Buses Paraná, la concesionaria del transporte urbano que conforman Ersa Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL, exigió al gobierno municipal una recomposición de la tarifa y que ésta responda a criterios “técnicos” y no “políticos”. Además, alertó por la creciente participación en el número de usuarios transportados de los boletos subsidiados sobre la tarifa plana. Según cálculos de la empresa, el precio promedio que se cobra está lejos de los $94,50, que es el valor de la tarifa plana, y casi la mitad abona una suma media de casi $60.
Pero además, alertó que la Municipalidad de Paraná “se encuentra en mora a las respuestas de reconocimiento del déficit que surgen en el transcurso del contrato y que la falta de respuesta pone en condiciones de grave situación la prestación, con responsabilidad exclusiva a la Municipalidad ante la imposibilidad de la normal continuidad de los servicios y el sostenimiento de la fuente de trabajo”.
El último aumento se aplicó en enero último, cuando el precio del boleto pasó de $72 a $94,50.
Armando Sánchez, precandidato a intendente de Paraná por Políticas para la República, dijo que en la reunión del órgano de monitoreo y control del Sistema Integrado Transporte Urbano (SITU) de este lunes sólo se abordó la presentación de Buses y no se respondió a ningún planteo de la oposición. «Todo quedó para la próxima reunión, que no tiene fecha», señaló.
«Nosotros no aprobaremos ningún aumento de boleto mientras no se discuta y se actúe en pos de mejora del servicio», aseveró el dirigente respecto de la postura que tendrá el bloque de Políticas para la República en el Concejo Deliberante.
La concesionaria del servicio de transporte de pasajeros Buses Paraná pidió en la reunión del órgano de monitoreo y control del Sistema Integrado Transporte Urbano (SITU), este lunes, que se aplique una modificación en la tarifa que le permita hacer frente a los mayores costos derivados del “permanente incremento de los precios de los insumos, fluidos, repuestos y personal, sin posibilidad alguna de contemplarse en la jurisdicción la necesaria recupración del parque móvil”.
No es el único punto que planteó: también hizo notar que el número de usuarios del transporte de pasajeros con tarifa subsidiada “es cada día mayor, es decir que la tarifa plana establecida –en forma irregular- es abonada por menor cantidad de usuarios, los ingresos genuinos por recaudación sobre pasajeros que abonan han sufrido una franca caída, en relación al promedio entre quienes pagan y quienes resultan beneficiarios de tarifas diferenciales o gratuitas”.
“Resulta claro –dice la presentación de Buses Paraná que firma su representante, Marcelo Lischet-, sobre los datos aportados, que a medida que el sistema acumula más pasajeros en las condiciones actuales, el mismo genera el menor ingreso individual promedio, ante el constante aumento de aquellos que poseen beneficios y la caída de los que abonan la tarifa plana, resultando sólo una expresión que ´la tarifa de la ciudad es de $94,50´ ya que la misma nunca en el promedio supera los $60, y su tendencia es cada vez de menor valor”.
En opinión de la prestadora, la aplicación de beneficios en el precio del boleto “es una decisión de la Municipalidad de Paraná, la cual debe ser compensada con mayores ingresos mediante un incremento en tarifas o aportes al sistema que lejos está de cumplirse, afectándose la ecuación económica del SITU, desvirtuándose e incumpliéndose de esta forma el contrato de prestación de servicios, por lo que se requiere una urgente revisión”.
Por otra parte, Buses Paraná sostiene que el sistema de subsidios no responde a la necesidad del sistema y que su distribución se hace con criterios que no responden a la realidad del sistema . Y afirma que “a pesar de las condiciones normativas claramente impuestas para los servicios urbanos y suburbanos del interior del país, sobre las cuales se asignaran y distribuyeran los fondos a las empresas de su ámbito de aplicación, la provincia de Entre Ríos ha adoptado un criterio que incumple tales preceptos, restándole a los ciudadanos de Paraná lo que legítimamente les corresponde, entre la distribución nacional y provincial, que infiere una suma cerca a los $45 millones mensuales que, en su caso, debería ser aportado por la concedente obligada por contrato de concesión a las concesionarias, afectadas de manera directa en sus ingresos”.
“Esta situación –señala Buses Paraná- ha sido reclamada por las concesionarias al Gobierno de la provincia de Entre Ríos por todas las vías administrativas conducentes cada vez que se emite un acto administrativo que de manera irregular infringe las normas nacionales y que distorsionan la ecuación de costos del SITU, dando cuenta de los planteos formulados a la Municipalidad de Paraná, responsable de velar por los ingresos del sistema y la afectación que de manera indirecta se provoca a los usuarios de la ciudad ante el perjuicio que se ocasiona sobre un componente básico de la ecuación, que representa los subsidios frente al necesario equilibrio en las tarifas”
Buses Paraná asegura que la fijación de la tarifa que resuelve el Municipio de Paraná luego de su tratamiento en el Concejo Deliberante no responde a la realidad de los costos del servicio. “Lo cierto es que tales conceptos básicos desde hace tiempo no se verifican en el SITU, los costos no han sido cancelados ni siquiera han sido considerados para la determinación de la tarifa, por lo cual el Estado Municipal es responsable de la constante degradación de la prestación al obligarse a las empresas a operar en condiciones no adecuadas hacia los usuarios”, afirma.
“La fijación de la tarifa está determinada en el pliego de condiciones particulares, y por el contrato, es un cálculo matemático, sin otras cuestiones, que surgen de datos concretos, que no permiten apreciaciones políticas, solamente técnicas –abunda la presentación-. Ese valor debe prever aportes, subsidios o cualquier otra compensación sobre el costo que surge de manera concreta y matemática de las prestaciones, cualquier omisión reduce las condiciones económicas de la concesionaria, no permite la recuperación del capital y a su vez obliga a la disminución de los gastos operativos, ante el fuerte arrastre deficitario del sistema, que desgasta las relaciones usuario-prestador”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora