Lejos de encontrar un cauce, el conflicto que desde ayer resiente seriamente la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná amenaza con perpetuarse.

Este martes la Secretaría de Trabajo, a pedido de las empresas Ersa Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL, que conforman la UTE Buses Paraná, dictó la conciliación obligaroria por 15 días hábiles y conminó al gremio de los choferes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a cesar en la medida de fuerza que iniciaron, con retención de servicios de tres horas por turno.

La medida del gremio surgió tras el fracaso de la negociación en una audiencia que tuvo lugar el martes por la mañana en  Trabajo: UTA pidió que se cancele un acuerdo firmado en mayo pasado que supone reconocer una deuda salarial de $500 mil con cada chofer. Como la respuesta no ocurrió, el sindicato decidió aplicar desde este martes retención de servicio, de 7 a 10 y de 18 a 21, y por tiempo indeterminado.

Pero UTA no acató la conciliación y reafirmó la medida de fuerza.

Ahora, Buses Paraná tildó la medida de «irracional». Las empresas prestadoras del servicio de transporte urbano en la ciudad y área metropolitana negaron mantener deuda con los choferes. Buses Paraná firmó que «está al día» con los trabajadores, «no adeudando suma alguna exigible».

«Resultan totalmente falsas las manifestaciones de la UTA Seccional Entre Ríos respecto de que se adeuda la suma de $ 250.000 a cada trabajador, dado que como claramente surge del último acuerdo suscripto con la misma representación gremial, con la participación de las autoridades provinciales y  municipales, en fecha 23/05/24,  ´se comprometió entre las parte establecer una mesa de trabajo que permita el cumplimiento de la suma reclamada por UTA mediante los recursos necesarios y la generación de las partidas presupuestarias a tal fin´”.

Restringen otra vez el servicio de colectivos

 

“Surge evidente del texto que la suma reclamada no resulta exigible a la fecha de manera alguna, y que solo existió un compromiso de buscar una salida conjunta al reclamo, para lo cual la UTA solicitó una audiencia que se concretó el día 23/07/24, a la que asistieron todas la partes y en la que tanto las empresas como la representación del Municipio y la Provincia solicitaron un tiempo suficiente para analizar una salida, dada la grave crisis del sistema de transporte, reconocida, pública y notoria”, dijeron las empresas.

En ese marco, “luego de la audiencia, y haberlo planteado en ese ámbito, en forma intempestiva e irracional, sin previo aviso ni comunicación a la autoridad de aplicación laboral o a la Agrupación, la UTA ejecutó una medida de fuerza a partir de las 18 horas, en horario pico, dejando librados a su suerte a los usuarios del sistema, privándolos así de generar alternativas de traslado. Más, aún, los han obligado a asumir costos imprevistos para movilizarse, en algunos casos, y los dejaron sin alternativas en otros”.

Colectivos: dictan conciliación obligatoria

 

“La ilegalidad de la medida es evidente y su declaración ya ha sido solicitada a fin de ejercer en plenitud las facultades disciplinarias del caso, dado que no se ha respetado la conciliación obligatoria decretada. Por ello, también se solicitará la aplicación de las sanciones del caso a la entidad gremial en los términos de la ley aplicable”, plantearon las prestatarias.  “Por lo expuesto, exhortamos a nuestros trabajadores que recapaciten y se atengan a las normas vigentes, priorizando el diálogo y evitando toda conducta que ponga en riesgo la fuente de trabajo de más de 400 familias”, apuntaron.

UTA no acató la concilación y sigue la retención de los colectivos

La presentación ante Trabajo, que firma la apoderada de Buses Paraná, Daniela Brumatti, pide que se “decrete la ilegalidad de las medidas de acción sindical llevadas adelante” por la UTA “por todo el período que duraron las medidas de fuerza o en su defecto desde la notificación de la conciliación obligatoria, y se proceda a aplicar los apercibimientos” contemplados ne la ley.

La petición empresaria no sólo apunta a la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza de los choferes sino que al tratarse de “una infracción considerada muy grave” se requirió que “la resolución que así lo declare sea emitida” en “el menor tiempo oportunod”.


De la Redacción de Entre Ríos Ahora