Aunque no sea titular, la Justicia sigue avanzando con las causas por corrupción que se investigan durante el gobierno de Sergio Urribarri.

Una de sus principales espaldas, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, actual diputado provincial (Frente para la Victoria), y un integrante de su familia política, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, están muy comprometidos en una causa que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro y Sebastián Brugo sobre el pago discrecional y direccionado de publicidades contratadas por el Estado.

No sólo hubo “direccionamiento” de las publicidades en beneficio de la empresa Tep SRL, que se atribuye al cuñado Aguilera –es hermano de la mujer de Urribarri, Ana Lía Aguilera, tío del actual ministro de Gobierno, Mauro Urribarri—sino también torpísimas acciones para justificar los pagos de las publicidades que se contrataban. Como era publicidad estática en las rutas, la forma de certificar era mediante fotografías, un trámite que llevaba adelante un lugarteniente de Báez, Gustavo Tamay, que fue responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura.

En la Justicia sospechan que ese trabajo de certificación no se hizo con pericia, sino con torpeza: se trucaban las fotos, al punto que una misma vaca aparecía en varias fotos, de distintos avisos publicitarios en rutas.

Báez y Tamay están imputados en la causa “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.

La resolución que firmó Yedro al abrir la causa dice que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.

No sólo direccionaban las publicidades. Sino que, en el colmo de la holgazanería, truchaban las fotos con las cuales debían certificar los pagos. Esa es la hipótesis que manejan en la Justicia.

El 18 de noviembre pasado hubo una audiencia en Tribunales en la que se ventiló de qué forma se hacía, de cuál modo se contrataba y pagaba la publicidad en el Estado durante el reinado de Báez en el Ministerio de Cultura: fue entonces cuando el fiscal Brugo habló de la mentada vaca que se repetía en varias fotos que certificaban pagos a las tres empresas contratadas: no sólo Tep SRL o Formato Urbano, sino también a las firma Bustamente y Publicidad Montañana.

En esa audiencia, Brugo señaló que “no se trata solo de probar el direccionamiento de las contrataciones efectuadas a través de procedimientos irregulares llevados a cabo por Urribarri y Báez sino también la falsedad ideológica de las certificaciones mediante fotografías que dan cuenta del cumplimiento de la publicidad que se tenía que hacer en forma mensual o en un período pre-establecido”. A ese respecto, apuntó  que “también hay un perjuicio para el Estado porque se pagó por una contratación de obra que no fue acreditada. Uno de los incumplimientos por las personas encargadas de certificar, que eran Báez y Tamay, era el control efectivo en forma mensual que tenían que hacer de las publicidades. Por eso se habla de ficticias constataciones: está acreditado que las constataciones fueron ficticias”.

Fue entonces cuando la vaca entró en escena. “Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”.

En aquella audiencia de noviembre hubo reproches de parte del defensor de Báez, Ignacio Díaz, y las mentadas fotos de la vaca fueron enviadas a pericia. Los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), están analizando las fotografías y aunque la tarea todavía no concluyó, surgió un dato revelador: no sólo se repitió la misma vaca, sino que, según fuentes de la Justicia, se habían trucado las fotos para simular que eran de distintos lugares, cuando en realidad era el mismo. “Es un trabajo fino, pero muy grosero para los peritos. Sólo un entendido se da cuenta que las fotos fueron trucadas”, contó la fuente.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.