El presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, no obligó a renunciar a ningún funcionario del área contable del organismo a pesar del lapidario informe que produjo el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos sobre el irregular manejo de los dineros públicos en los últimos tres años.
La contadora Patricia Ávila, que fue funcionaria de Gustavo Bordet en la intendencia de Concordia y ahora es directora de Administración del Consejo de Educación, recibió el oficio N° 335 del Tribunal de Cuentas con serias observaciones, la principal, el “bicicleteo” de los fondos, que se registró durante la gestión de Claudia Vallori como titular del CGE.
Ávila llegó para reemplazar a Carlos Mohr, que fue reubicado en otra área de la Administración. Mientras, Guillermo Garcilazo, responsable contable de los programas nacionales, sigue en su cargo en el CGE. También Vallori sigue: es titular de Planeamiento Educativo.
El “bicicleteo” de un ejercicio a otro produjo un desbarajuste en las cuentas públicas, a juicio del Tribunal.
“Con este traspaso, además de no presentar una rendición correcta desde el punto de vista de la técnica contable, se lograr hacer tiempo trasladando los saldos conformados de la documentación pendiente de rendición de los ejercicios 2013 y 2014 al ejercicio 2015”, señala el informe del Tribunal de Cuentas.
Lo más grave: en el Consejo de Educación efectuaban la rendición de gastos de los fondos que envía la Nacional con fotocopias y no con la documentación original. Pero además, los fondos que las escuelas devuelven por sueldos no pagados se utilizan para otros gastos y no se devuelven, como correspondería, a la Tesorería General de la Provincia.
“La registración en la Planilla de Caja y Banco de una columna con el concepto Movimientos no Registrados, consignándose en la misma importes en positivo y otros en negativo. Este significaría que se están realizando pagos, probablemente con los fondos provenientes de las devoluciones de haberes que no tienen crédito presupuestario”, dice la auditoría del Tribunal de Cuentas que está en manos de Panozzo.
También hay un irregular uso de los fondos destinados a las comisiones de servicio, en lo que se refiere a la rendición y devolución de los mismos.
En c ada uno de los informes de auditoría del Tribunal de Cuentas sobre los gastos del CGE se repite un mismo reproche: no se cierran los balances, y los fondos quedan pendientes de rendición, un bicicleteo insólito en el manejo de cuentas públicas.
El Tribunal de Cuentas también reprochó el modo cómo se gastó durante la organización de las Jornadas Nacionales “2003-2013 Educación, la Década Ganada”, que se desarrollaron entre el 26 y el 27 de mayo de 2013 en Paraná, con la presencia del entonces ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni.
El gasto en ese cónclave fue de $2.123.710,39.
Como informó Entre Ríos Ahora, los auditores también relevaron de qué modo se gastó durante las Jornadas Nacionales “2003-2013 Educación, la Década Ganada”, que se desarrollaron entre el 26 y el 27 de mayo de 2013 en Paraná, con la presencia del entonces ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni.
Los gastos que se efectuaron en esas jornadas fueron hechos, a criterio del Tribunal de Cuentas, de forma sospechosa: no se rindieron correctamente las comisiones de servicio; no se cumplimentó con el Régimen de Contrataciones “en los pagos de transporte de docentes desde sus ciudades de origen hasta la ciudad de Paraná”; tampoco se respetó ese reglamento “en todo lo referido a los gastos de la organización de las jornadas”.
En una especie de antecedente de la mecánica que, en 2014, se usó en la Cumbre del Mercosur, se ordenó al Consejo de Educación contratar bienes y servicios sin observar los mecanismos de contratación que rigen en el Estado. “Se visualiza en la Rendición que se ´arman´ cotejos de precios de una forma muy evidente, que no cumplen las mínimas formalidades, en los que por ejemplo se visualiza que las compras están direccionadas a una determinada marca como ´Baggio´”, señala el informe.
El Tribunal de Cuentas observa que la firma Stoessel Ingenería cotizó, contratadas para esas jornadas que se desarrollaron en el Club Echagüe, como responsable inscripto por $130.680,00 “y cuando se presentó la factura, la misma es como monotributista”.
“Se deduce que algunas contrataciones fueron realizadas a proveedores sin la estructura necesaria para satisfacer las cantidades que se ofertan, tal es el caso de la compra de viandas a la firma ´Viandas Quatro Fuegos´de 3.500 almuerzos con postre por un total de $87.500, siendo que la misma no tiene personal inscripto según los registros de la ATER; se realiza una contratación al proveedor Formato Urbano –firma que se adjudica a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri—por $74.353,00 agregándose como presupuestos alternativos uno correspondiente a un monotributista que no consigna ni el domicilio del contribuyente”, indica el Tribunal de Cuentas.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.