La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) dará un primer paso para conseguir la plena autonomía de funcionamiento en un aspecto clave: el presupuesto. La Universidad pública provincial, que tiene autogobierno, no puede disponer de sus propios recursos, que están bajo administración del Poder Ejecutivo. Así, toda contratación de personal, así sea bajo la figura de contrato de obra, tiene que conseguir la aprobación de la Secretaría General de la Gobernación.

La dependencia del Gobierno provincial es tal que cuando Uader quiere contratar un personal transitorio o firmar un contrato de servicios para realización de distintas tareas debe acudir con un procedimiento administrativo que termina en la Secretaría General de la Gobernación, que da el visto bueno final.

Ese procedimiento está establecido en el decreto N° 4.065, dictado el 1° de diciembre de 2017, y firmado por el gobernador Gustavo Bordet y todos sus ministros. Ordena que los Servicios Administrativos contables de los organismos descentralizados y entes autárquicos deben remitir a la Secretaría General de la Gobernación, “previo a todo trámite o intervención, los expedientes que tengan por objeto las designaciones de personal, contratos de servicio y de obra, sus renovaciones y/modificaciones, a fin de la toma de conocimiento, ocasionando su inobservancia la nulidad absoluta de lo actuado y su archivo inmediato y/o la renovación de oficio por el Poder Ejecutivo, si no contase con partida presupuestaria para atender el gasto, aunque el acto o contrato hubiera tenido principio de ejecución”.

El decreto también dispone que la Contaduría General, “en ejercicio de las facultades reconocidas en las normas señalas, deberá remitir al Poder Ejecutivo un informe trimestral de la situación presupuestaria, económica y financiera de los organismos descentralizados o autárquicos, incluyendo en consecuencia lo relacionado con las contrataciones, renovaciones y/o modificaciones  de su personal”.

La disposición, dice el decreto, “encuentra fundamento en el control de legitimidad que sobre dichos organismos tiene el Poder Ejecutivo, es decir, aquel que asegura que sus actos armonicen con el derecho objetivo y que se concreta a través del recurso de apelación jerárquica y mediante el contralor de su gestión económica financiera que llevan a cabo tanto la Contaduría General de la Provincia como el Tribunal de Cuentas”.

En Uader irán a la Justicia con una acción declarativa para que un tribunal dictamine si ese decreto es aplicable a todas las áreas de la Administración Pública y que también alcanza a la Universidad.

«No es contra el Gobierno. No es contra nadie. Es una acción declarativa. Pedimos que un tribunal nos diga si ese decreto también alcanza a la Uader», dicen en Uader. La presentación se hará ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

“Si tenemos que contratar una persona para dar un curso se tiene que pasar por la Secretaría General de la Gobernación. Eso atenta contra la autonomía y hace imposible que desarrollamos tareas educativas. Nosotros lo judicializamos y es una forma de seguir peleando la autonomía», dijo el rector de Uader, Luciano Filipuzzi, en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

El rector también señaló que la Uader busca tener su propio agente financiero, como lo tienen otras universidades nacionales, para poder manejar sus recursos con mayor autonomía. «Nosotros vamos a ir poniéndonos cada vez más firmes. Imagínate que las otras universidades nacionales tienen su propio agente financiero. Nosotros obviamente no», expresó.

Finalmente, subrayó: «Estamos pidiendo una acción declarativa. Le estamos pidiendo a la justicia que aclare si es necesario o no cumplimentar. No es una acción en contra el Estado, sino que es buscar que la Justicia se expida».


De la Redacción de Entre Ríos Ahora