Miguel Ángel Giorgio, hasta ahora vocal titular del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para cubrir la vacante que dejó el renunciado Carlos Chiara Díaz en la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales, se sometió esta mañana al examen de los senadores que integran la Comisión de Acuerdos, paso previo al acuerdo constitucional que es requisito sine qua non para asumir en su nueva función.

En esa audiencia, los senadores Lucas Larrarte, Ángel Giano, Roque Ferrari, Raymundo Kisser, Pablo Canali y Héctor Exequiel Blanco, lo sometieron a una serie de preguntas que fueron desde sus aspiraciones para llegar al STJ hasta su evaluación del sistema carcelario y la necesidad de la reforma de los juicios abreviados, un tema que saltó a la consideración pública tras el femicidio de Micaela García, en Gualeguay, y los siete pedidos de jury al juez que liberó al principal acusado por esa muerte, Sebastián Wagner, el titular del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi.

Giorgio, que se matriculó de abogado en 1983 e ingresó al Poder Judicial en 1989, en Concordia, contó que su breve ejercicio de la actividad profesional le permitió obtener “un importante ingreso económico” que derivó en inversiones en la actividad agropecuaria, en la adquisición de propiedades y en una embarcación, que ahora tiene en Paraná, a donde reside actualmente. La primera inversión, dijo, fue en la compra de un tractor Zanello junto a sus hermanos. A la muerte de su padre, dijo, hubo una división de bienes y con sus hermanos se hizo cargo de un campo de 1.250 hectáreas en Colonia La Mora, departamento Villaguay, con 800 cabezas de ganado. Otro campo, de 1.800 hectáreas, en Las Lomitas, Formosa, que tenía su padre, contó, fue vendido.

Aclaró Giorgio ante los senadores que no bien fue designado juez, en 1989, en Concordia, resolvió apartarse del negocio agropecuario. “Con mis hermanos, decido apartarme de la sociedad de hecho que explotaba el campo en Villaguay. No era conveniente seguir participando, por cuestiones impositivas que pudieran suscitarse. Entonces, hicimos presentación en la AFIP, para salir de la sociedad. Decido no explotar el campo y se lo cedo a mis hermanos”, reveló, aunque hizo notar que percibe su parte en concepto de arriendo.

Dijo que posee una propiedad en Concordia, un departamento en Rosario, que ocupan sus hijos, y que alquila la vivienda en Paraná. Apuntó que los tributos provinciales “los tengo al día. Lo pago personalmente por home banking”. Y cuando el senador Larrarte lo consultó si estaba al día también con los impuestos de los campos que explotan sus hermanos, dijo: “El acuerdo es que se paguen los tributos provinciales. Tengo entendido que se están pagando”.

Respecto a su decisión de aceptar un cargo de vocal del STJ, dijo que siempre ha sido su aspiración. “Yo abracé esta carrera. Me ha dado muchas satisfacciones”, apuntó. Y dijo que quiere aplicar a la política judicial la experiencia recogida en sus casi tres décadas en la función judicial. “Mi idea es facilitar el acceso a la justicia”, observó. “No me considero ser un salvador, vengo a hacer mi aporte, dejar mi impronta”, aseguró Giorgio.

Respecto de los cambios en el Código Procesal, con la incorporación del sistema acusatorio, lo consideró positivo. “Es muy ágil. Pero está caminando recién. Tiene que perfeccionarse”, señaló. Y observó que una de sus preocupaciones será recorrer toda la provincia, visitar los juzgados y garantizar que todo ciudadano tenga garantizado el acceso a la justicia. “Es inaceptable que en algunas jurisdicciones se les haya impedido el acceso a la justicia a gente que ha ido a denunciar. Habrá que tomar medidas del caso, sancionar a quien corresponda. Hay que tomar medidas severas, para garantizar el servicio de justicia”, señaló Giorgio ante los senadores.

Cárceles

Dijo Giorgio que conoce a la perfección el funcionamiento del servicio penitenciario en la provincia –“antes de venir, estuve punteando el tema”, reveló—y consideró que es “preocupante” la realidad que presentan las cárceles. “La población es de 1.844 internos. En la Unidad Penal N° 1 de Paraná, hay 731 personas. Está desbordada la capacidad de esta unidad penal. De esos 731 alojados, hay 500 penados. Eso es consecuencia de la aplicación del nuevo sistema, que ha agilizado las causas”, puntualizó.

Pero enseguida hizo notar que “no nos podemos extrañar (de la cantidad de internos en las cárceles) porque esto iba a ser así cuando se agilizaran los procesos penales. Se ha incrementado la cantidad de detenidos. Frente a esto, la Unidad Penal N° 1 tiene tres equipos, y cada equipo con un asistente social, un psicólogo, un psiquiatra, un clínico y un abogado. Lo ideal sería que hubiese tres equipos más, dice el Servicio Penitenciario”, planteó.

Ante una pregunta del senador Blanco si considera necesario que se construya una nueva cárcel en la provincia, Giorgio fue enfático. “Es necesaria una nueva cárcel –observó–. Ya hay que pensar en una nueva unidad penal. Lamentablemente, ha crecido la población de las ciudades, y también el delito. No hay otro modo de contener al sujeto que no sea la unidad penal”.

El senador Kisser quiso saber si era partidario de construir una mega cárcel en la provincia, alejada de los centros urbanos. “La cárcel desocializa, rompe vínculos. Si enviamos a todos los internos que tenemos a un lugar más alejado, vamos a profundizar esa desocialización. Lo que necesita el interno es la visita, la familia, es lo que lo rescata. Si lo enviamos a un lugar alejado, y le impedimos el contacto, eso va a en desmedro de la idea de resocializar. Le tengo miedo a que eso ocurra”, sostuvo.

Justicia

En el sistema acusatorio, donde cobran papel preponderante los fiscales, que llevan adelante la investigación penal preparatoria –una tarea que antes cumplían los jueces de instrucción, una figura que desapareció–, Giorgio ve algunas zonas grises que le preocupan. En particular, observó con preocupación la falta de participación de los fiscales en el lugar donde ocurren los delitos. Y que lo notó en el caso Priscila Hartman, juicio que estuvo a su cargo. “Se lo hice notar a los fiscales. Me pareció que debían compenetrarse más en la tarea”, dijo.
También reclamó que no se relegue a los defensores. “El defensor no puede verse nunca privado de examinar las pruebas de su defendido”, señaló.

Policía Judicial

Giorgio cree necesario conformar una policía judicial y así evitar los sinsabores que a veces les toca enfrentar a los jueces. “Es un viejo anhelo. Siempre se dijo que lo ideal sería que existiera la policía judicial, que seas más objetiva en la investigación de los hechos”, apuntó, y recordó un hecho que tuvo a su cargo como juez, en el que “me vi obligado a apartar de la investigación a la policía, porque notaba que no eran objetivos. Fue un caso puntual: en el Círculo de Oficiales de la Policía de Concordia, en causas extrañas, se produce un disparo, y muere el cantinero. Yo me hice cargo de esa investigación, por casualidad, porque el juez titular estaba de licencia, y advertí graves deficiencias en esa investigación. Por ejemplo, que se había entrado el cuerpo y no se había extraído el proyectil”.

Juicio abreviado

El senador Giano quiso conocer la opinión de Giorgio respecto de la posibilidad de limitar los juicios abreviados cuando se trate de delitos contra la integridad sexual.

Giorgio nota que se ha perdido la idea original del juicio abreviado. “El juicio abreviado es un acuerdo de partes, defensor y fiscal. Nació con la idea de agilizar el trámite de algunos juicios cuando se consideraba que no tenía sentido discutir determinados extremos. Para agilizar y evitar la discusión que llevaba días, se optó esa alternativa”, dijo Giorgio. Pero enseguida apuntó que en determinadas circunstancias, y antes hechos puntuales, “considero saludable hacer el juicio completo. Acá quiero hacer una acotación. Se nos ha tildado a los jueces que preferimos el juicio abreviado porque tenemos menos trabajo. Pero son las partes que lo plantean”.

Dijo Giorgio que “en orden a agilizar, cuando los hechos son claros, donde la responsabilidad del autor está en claro, es necesario el juicio abreviado. Pero en los demás hechos, considero saludable hacer el juicio”.

Kisser insistió con el juicio abreviado, y resaltó los agujeros negros que existen en los casos en los que intervienen menores.

Entonces, Giorgio recordó un caso. “Tuvimos un caso de un menor que asumió responsabilidad en un juicio, donde estaba demostrada la autoría en un homicidio. Pero era evidente que ese menor estaba siendo manipulado por los padres, para hacerse cargo de ese hecho para diluir o sembrar la duda, en beneficio de otros. Ese menor, lo dije, fue manipulado para asumir su responsabilidad en el hecho. Entonces, sí, puede ser una excepción válida excluir el juicio abreviado en estos casos, para tarar la problemática del menor. El juicio abreviado no cierra la puerta a conocer en profundidad determinados hechos”, señaló.

