El diputado provincial Nicolás Mattiauda (Juntos por el Cambio) presentó una denuncia penal por las irregularidades denunciadas en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos por los casos de beneficios jubilatorios pagados a personas muertas. Mattiauda aportó un dato: dijo que desde agosto viene alertando sobre esa irregularidad en el organismo previsional provincial.
Denuncia Mattiauda by Entre Ríos Ahora
En su presentación ante el Ministerio Público Fiscal, el legislador promovió «denuncia penal a los efectos de que se sustancie, con premura y profundidad, la consecuente investigación penal preparatoria relativa a la comisión de presuntos delitos en el ámbito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, referidos al depósito y/o percepción indebida de haberes previsionales correspondientes a personas ya fallecidas, que habrían sido generados a partir de la actuación irregular de los funcionarios y/o empleados que integran dicho Organismo, determinando particularmente, de existir, las responsabilidades, como consecuencia de la faena investigativa a desarrollarse» de:su ex presidente Dr. Daniel Elías; también a «quienes dirigían, coordinaban o integraban la fiscalización interna de la mencionada Caja», también a quienes «se encargaban del entrecruzamiento de datos con el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas»; y «cualquier otra persona, cualquiera haya sido su grado de participación, sea a título de dolo o de culpa (incluyendo injustos que caerían bajo el inflijo de lo que se da en llamar delitos de omisión impropia) que surgieran a partir de los hechos que seguidamente paso a describir».
«Durante los primeros días de agosto del corriente año -dice en su presentación-, tomé conocimiento de publicaciones periodísticas que daban cuenta de una serie de irregularidades en el ámbito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, referidas al depósito y/o percepción indebida de haberes previsionales correspondientes a personas ya fallecidas. A partir de ello, en fecha 12 de agosto, presenté un proyecto de declaración – habiendo optado por esta modalidad en función de las razones que se expresan en los fundamentos del mismo – en la Cámara de Diputados de la Provincia, con la finalidad de que el Tribunal de Cuentas, se sirva informar, si en su carácter de órgano de control externo y en ejercicio de sus funciones, había detectado si la Caja de jubilaciones y Pensiones de la Provincia había continuado depositando, montos correspondientes a jubilaciones, pensiones u otros beneficios previsionales de personas ya fallecidas».
Recordó que presentó dos pedidos de informe dirigidos al Poder Ejecutivo «para que, por su intermedio, brinde información acerca del asunto en cuestión – en el ámbito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas – de ninguno los cuales, aun no se han obtenido respuestas».Y agregó: «Complementariamente y dada la urgencia y gravedad institucional del asunto en cuestión, en fecha 27 de agosto, dirigí una nota escrita al presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Federico Tomas, solicitando información acerca de si el órgano que preside estaba en conocimiento de los hechos mencionados; particularmente, si se habían efectuado depósitos irregulares; si los montos habían sido extraídos mensualmente por familiares, allegados y/o terceros; si los mismos habían sido reintegrados; – solicitando asimismo una nómina de con toda la información recabada -; si esos beneficios jubilatorios, fallecidos sus titulares, se habían reconvertido en pensiones; si había iniciado una auditoria; si tenía conocimiento de la detección de estas irregularidades, por parte de la fiscalización interna de la Caja de jubilaciones; si el ex presidente de la Caja, Dr. Daniel Elías, en su carácter de tal, había informado o denunciado oportunamente estas irregularidades, entre otras cuestiones, que se deprenden de la nota dirigida al Tribunal de Cuentas, que se acompaña en carácter de prueba documental. A partir de esta iniciativa, obtuve una favorable respuesta, en fecha 8 de septiembre del corriente año».
El caso cobró relevancia tras su publicación en la última edición de la revista Análisis.
Lo publicado mereció la apertura de una investigación penal en la Justicia, a cargo de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
La causa, bajo el número de legajo Nº 141.678, se abrió tras la publicación de una nota periodística del director de la revista Análisis, Daniel Enz, que en la edición del jueves 17 aseguró que por lo menos unas 80 personas muertas cobraron haberes –algunas desde 2003 y muchos desde 2013, según el autor- por un monto total de 2,5 millones de pesos por mes. Un cálculo realizado por una fuente anónima citada por el autor habla de que esa irregularidad totaliza unos 30 millones de pesos al año.
Según contó Enz, la situación quedó al descubierto por el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y señaló que en el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos también se tramitaron otros expedientes por situaciones similares.
“En el Iosper, detectaron que un lote importante de personas fallecidas seguía con el beneficio de la obra social. Cuando profundizaron al respecto, notaron que la situación era más grave de lo pensado: eran todos jubilados muertos, la mayoría de ellos con domicilio fuera de Entre Ríos, donde ‘alguien’ cercano a cada una de las personas seguía percibiendo la remuneración pertinente, pese a estar bajo tierra”, relató.
En otro párrafo, afirmó que, enterado de la situación, el gobernador Gustavo Bordet pidió al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que disponga una investigación; y que de ello también fue notificado el ministro de Economía, Hugo Ballay.
Ante la información publicada, el extitular de la Caja, Daniel Elías, emitió una réplica en la que afirmó que la nota es confusa e inexacta y que siembra dudas sobre su gestión de 17 años, de 2003 a julio de este año. Asimismo, se presentó espontáneamente en la justicia y se puso a disposición de los fiscales del caso, Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
En su réplica, en tanto, explicó que “la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia fue uno de los primeros organismos previsionales en el país, que, bajo mi presidencia, firmó convenio con el Sistema Nacional Tributario y Social (SINTyS), que es un organismo nacional que genera ‘cruces de bases de datos’ con numerosos organismos del país y permite identificar todos los meses si en la base de datos de beneficiarios algún titular ha fallecido”. Asimismo, se mostró confiado que los organismos pertinentes podrán determinar “dónde falló el sistema de cruces”.
Qué contó Enz
En su nota, el director de Análisis contó que el 28 de julio, Elías realizó una presentación en el organismo de control a cargo de Federico Tomas a fin de que tome cartas en el asunto para determinar lo que sucedió con el pago a fallecidos. Como antecedente, el periodista sostuvo que hay “tres expedientes iniciados por el Tribunal de Cuentas en el 2011 y 2014, por los que se le enviaron oficios al expresidente Elías, pero éste nunca los contestó. Se lo reiteraron en el 2016, pero tampoco hubo respuestas precisas”.
“En tales oficios se exigían las rendiciones de 16 jubilaciones de esos años, que aparecían como irregulares, porque seguían figurando como activos, cuando en realidad habían fallecido. El trámite lo había iniciado la fiscal de Cuentas, Irupé Rodríguez y luego, en junio de 2016, lo reiteró la fiscal Susana Martínez Lacabe”, agregó, y también dio detalles de la intervención que tuvo la auditora Nanci Vinagre.
En otro párrafo de la nota, el director de la revista consignó que tras la presentación de Elías al Tribunal de Cuentas “en principio, se supo que se devolvieron a las arcas de la Caja de Jubilaciones tres partidas de dinero: 3.655.844 pesos; 9.378.733,56 pesos y 14.609.411,29 pesos. Es decir, un total de 27.643.988 pesos”.
Además, aseveró que Elías solicitó informes al Nuevo Bersa sobre 45 beneficiarios y que ese listado “no son todos los que presentaron los funcionarios del IOSPER”. “Solamente aparecen unos pocos beneficiarios, de ese listado de 80 personas que seguían cobrando su jubilación y la obra social, presentado por altos funcionarios del organismo de calle Andrés Pazos, que lidera Fernando Cañete”, escribió el periodista.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora