La suerte y el destino final del edificio donde funcionó el Asilo San Antonio, en Italia y Paraguay, que puso en veredas enfrentadas a la Iglesia y a un particular, el odontólogo Jorge Claudio Sapetti, está en un compás de espera luego de que el conflicto se judicializara.

El entredicho se conoció el 31 de julio de 2022 cuando Entre Ríos Ahora reveló la situación enojosa con ese antiquísimo edificio contiguo a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad.  Esa propiedad, que estuvo en manos de la congregación Hermanas Franciscanas Terciarias de la Caridad -que ya no tienen actividad en Paraná- fue transferida por las religiosas en 2021 al médico odontólogo Jorge Claudio Sapetti.

Durante una homilía de ese domingo 31 de julio en el Santuario a Jesús Misericordioso que se transmitió por YouTube, el párroco de la Piedad, Mario Haller, hizo pública la disputa por ese edificio. Para entonces, la transferencia de la propiedad era una hecho, aunque la Iglesia la resistió desde el vamos.  Pero una primera denuncia penal obtuvo un revés: el Ministerio Público Fiscal desestimó la denuncia penal presentada por el abogado Mario Martínez.

Asilo San Antonio: la Iglesia seguirá con la demanda en la Justicia

«Ante el grave perjuicio que sigue sufriendo la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad y su feligresía, privada del bien inmueble y de todo el mobiliario, y para proteger los derechos de todos los ciudadanos paranaenses respecto de un inmueble declarado de interés municipal por su alto valor histórico, resulta imperioso continuar con las acciones legales ante la Justicia Civil y Comercial, y ante los Tribunales Eclesiásticos competentes», anunció entonces la curia .

El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, junto a los curas de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, Mario Alberto Haller y Horacio Alejandro Correa, denunciaron penalmente al odontólogo Jorge Claudio Sapetti, por el delito de usurpación luego de haber tomado posesión del edificio que ocupó el Asilo San Antonio, en Paraguay e Italia, y que habría sido transferido mediante una operación inmobiliaria por la comunidad de las religiosas Franciscanas Terciarias de la Caridad.

Tras ese traspié en el fuero penal, la Iglesia recurrió al fuero civil y comercial. Entonces presentó  un «interdicto de recobrar» posesión del edificio, del que fue despojada la Iglesia luego de que el 6 de agosto Sapetti ingresara con escribano y cambiara las cerraduras y le vedada el acceso a todos los grupos pastorales que utilizaban la planta baja del edificio. Se trata de un recurso judicial que técnicamente implica el pedido a la Justicia para que se le restituya la posesión de un inmueble del cual era el tenedor y del que fue total o parcialmente despojado.

El planteo fue hecho ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2, que durante el año 2022 no produjo dictamen, y que ahora deberá aguardar a que concluya la feria judicial de enero para que los tiempos vuelvan a contabilizarse para esperar unar esolución.

«No hay novedad», admitió ante Entre Ríos Ahora el párroco de Nuestra Señora de la Piedad, Mario Haller. «Aun falta un mandamiento judicial para retirar mobiliario de una institución de la parroquia», sintetizó.

De ese modo, el edificio en disputa están sin dueño aparente.

En la primera presentación judicial de la Iglesia, la fiscal María Jimena Ballesteros resolvió  oficialmente desestimar la denuncia por usurpación que presentó  el Arzobispo. La Fiscalía constató que no se verificó el delito de usurpación por parte de Sapetti, quien aportó documentación que prueba que adquirió ese inmueble, el cual le fue vendido por la comunidad Hermanas Franciscanas Terciarias de la Caridad, que supieron tener actividad en Paraná pero que ya no: sólo queda una sola religiosa que ocupa una segunda propioedad, que comparte con la casa parroquial de Nuestrra Señora de las Piedad.

 

«Que analizando el caso -señaló la fiscal Ballestero en su resolución-, y a los fines del juicio de adecuación corresponde subsumir el suceso denunciado en el delito de Usurpación -artículo 181 del Código Penal- figura que requiere para su configuración que el despojo ( total o parcial) de la posesión o tenencia de un inmueble se produzca por los medios enumerados taxativamente por la ley, esto es violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad». Pero esos presupuestos no se dieron en el caso del exAsilo San Antonio.

«Respecto a ello cabe concluir que por medio de las diligencias practicadas en la presente investigación, no ha podido ser acreditado que el ingreso o mantenimiento de Sapetti haya ocurrido a través alguno de las formas o medios comisivos establecidos por la ley para la figura en cuestión. Por otro lado, obra dentro de la documentación aportada por el Sr. Sapetti, autorización firmada por la Madre Superiora de la congregación, Marta Quipildor -fechada el 17 de julio del corriente- autorizando el ingreso a la propiedad al adquirente (por lo que no podría en el caso hablarse de usurpación cuando el comprador hace ingreso autorizado por el vendedor)», señaló.

En su resolución, la integrante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que «del acta de constatación -que realizaron efectivos de la Comisaría Primera-, no hay elementos que acrediten tales conductas y  se encuentra agregada a la presente documentación -aportada por el adquirente del inmueble- de la contratación que efectuara con las entonces dueñas de la propiedad -las Hermanas Franciscanas-. Que en caso de que el denunciante considere tener un legítimo título para oponerse a dicha contratación, deberá articularlo en el fuero respectivo, es decir, el fuero civil o en su defecto hacer la presentación que corresponda ante las autoridades eclesiásticas».

En medio de pleitos judiciales inconclusos, el edificio del exAsilo San Antonio permanece cerrado, sin actividad, a la espera de una definición.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora