El testimonio del director de Salud Mental de la Provincia, Carlos Berbara, resultó el más relevante en la segunda jornada de audiencias del juicio oral que se le sigue a seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al exministro de Salud, Ariel de las Rosas, acusados por los cargos de coacciones agravadas y de resistencia a la autoridad, derivados de la batahola que ocurrió en la Colonia de Salud Mental de Diamante entre los días 5 y 7 de junio de 2017.

Berbara era el superior inmediato de la licenciada en Kinesiología Noelia Trossero, directora de la Colonia de Salud Mental, quien acusó a los dirigentes de UPCN y al exministro De la Rosa de haberla  apretado, de haberla amenazado e inclusive señaló algunos roces físicos en las acaloradas jornadas que siguieron al despido de la enfermera Yanina Migueles, el 1° de junio, por haber desoído una directiva. La decisión de cortar la suplencia que cubría la enfermera Migueles desde 2013 fue adoptada por Trossero.

Pero este martes el director de Salud Mental dijo que la directora de la Colonia de Salud Mental actuó por fuera de su área de influencia. Que la interrupción de una suplencia extraordinaria –disposiciones del Ejecutivo que sirven para cubrir áreas críticas en Salud- sólo cabía al ministro del área, y que no se podía utilizar como modo de represalia a la enfermera Migueles, que antes se había negado a la decisión de Trossero de ser reubicada en otra sala. La directora contó el lunes que esa decisión, trasladarla de sala, generó una reacción inmediata de UPCN, que se hizo presente en su despacho para reclamarle que vuelva atrás con esa medida.

La situación, tensa, siguió el martes, con una comunicación telefónica entre la directora y el exministro de Salud,  ocasión en la que, según Trossero, fue maltratada por De la Rosa. Y tuvo su eclosión el miércoles 7, con la intervención de la Policía en el hospital diamantino, la llegada de los fiscales Gilberto Robledo y Mariana Darrichón, y la orden de detención, primero, para José Zarza, Carina Domínguez y Zunilda Suárez, acusados por los delitos de coacciones, a los que se sumaron Fabián Monzón y Guillermo Barreria, por intentar detener el móvil policial que llevaba a los tres primeros. Todos, miembros de la conducción de UPCN.

Detalles

El juicio trata de dilucidar lo sucedido en la Colonia de Salud Mental de Diamante entre los días 5 y 7 de junio de 2017, entre la directora Noelia Trossero y un grupo de dirigentes de UPCN a partir del despido de la enfermera Yanina Migueles, a la vez delegada del sindicato.

En el banquillo: los dirigentes de UPCN, más el exministro De la Rosa, enjuiciados.

 

Los gremialistas imputados por el supuesto delito de coacción agravada son Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio, los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio. A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención amenazaron a los policías que los detuvieron. En tanto, a Domínguez y Suárez se le suma la imputación por el presunto delito de coacción en coautoría. En el caso de De la Rosa, se le imputa el presunto delito coacción agravada y coacción agravada en coautoría.

Para Monzón y Barreira, el Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.

La sentencia, al final de las audiencias, que se extenderán durante toda esta semana, estará a cargo de un tribunal que preside Alejandro Grippo, y que componen Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala.

El tribunal: Alejandro Cánepa, Alejandro Grippo y Pablo Vírgala.

 

La segunda audiencia del juicio que se le sigue a seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al exministro de Salud Ariel de la Rosa, arrancó este martes con la declaración de Luis María Sosa, oficial de la Jefatura Departamental de Policía de Diamante, que participó de la detención de los cinco dirigentes del sindicato en la batahola que ocurrió en la Colonia de Salud Mental el miércoles 7 de junio de 2017, hecho que generó la apertura de una causa penal.

«Procedimos a la detención y traslado a Jefatura de las tres personas por orden de los fiscales –contó-. Cuando salimos, y al llegar a la puerta de acceso, aparecen dos personas que impiden el paso del patrullero. Se ponen adelante, y no dejan pasar. Tuve que descender del móvil. Lo invitamos a que se retire. Como entorpecía el procedimiento, se lo detuvo a él y a otra persona más”, recordó Sosa, en referencia a la detención Monzón y Barreira.

Maximiliano Villamonte, jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental Diamante de la Policía, agregó que en ese incidente –el que ocurrió en la entrada con Monzón y Barreira- dijo que “permanentemente proferían amenazas” hacia los efectivos. “Nos decían que nos iban a trasladar. ´No sabés quién están tratando´, nos repetían”, contó.

Preguntas y repreguntas

El testimonio más extenso resultó el del director de Salud Mental.

Berbara admitió que tuvo en sus manos dos expedientes enviados desde la Colonia de Salud Mental de Diamante con advertencias sobre sendos hechos que involucraban a la enfermera Yanina Migueles –delegada de UPCN- en el manejo de la medicación con los pacientes. Respecto del trámite que tuvieron, dijo que, “debido al contenido técnico que tenían”, fueron llevados al área jurídica del Ministerio de Salud.

Le preguntaron si había mantenido conversaciones telefónicas con Trossero, y respondió que sí.

“Las comunicaciones tenían que ver con asesoramiento acerca del tratamiento que se le debía dar a esa situación que estaba aconteciendo con la enfermera Migueles. Le transmití que consignara el informe lo más completo posible para que el área de jurídicos se encargase de mensurar la sanción, en caso de que fuera factible”, dijo, aunque la sanción a Migueles nunca se aplicó.

Berbara viajó a Diamante a interesarse por la situación el día martes 6 de junio, y que antes de hacerlo, relató, pidió autorización al ministro De la Rosa.

-¿Tomó conocimiento de lo que se iba a resolver en el Ministerio de Salud respecto de esta situación planteada con la señora Migueles? –le consultaron.

-Eso era un reclamo que venía de la directora. Planteaba la necesidad de ir definiendo la situación de la enfermera. El área jurídica había dicho que no se podía interrumpir una suplencia como acto sancionatorio, y debido a que era suplencia extraordinaria, y era representante gremial. Se le explicó que si quería sancionarla, cabrían otros modos de sanción a partir de la evidencia que se fuera recopilando.

-¿En algún momento se le adelanta a Trossero esta decisión del Ministerio de recontratar a la enfermera que había sido despedida por la directora?

-Sí. Noelia me pedía que le adelante el contenido de la resolución. Entonces, me contacté con el área jurídica para pedir una copia de esa resolución. Procedí en ese sentido.

-¿Quién le facilitó la copia de la resolución del Ministerio?

-Lo hablé con (el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Víctor) Berta, que era quien estaba a cargo del área jurídica.

Dijo también que esa copia de la resolución se la adelantó vía fax a Trossero para que estuviera al corriente de la decisión de De la Rosa: que debía recontratar a la enfermera que había despedido.

-¿Después de mandar el fax, se volvió a comunicar con Trossero?

-Sí, para constatar que lo tenía en sus manos. Expresó ciertas dudas en ese momento. El fax tenía la firma (de De la Rosa), pero no el sello. De todos modos, yo le expresé que eso formaba parte de un avance de tipo informal. Esto le permitía avanzar con un grado de conocimiento.

-¿Sabe de una llamada de De la Rosa a Trossero el día 6 de junio?

-Sí.

-¿Presenció la comunicación?

– Sí, estaba presente. La idea (del exministro) era brindarle a la directora la mayor información posible para saber cómo proceder para el tratamiento de esa situación (la derivada de la sanción a la enfermera Migueles y la presencia de los delegados y dirigentes de UPCN, NdelR). La idea era adelantarle la decisión tomada. Y lo que recuerdo de esa conversación es que el ministro le transmite la información. Escuché parcialmente (el diálogo telefónico). Se le explica el procedimiento en relación de la necesidad de ir juntando evidencia respecto de la inconducta de la enfermera, y definir sanción. Se plantea que no podía desvincularla como acto sancionatorio. Después, ocurre un malentendido, una sospecha de parte de De la Rosa, que dice que como que se lo estaba grabando, y eso genera, según lo que infiero, una disrupción en la comunicación, con reclamos.

Ese fue el interrogatorio de los defensores, Marcos Rodríguez Allende, que representa a los seis dirigentes de UPCN, y Leopoldo Lambruschini, que defiende a De la Rosa.
Después, llegó el turno de las preguntas de los fiscales Laureano Dato y Jorge Gamal Taleb.

-¿Cómo era la relación de Trossero con UPCN?

-La calificaría con la complejidad y las tensiones propias de la función a las que yo también he estado acostumbrado. He sido director de hospital durante cuatro años. Tensiones por los diferentes intereses. Y con un cierto grado de dificultad en relación a la situación de los suplentes.

Este miércoles el juicio continuará, a las 9, en los Tribunales de Paraná.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.