La Justicia encontró culpable hoy al expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, por el delito de negociaciones incompatibles de la función pública al beneficiar a empresas ligadas a familiares y a amigos en las contrataciones que hizo durante su gestión de la tarjeta oficial, entre 2007 y 2015.

En un fallo unánime dado a conocer por el tribunal conformado por los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel, se lo condenó a la pena de 3 años de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por lo cual una vez que el  fallo quede firme, Canosa debería dejar su puesto de asesor jurídico en la Cámara de Diputados de la provincia, que cumple desde que Sergio Urribarri está al frente de la Cámara Baja. Además, se le impondrán normas de conducta que deberá cumplir durante le plazo de tres años, y que se darán a conocer cuando se difundan los fundamentos del fallo, el próximo día 21.

La Fiscalía había pedido 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El tribunal dio por probado el rango de funcionario público de Canosa mientras estuvo al frente de Sidecreer, una característica que el ahora condenado negó de modo cerrado, y que la empresa, aún cuando está regulada por la legislación comercial privada, es una empresa con base estatal ya que sus dos socios son el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafa) y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). En ese caracter, se le pudo achacar el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El tribunal: Gustavo Pimentel, Alejandro Grippo y Alejanddro Cánepa.

 

Al leer el adelanto de sentencia, el juez Grippo hizo notar la peculiaridad que las tres empresas ligadas a familiares y amigos, Excelcom, Texmer y JDR Construcciones, empezaron a ser proveedoras de Sidecreer cuando Canosa asumió en la presidencia, y que desaparecieron del listado de oferentes cuando abandonó ese puesto. “Se convirtieron de manera repentina en proveedores”, entendió el tribunal.

Así, hizo notar que la firma Excelcom, ligada a Diego Urba, amigo personal de Canosa, contrató una sola vez previo a la presidencia del ahora condenado, en 2005, pero a partir de 2008, fue contratado en 16 oportunidades, “y ganó  todas las contrataciones para insumos informáticos, reemplazando así a proveedores históricos, a los cuales ni siquiera se los volvió a invitar”, dice el texto de la resolución condenatoria.

E hizo notar que el propio Canosa firmaba las notas de invitación a los proveedores y también ponía su rúbrica en la resolución de adjudicación.  Así, siendo presidente pudo beneficiar a parientes y amigos en las contrataciones. “Su relación con esas firmas nunca fue informado al directorio de Sidecreer, para así delegar la tarea de la adjudicación en otro miembro del directorio, lo que no hizo”, destaca la sentencia.

JDR Construcciones, empresa del tío de Canosa,  “se convierte en contratista sólo en la presidencia” del actual asesor legal de Diputados. Además, autorizó la contratación de la empresa de la suegra de su hermano, Carlos Canosa, aún siendo monotributistas, cuando las reglas de Sidecreer impiden contratar con una empresa que no sea responsable inscripto ante el IVA. Mirta Gueler, titular de Texmer, compartía dirección fiscal con el domicilio de su yerno, cuando fue adjudicada por Sidecreer para entregar prendas textiles, “ni siquiera tenía facturero”.

El caso

La investigación penal sobre Canosa se inició a mediados de diciembre de 2016 tras una presentación que hizo ante el Procurador General Jorge García el senador provincial Raymundo Kiser (Cambiemos). Kisser planteó  una denuncia penal contra las autoridades de Sidecreer por los posibles delitos de administración fraudulenta y tráfico de influencias y de ese modo frenó lo que entonces había intentado realizar el Gobierno provincial: la incorporación de capital privado a la tarjeta.

La denuncia de Kisser, abonada por una presentación de los diputados de Cambiemos Esteban Vitor, Gabriela Lena y María Alejandra Viola— derivó en la apertura de dos investigaciones penales: una por negociaciones incompatibles con la función pública y otra por enriquecimiento ilícito, que está tramitándose. La primera causa llegó a juicio, aunque sólo con Canosa como acusado: sus parientes y amigos fueron zafando, uno a uno, de los compromisos con la Justicia mediante suspensión de juicio a prueba.

En medio, los defensores de Canosa, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, fueron presentando distintos recuros que alargaron el proceso. Primero, buscaron apartar a uno de los fiscales que llevó adelante la acusación, Juan Malvasio -el otro es Santiago Brugo-, mediante una recusación que no prosperó. Ya cuando el juicio se acercaba a su instancia de debate, también reprocharon a uno de los integrantes del tribunal juzgador, Alejandro Canepa, que actuó junto a Alejandro Grippo y Gustavo Pimentel. Tampoco avanzó ese planteo. Aunque obligó a posponer un día el inicio del juicio oral: en vez del 28 de agosto, comenzó el día 29.

Durante la etapa del juicio oral, los testigos aportados por la Fiscalía complicaron a Canosa, más aún el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Federico Tomas. Por el lado de la defensa, declararon tres actuales funcionarios de Sidecreer, y una, la gerenta general, María Gabriela Vergara, enfrentará una causa por falso testimonio.

El Ministerio Público Fiscal había pedido la pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva para el expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), al considerarlo penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por una serie de contrataciones, 32 en total, con tres empresas, Texmer, Excelcom y JDR Construcciones, todas ligadas a familiares y amigos, durante los años que ejerció la titularidad de la tarjeta oficial, entre 2007 y 2015.

El fiscal Santiago Brugo, en su alegato de pedido de condena, comparó el delito que se le imputa a Canosa con la causa que llevó a prisión al exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone/The Old Fun. Aunque hizo una distinción: Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, pero para Canosa se solicitó una pena “más baja”: 5 años y 6 meses de prisión efectiva, más inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, lo cual le haría perder su actual función de asesor legal de la Cámara de Diputados. Pero además, ante el “peligro de fuga” del imputado, quien tiene otra causa en trámite, por enriquecimiento ilícito, pidió que se le impongan medidas de restricción de la libertad: la prohibición de salida del país, y la presentación, en Tribunales, cada 15 días, en caso de ser condenado.

En un alegato con mucha enjundia, el fiscal Juan Malvasio aseveró: “Estamos en condiciones de afirmar que hemos derribado el estado de inocencia con el que vino Canosa a este plenario. También, que estos hechos encuentran anclaje en el articulo 265 del Código Penal, en la figura del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el grado de autor de tres delitos concursados, continuados, en función de las distintas contrataciones que hizo Canosa como presidente de Sidecreer, con tres empresas en particular”.

De la Redacción de Entre Ríos ahora.