“En mi opinión –apuntó–, hay casos de flagrancia, hay homicidios en los que no hay nada para discutir, sólo discutir la pena. En ese caso, le veo sentido al juicio abreviado. Pasa que muchas veces, la sociedad no se conforma con el monto de la pena. Pero eso depende de la política del procurador general, de las instrucciones que imparta. O sea, en determinados delitos, qué pena negociar. En esa discusión tiene que entrar la Procuración para delinear su política criminal. Decir que no se acepte menos de una pena determinada, porque es lo que no conforma a la sociedad”.

El senador Kisser no lo dijo abiertamente, pero quiso saber, centrándose en el caso del juez Carlos Rossi, si hay alguna jurisprudencia o legislación que impida a los fiscales apelar las sentencias de los jueces de Ejecución de Penas, como el caso Sebastián Wagner, sindicado como femicida de Micaela García tras salir en libertad condicional.

“Yo no veo que haya dificultad para recurrir o apelar –aclaró Giorgio–. No sé quién es el funcionario que afirma ello. Me ha tocado intervenir en recursos planteados contra un juez de Ejecución de Penas. Esa es otra tarea de lo que se encarga Casación. Eso hace que el tribunal se vea desbordado porque tiene que ocuparse de los recursos de los tribunales de ejecución. No veo dificultades. No he visto impedimentos para que el fiscal recurriera”.

El senador Canali le pregunto directamente sobre el caso Micaela García y la liberación de Wagner, y su opinión sobre el lugar en el que quedó la Justicia tras el fallo que liberó al acusado del femicidio.

Entonces, recordó el accidente de tránsito, ocurrido en junio de 2014 frente a la Escuela del Centenario, de Paraná, que le costara la vida a un nene de 6 años, consecuencia de lo cual el autor de esa muerte, Silvio Díaz, recibiera la pena más alta aplicada jamás en el país por un siniestro vial. Y fue en el marco de un juicio abreviado. Por eso, Giorgio hizo notar la “paradoja”: a veces, el juicio abreviado responde a la demanda social, en el caso Díaz; otras veces, no, y se lo condena, como el caso Micaela García.

“A veces atacamos el juicio abreviado, con razón, con fundamentos, porque se acuerdan penas bajas, que no satisfacen a la sociedad. Lamentablemente, (en el caso Wagner) no hubo querellante que pudiera haber recurrido. Todo se puede recurrir en la medida que el sistema lo permita”, hizo notar. Y citó la “paradoja”: en Entre Ríos se ha aplicado la pena más alta en accidente de tránsito, en el caso Díaz, que se le aplicó 8 años de prisión, la más alta del país. “Y se llega a esa pena en un procedimiento abreviado: fiscal y defensor lo acuerdan. Yo formé parte de ese juicio. Avalamos esa pena. Eso fue una excepción. Se dio en el marco de un abreviado”, planteó.

Respecto del caso del juez Rossi, sobre lo que no quiso opinar para no adelantar juicio, dijo que no siempre los informes técnicos de los equipos de los juzgados son del todo acertados. Y otra vez habló de su propia experiencia como juez, en Concordia: en un juicio juzgaron a un hombre que había dañado una propiedad privada. En sus elucubraciones, el hombre decía que era arquitecto. Un policía que declaró como testigo dijo que le parecía que no estaba bien de la cabeza. En el juicio, Giorgio lo oyó hablar de platos voladores. Pero el psicólogo de la Justicia que lo evaluó determinó que estaba en condiciones de declarar y que era imputable. “Lo tuve que declarar inimputable por el testimonio del policía y no por el informe del psicólogo. Esto me lleva a pensar que necesitamos técnicos mejor capacitados. Hay que pensar en manos de quiénes estamos. Quiénes nos aconsejan, quiénes nos asesoran. Y pensar también que esas personas no desplacen al juez. La última palabra la tiene el juez. Para eso está el juez”, dijo, y de ese modo avaló lo resuelto por el juez Rossi.

De igual modo, en el caso Wagner, señaló, más temprano que tarde iba a salir de la cárcel, y si delinquía, se preguntó, a quién se hacía responsable. “Tenemos que proyectarnos en la reinserción, cómo acompañamos a esa persona. No quiero opinar sobre el caso (Rossi). Pero faltaba un año para que cumplirse la pena. Y si volvía a delinquir, de quién iba a ser la culpa. La cárcel no debe ser nunca un depósito. Tenemos que pensar que esa persona algún día va a salir, porque las penas son limitadas. Yo entiendo, la gente quiere penas más altas, pero el sistema debe dar respuesta racional: pertenecemos a una República. Cada actor debe dar una respuesta racional y no pasional”, subrayó.

 

 

 

Fotos: Gentileza Rubén Oscar Muñoz.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora