Juan José Canosa parece empeñado en cuidar su imagen pública: acostumbrado a moverse en un círculo de apariencias –una presentación en la Justicia de un grupo de Diputados de Cambiemos mostró de qué modo cuida su imagen, con cuánto empeño redecoró las oficinas de Sidecreer, empresa que dirigió entre 2009 y 2015, de qué modo distrajo recursos del Estado en asuntos muy menores–, para Canosa, entonces, todo lo que se hable o se muestre de su situación judicial lo incomoda, le genera inquina, lo pone a la defensiva.
No lo torra que lo pongan en el ojo de la tormenta por la eventual comisión de un delito, enriquecimiento ilícito, por caso, sino estar en las portadas, verse escrito en los sitios digitales, que su figura de runner cuidadoso aparezca en titulares enojosos.

Canosa declaró este viernes como imputado en la causa por negociaciones incompatibles con la función pública. Esa figura investiga un hecho puntual: que Canosa habría aprobado licitaciones, autorizado contrataciones, que habría pagado con plata del Estado a empresas en cuyos directorios están parientes y amigos. Su hermano, su cuñada, la hermana de su cuñada, el marido de la hermana de su cuñada, la madre de su cuñada.
En Tribunales, pidió, con celo extremo, que nada de lo que declaró se filtre a la prensa.
Es curioso: la Justicia busca dilucidar de qué modo administró los recursos del Estado, y Canosa pide silencio al fiscal que está al frente de la investigación, Juan Malvasio.
El exmandamás de Sidecreer está imputado como autor material del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El resto, con los que contrató desde Sidecreer, como partícipes necesarios: su hermano, Carlos Alberto Canosa, la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler. Su cuñada, Alicia Susana Cuestas, la esposa de Carlos Alberto Canosa, la hermana de su cuñada, María José Cuestas, y el esposo de la hermana de su cuñada, Diego Aníbal Urba.
Canosa declaró este viernes. Y los viernes que siguen lo hará el resto de los involucrados en la causa. Desde el momento en que escuche la última declaración, el fiscal tiene un plazo de tres meses para elevar la causa a juicio.

En Tribunales señalan que la investigación sobre Canosa avanza a buen ritmo y con suficientes elementos de prueba, y que la declaración de este viernes no modificó la tesis argumental de la acusación.
De hallarlo culpable la Justicia, Canosa podría enfrentar una pena de prisión condicional de 1 a 6 años, y como accesoria, la pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos. De ese modo, debería apartarse de la función que ocupa ahora, después de haber conducido Sidecreer durante el urribarrismo. Ahora es responsable de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.
Perdería ese trabajo.
Como Canosa reúne la condición de ser funcionario del Estado, es el único que puede ser sindicado como autor material del delito; los demás, al no tener relación con el Estado, sólo pueden ser imputados como partícipes necesarios.
La trama interna de las negociaciones incompatibles con la función pública operó así: le compró a su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler, U$S 262.300 en indumentaria y uniformes para el personal de Sidecreer.
También, negoció con su cuñada, Alicia Susana Cuestas, la esposa de Carlos Alberto Canosa, y con la hermana de su cuñada, María José Cuestas, y el esposo de la hermana de su cuñada, Diego Aníbal Urba –amigo de Juan José Canosa–, a través de Excelcom SA, otros U$S 635.000 dólares en insumos informáticos.
Mirta Gueler, suegra del hermano de Juan José Canosa, es la madre de María José y Alicia (presidenta y directora de Excelcom SA respectivamente), y es suegra también de Diego Urba, otro integrante de la sociedad anónima.

Esa es la sospecha en la Justicia.
Cuando todos hayan concurrido a Tribunales a declarar, la Justicia podrá armar el rompecabezas y empezar a desentrañar de qué modo Canosa, ocupando el sillón de presidente de Sidecreer, benefició a parientes y amigos con contrataciones. Algunas de esas firmas con las que operó, se sospecha, se armaron y se desarmaron en un período curioso: el tiempo en el que Canosa estuvo en Sidecreer.

A eso apunta la acusación, también.
Aunque Canosa seguirá resguardando su imagen, que es lo que al parecer  más ocupa su tiempo. Ni siquiera se cuidó de dejar a un costado la situación de su esposa, Paula Montefiori, defensora oficial del Poder Judicial, que también quedó involucrada luego de que la Justicia ordenara un allanamiento en casa de su madre, Sofía Montefiori.
En definitiva, el afán de Canosa por correrse de la exposición pública no alcanza a tapar una causa que amenaza con ponerlo al borde del juicio.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.