La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó este miércoles un recurso de amparo ante el Juzgado Laboral Nº 4, a cargo de la jueza Alejandra Abud, y reclamó la derogación del decreto Nº 384, que modificó el decreto Nº 97, ambos de 2018, que a su vez aplicó sustanciales cambios al decreto Nº 1.318, del año 1994, y reglamentó la realización de las asambleas de trabajadores en el Estado.

El 8 de mayo de 1996, el entonces gobernador Jorge Busti dictó el decreto N° 1.318 que reglamentó la actividad de los delegados gremiales en el ámbito del Estado, y permitió la realización de asambleas por sector para tratar asuntos de índole laboral.

El artículo 5° de ese decreto estableció: “Las asambleas sectoriales de carácter informativo y/o referidas a asuntos laborales en las que interviene excluyentemente el personal del sector en que las mismas se realizan, deberán notificarse por escrito, consignándose fecha, hora y lugar de realización, al organismo al cual pertenecen los agentes intervinientes”.

Ese apartado legal es el amparo que permite la realización de las frecuentes asambleas docentes en las escuelas, que últimamente se vienen efectuando en la “casa de la patronal”, como define la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) a Casa de Gobierno. Pero también ese texto legal habilita la realización de asambleas en la Administración Pública provincial.

Pero  administración del gobernador Gustavo Bordet decidió aplicar una modificación a ese decreto, y estableció que esas asambleas no podrán realizarse fuera del ámbito laboral de cada docente. O sea, no en las calles, sí en las escuelas.

El decreto N° 97, del 16 de febrero último, firmado por el gobernador Gustavo Bordet y por la ministra de Gobierno, Rosario Romero, modificó aquel artículo 5° del decreto N° 1.318, que ahora quedó redactado de la siguiente forma: “Dispónese que las asambleas sectoriales de carácter informativo y/o referidas a asuntos laborales, en las que interviene el personal  del sector en que las mismas se realicen, obligatoriamente y sin excepción, deberán hacerse dentro de los respectivos lugares de trabajo, debiendo notificarse por escrito con una antelación mínima de 72 horas, donde se informará lugar, fecha y hora de realización y la repartición y/o dependencia y/o escuela al cual pertenezcan los agentes intervinientes”.

Pero esa norma fue modificada por el decreto Nº 384, del 16 de marzo. Otra vez se cambió el artículo 2º, que quedó redactado así: “Dispónese que las asambleas sectoriales de carácter informativo y/o referidas a asuntos laborales, en las que interviene el personal del sector en que las mismas se realicen, obligatoriamente y sin excepción, deberán hacerse dentro de los respectivos lugares de trabajo, debiendo notificarse por escrito con una antelación mínima de 24 horas, adonde se informará lugar, fecha y hora de realización y la repartición y/o dependencia y/o escuela al cual pertenezcan los agentes intervinientes”.

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El titular de ATE, Oscar Muntes, dijo que la medida “cercena derechos básicos sindicales como el de la reunión en asamblea, limitando la organización de los trabajadores”. Y recordó que el tema fue planteado en la mesa paritaria con el Gobierno, con el pedido expreso para que ese decreto se deje sin efecto. Sin embargo, hizo notar que, “al contrario, han seguido sosteniéndolo sin mostrar voluntad de derogarlo e incluso expresando de forma maliciosa falsos pedidos de modificaciones de parte de los sindicatos, cuando al menos desde ATE, desde que el Estado tomó esa decisión hemos expresado el rechazo absoluto”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.