El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri, podrá tachar una causa penal de su lista de preocupaciones. Y es que este jueves un expediente en el que quedó involucrado llegará a su fin, o por lo menos a una instancia previa al desenlace. Será porque los empresarios de Kaskira SA, Gustavo Vázquez y Jorge Pérez, imputados por la fiscalía por el supuesto delito de dádivas –por la sospecha de haberle facilitado un Audi al exmandatario- alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal.

El jueves, a las 12, se realizará una audiencia ante el juez de Garantías Humberto Franchi en el que los abogados defensores Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli solicitarán la suspensión de juicio a prueba, o probation, para Vázquez y el sobreseimiento para Pérez.

La posibilidad de un acuerdo estuvo desde mediados de agosto. En un primer momento se habló de un juicio abreviado, como adelantó Entre Ríos Ahora. Sin embargo, el asunto llegará a su fin con una probation para el empresario que quedó más comprometido en la causa: Gustavo Vázquez.

Los investigadores no pudieron avanzar sobre Urribarri porque no lograron acreditar que haya aceptado el Audi A1 modelo 2015, chapa patente OVS 226, valuado en unos 50.000 dólares. Del mismo modo, no consiguieron probar que Pérez haya sido quien solicitó las tarjetas azules –permisos para conducir- a nombre del dirigente y su esposa Ana Lía Aguilera. En el caso de Vázquez las pruebas lo acorralaron.

“Vázquez es el único que dejó los garfios en el delito; él es el que compra el auto y pide las cédulas azules. Como es un delito que tiene una pena de un mes a dos años de prisión, es mucho mejor salir con una probation”, explicó una fuente tribunalicia.

Vázquez ofrecerá donar 450 mil pesos y realizar dos shows en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo –de cuya explotación participa su empresa, Kaskira SA- a beneficio de la Fundación Crisálida del Hospital San Roque, de Paraná, que se encuentra construyendo una sala para los pacientes oncológicos.

El Ministerio Público Fiscal está de acuerdo con el ofrecimiento y así se lo comunicarán sus representantes al juez Franchi. Según el calendario de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), los fiscales que intervendrán son Patricia Yedro y Santiago Brugo. Este último fue removido de las demás causas que tenía bajo investigación e imputado a Urribarri, pero se supo que estará presente en la audiencia.

La probation permite suspender un juicio a cambio de que el imputado cumpla con una tarea comunitaria. Y eso hará Vázquez, según el compromiso que solicitará formalmente el jueves.

A diferencia del juicio abreviado, que se utiliza en casos en que la condena sea menor a seis años de prisión, se aplica en casos de delitos excarcelables y con penas máximas de tres años, siempre que la persona acusada no tenga antecedentes penales.

Por citar un ejemplo reciente, a este beneficio accedieron el pasado 25 de agosto los familiares y amigos del extitular de Sidecreer, Juan José Canosa, por ser partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El caso que llevó a los empresarios a la Justicia

El caso del Audi A1 se conoció el 7 de septiembre de 2016, a través de una publicación de Análisis Digital, que reveló que Urribarri y su esposa fueron habilitados a conducir el automóvil que entonces era propiedad de la firma Kaskira SA, con domicilio en Uruguay 775, piso 4, de Capital Federal.

El vehículo de alta gama fue adquirido por la empresa el 11 de mayo de 2015 y después emitió permisos –cédulas azules- para que puedan conducirlos Urribarri, su esposa, Ana Lía Aguilera, y una tercera persona, que sería chofer de la empresa.

Ante la información periodística, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet denunciaron en fiscalía el presunto delito de dádivas. El 21 de septiembre de 2016, la empresa vendió el automóvil a una mujer llamada Marta Teresa Castro; y el 7 de diciembre, la Justicia le secuestró el auto a esta nueva dueña.

Jorge Aníbal Peréz y Gustavo Adolfo Vázquez, presidente y vicepresidente de Kaskira SA, respectivamente, son los empresarios que quedaron en la mira de la Justicia. Pérez es socio de la empresa Kaskira SA, y participa de la explotación del Hotel Howard Johnson Mayorazgo. También era titular de la firma Productores Independientes Asociados (PIA) SA, que explota la señal de Canal 9 Litoral.

El 18 de julio de 2013, la asamblea extraordinaria de PIA aceptó la renuncia de Pérez, como presidente y director titular del directorio de la sociedad. En su lugar, el 25 de agosto de 2014, fue designada su esposa, María Ximena Velázquez. Fue ratificada en el cargo en 2015, y dejó ese sillón en diciembre de 2016.

El 28 de septiembre pasado se publicó en el Boletín Oficial de Entre Ríos el edicto que da cuenta que PIA SA cambió su composición en la asamblea del 7 de diciembre de 2016. Ese día “se resolvió aceptar la renuncia de la señora María Ximena Velázquez al cargo de presidente, y designar nuevo Directorio –dice–: presidente y director titular: Gabriel Aimé Blanco; vicepresidente y directora titular: Diana Cecilia Bernal; y director suplente Facundo Aníbal Pérez Ferrero”.

En esta investigación los empresarios declararon como imputados el 22 de mayo ante los fiscales Brugo y Yedro. Tras poco más de un año de investigación, la causa llega a su fin con la probation para uno de los empresarios y el sobreseimiento de su socio. No obstante, primero, el juez deberá decidir si aprueba el acuerdo entre las partes.

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.