El bloque de Diputados de Cambiemos resolvió este martes por la tarde presentar ante el Procurador General, Jorge García, el dictamen de minoría que firmaron el 11 de enero para enjuiciar a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mónica Mizawak. Dicho dictamen fue rechazado por la mayoría parlamentaria del Frente para la Victoria y aliados, en una polémica sesión que dio como resultado 21 votos en contra de la acusación, y 12 por la afirmativa.

El jefe del bloque de Cambiemos en Diputados, Sergio Kneeteman confirmó a Entre Ríos Ahora que la presentación del documento será ante el jefe de los fiscales y que luego esté deberá derivar el caso a un acusador público a su cargo. “Vamos a llevar al Procurador el dictamen que nosotros hicimos del juicio político a Mizawak para que la fiscalía investigue si hay configuración de delito o no”, confirmó Kneeteman, tras la reunión del bloque.

En el Ministerio Público Fiscal (MPF) también se encuentra el expediente completo del caso por el que el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, fue acusado por mal desempeño de sus funciones. Quien llevó el voluminoso material para que los fiscales investiguen la posible comisión de un delito fue el diputado y presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, Diego Lara (Frente para la Victoria). Chiara Díaz presentó su renuncia al gobernador Gustavo Bordet el pasado 7 de febrero, por lo que el juicio político en su contra fue declarado en abstracto.

El dictamen acusatorio que llega al MPF

En el dictamen acusatorio que no logró avanzar en Diputados, Cambiemos sostuvo que Mizawak debía ser enjuiciada por la causal de mal desempeño, ya que había pruebas suficientes, de distinto tipo.

Una de las causales de enjuiciamiento que marcaron los legislador tuvo que ver con los viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción provincial, como así también su falta de diligencia -como Presidenta del máximo órgano judicial- en el otorgamiento de viáticos y licencias. Según el dictamen acusatorio, desde enero de 2008 hasta diciembre de 2016, alegando motivos oficiales, la jueza se ausentó de la jurisdicción 360 días hábiles que a su vez representaron la cantidad de 400,5 días de viáticos por una suma de $ 559.513,50.

Los viajes y viáticos, según argumentaron los Diputados de Cambiemos en dicho dictamen, se incrementaron aún más durante el ejercicio de la Presidencia (2013-2016), con el agravante de las irregularidades en la liquidación de viáticos en fechas en las que Mizawak intervino firmando en distintas causas. “Estos hechos no hacen más que revelar una situación de absoluta falta de control, tanto sobre sus actos propios en tanto Presidente del STJ, como de los restantes Vocales. Situación esta que, como se expondrá, deriva de una responsabilidad directa de Mizawak, en virtud de su condición de máxima autoridad del STJ en ejercicio de la Superintendencia”, dice el informe que, además, agrega: “Del entrecruzamiento y organización de los valiosos datos obtenidos, se prueba que Mizawak se ha ausentado de la jurisdicción, percibiendo mayores viáticos a los necesarios, efectuado viajes incluso al exterior del país y ha estado en su despacho suscribiendo resoluciones, providencias y/o sentencias, todo eso en un mismo, único e idéntico día”.

La segunda causal de pedido del juicio político que señalaron en enero los diputados opositores es la que tiene que ver con la incompatibilidad en la participación en sociedades comerciales con su esposo, Raúl Arroyo, ya que no se pudo acreditar la participación societaria con el ex gobernador Sergio Urribarri. En el escrito que llegará a manos de la fiscalía se indica que la magistrada estuvo al menos 6 meses en situación de incompatibilidad. Esto encuentra un agravante en la participación indirecta, por intermedio de los miembros de la familia de Mizawak, en sociedades comerciales con los mayores contratistas de obra pública del Estado provincial, es decir con los empresarios Sczezech, Marizza y Tortul.

“Con ello, surge evidente que la magistrada aquí investigada se ha visto y está beneficiada directamente por los negocios de su marido con el Estado, en tanto conforman una comunidad conyugal, por lo que no resulta aceptable éticamente y genera sospechas fundadas sobre la ética en el ejercicio de su función judicial”, dice el informe.

A Mizawak también se le endilgó la manipulación de causas y tráfico de información, en referencia al proceso judicial constitucional promovido por Juan Carlos Arralde impugnando la ilegítima designación de Guillermo Smaldone en la Presidencia del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Los denunciantes también sostuvieron  la existencia de sobresueldos, ya que según información provista por el Tribunal de Cuentas al Presidente de la Comisión de Juicio Político, entre los meses de octubre de 2015 y abril de 2016 los cobros de Mizawak fueron por un total de $ 1.394.000,00, percibidos íntegramente en efectivo, sin justificación alguna. “Esos fondos fueron utilizados discrecionalmente -dice el informe- con un destino ignorado, pero que la prueba producida lleva a una única conclusión: ingresaron al patrimonio de la denunciada”, sostuvieron en el dictamen.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora