ayuda a niños en situación de riesgo; y otra que trabaja en los barrios más pobres de Concepción del Uruguay.

La probation fue acordada entre la querella, la fiscalía, el Ministerio Pupilar y la defensa. La decisión principal y más difícil la tuvo la menor abusada, quien consideró que la historia debía cerrarse de una vez para no continuar con la revictimización que genera el proceso judicial y mediático. “Los pibes ya tienen la condena social”, dijo un abogado del foro local que busca infundirle visión de género a jueces y periodistas que cubren estos casos tan sensibles.

La joven fue abusada sexualmente durante una fiesta privada – que en el ámbito juvenil llaman pool party- que se realizó el 21 de enero de este año en Paraná, en una casa quinta ubicada en calles Darwin y García Verdier.

Aunque los dos jóvenes, mayores de edad ambos, pudieron acceder a la probatión, que suspende el juicio oral y público, lo cierto es que ambos han sido condenados por toda la sociedad de la capital entrerriana.

Este viernes por la mañana trascendió que los acusados acordaron pagar 100 mil pesos por el daño provocado. Cada uno abonará 50 mil pesos, pagaderos en 10 cuotas. Lo que no fue informado es que esa suma no quedará en manos de la víctima, sino que será donado al Hogar Ángeles Custodios, de Paraná; y a la Fundación Micaela García “La Negra”, que fue creada por los padres de la joven asesinada en abril de este año en Gualeguay. Esta organización trabaja en los barrios más carenciados de Concepción del Uruguay.

Entre las normas de conducta que deberán cumplir los jóvenes, Bruno Malimberni y Mariano Perreti, está la realización de tareas no remuneradas a favor de una institución estatal, durante seis meses.

El acuerdo entre las partes fue aprobado este viernes por la juez de Garantías N°1 Susana Paola Firpo. En la audiencia, que estaba prevista para las 9 de la mañana, debió reprogramarse ante la filtración del acuerdo en los medios. El dato generó el malestar de la fiscalía, la querella y la defensa, que buscaron resguardar la información por una razón entendible: no revictimizar a la joven que sufrió los aberrantes abusos.

Fuentes judiciales consultadas explicaron que el malestar por la trascendencia de la información motivó que la abogada de la víctima, Fernanda Vázquez Pinasco, y  el defensor de los acusados, Leopoldo Lambruschini, decidieran promover una denuncia por violencia institucional. La presentación se realizará en los próximos días y tiene como objetivo abrir una investigación para saber cómo y quién filtró el acuerdo a los medios.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.