El expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, estuvo este jueves en Tribunales, y pidió, ante la Cámara de Casación Penal, su sobreseimiento en la investigación penal que terminó en condena en 2018. Un tribunal le aplicó a Canosa 3 años de prisión condicional al hallarlo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública: durante su paso por Sidecreer, entre 2007 y 2015, benefició con contrataciones a parientes y amigos.

El tribunal de Casación -Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano- anunció que la resolución al pedido de Canosa, y sus abogados, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, recién se conocerá el 17 de febrero próximo. En tanto, el resto del clan que participó de esas maniobras que reprocha la Justicia, irán este viernes por el sobreseimiento. La petición se hará este viernes 13, a las 10, ante el juez de Garantías Ricardo Bonazzola.

Dos de los involucrados en las maniobras que derivaron en la condena al expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya lograron su sobreseimiento luego de haber sido beneficiados con la suspensión del juicio a prueba durante un año. Se trata de Diego Urba y su mujer, María José Cuestas. Ahora, resta que la medida alcance también al resto de los parientes de Canosa.

La Fiscalía acusó a Canosa de haber hecho negocios con sus familiares mientras estuvo al frente de la tarjeta estatal. Se le imputó el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y a sus familiares y amigos, como partícipes necesarios. En esa calificación quedaron su hermano Carlos Canosa; la suegra de éste, Mirta Gueler; su cuñada Alicia Cuestas; la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y el esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba. También, el tío político de Canosa, José Daniel Romero, dueño de JDR Construcciones, quien está casado con la hermana de la madre de Canosa. JDR realizó trabajos de albañilería para la tarjeta provincial en tiempos de la gestión Canosa, que se extendió entre 2009 y 2015.

El viernes 25 de agosto de 2017, la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, aprobó la suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa del clan Canosa, que fueron imputados por ser partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa que se le sigue al ex titular de la tarjeta Sidecreer, Juan José Canosa. Los cinco involucrados acordaron realizar trabajos comunitarios durante períodos que van entre un año y un año y medio en organizaciones sin fines de lucro o para el Estado.

La petición de la defensa contó con el acuerdo de la fiscalía. En representación del Ministerio Público Fiscal concurrió el fiscal Santiago Brugo; en tanto que por la defensa estuvieron los abogados Leopoldo Lambruschini, Ángel Garrote, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli.

Lambruschini y Garrote representaron a Diego Urba y María José Cuestas; Cullen y Vartorelli defendieron a Mirta Graciela Gueler y José Daniel Romero y Carlos Alberto Canosa (hermano del ex titular de Sidecreer).

Juan José Canosa, extitular de Sidecreer, fue condenado en 2018 a la pena de 3 años de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por haber beneficiado con contrataciones a familiares y allegados.

En la lectura de la sentencia, el Tribunal resaltó que las tres empresas ligadas a familiares y amigos, Excelcom, Texmer y JDR Construcciones, empezaron a ser proveedoras de Sidecreer cuando Canosa asumió en la presidencia, y que desaparecieron del listado de oferentes cuando abandonó ese puesto. Canosa estuvo al frente de Sidecreer entre 2007 y 2015.

En un fallo unánime firmado por los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel, se lo condenó a la pena de 3 años de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La Fiscalía había pedido 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El tribunal dio por probado el rango de funcionario público de Canosa mientras estuvo al frente de Sidecreer, una característica que el ahora condenado negó de modo cerrado, y que la empresa, aún cuando está regulada por la legislación comercial privada, es una empresa con base estatal ya que sus dos socios son el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafa) y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). En ese caracter, se le pudo achacar el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El Ministerio Público Fiscal había pedido la pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva para el expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), al considerarlo penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por una serie de contrataciones, 32 en total, con tres empresas, Texmer, Excelcom y JDR Construcciones, todas ligadas a familiares y amigos, durante los años que ejerció la titularidad de la tarjeta oficial, entre 2007 y 2015.

El fiscal Santiago Brugo, en su alegato de pedido de condena, comparó el delito que se le imputa a Canosa con la causa que llevó a prisión al exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone/The Old Fun. Aunque hizo una distinción: Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, pero para Canosa se solicitó una pena “más baja”: 5 años y 6 meses de prisión efectiva, más inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, lo cual le haría perder su actual función de asesor legal de la Cámara de Diputados. Pero además, ante el “peligro de fuga” del imputado, quien tiene otra causa en trámite, por enriquecimiento ilícito, pidió que se le impongan medidas de restricción de la libertad: la prohibición de salida del país, y la presentación, en Tribunales, cada 15 días, en caso de ser condenado.

Diego Urba es el director comercial de Excelcom, es ingeniero en sistemas y amigo personal de Canosa. Su esposa es María José Cuestas, es directora de la firma y, a su vez, concuñada de Juan José Canosa, puesto que su hermano, Alberto Canosa, está en pareja con su hermana Alicia Cuestas.

Urba y Cuestas quedaron vinculados al caso de las contrataciones amañadas y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía en agosto de 2017, cuando accedieron a una probation que consistió en la realización de trabajos comunitarios en la fundación “Los sin Techo”, en Santa Fe.

El acuerdo consistió en realizar capacitaciones de 4 horas semanales durante un año; y donar a la entidad dos computadoras y $5 mil.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.