El juicio al expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), el ahora asesor legal de la Cámara de Diputados, Juan José Canosa, llegó a la etapa final de los debates este miércoles, con los alegatos de las partes: la Fiscalía pidió una pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva, más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, al considerarlo responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo le reprochan a Canosa que, mientras estuvo al frente de Sidecreer, entre 2007 y 2015, contrató, en 32 oportunidades, con tres empresas ligadas a familiares y amigos: Excelcom, bastoneada por su amigo, Diego Urba; Texmer, en la que figuraba como titular la suegra de su hermano, Carlos Canosa, Mirta Gueler. Pero con una peculiaridad: el domicilio fiscal de Texmer es el mismo domicilio de Carlos Canosa. Y también contrató con JDR Construcciones, de José Daniel Rodríguez, tío del expresidente de Sidecreer.

La defensa, que ejercen Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, buscó desarmar esa teoría del caso, y pidió la absolución de Canosa. Barrandeguy, con su habitual verba encendida, cuestionó el «punitivismo desbocado» del Ministerio Público Fiscal, negó que existiera delito en la conducta de Canosa, aunque tropezó con la argumentación de su colega Pérez: uno dijo que Sidecreer es una empresa del Estado; el otro, que es una empresa privada.

Barrandeguy cuestionó la situación en la que dejó la Fiscalía a la gerenta general de Sidecreer, María Gabriela Vergara, a quien se le iniciará una causa por falso testimonio. «Dijo absolutamente la verdad, pero fue aterrada por el interrogatorio despiadado del señor fiscal», dijo el defensor, en clara referencia a Malvasio. «Un poco de piedad, un poco de respeto, un poco de consideración», reclamó.

Durante las audiencias públicas del juicio, que arrancó el 29 de agosto y que concluirá el 12 de este mes, a las 12,30, con la lectura de la sentencia por parte del tribunal -que integran Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel-, Canosa tuvo la oportunidad de hablar tres veces. Su última diatriba ocurrió hoy, al final de los alegatos. Dijo que «ha sido un proceso de profundo dolor», y «muy difícil no solo para mí, sino para mis hijas, mi esposa, mi familia entera». Y agregó: «Ejerzo la profesión particular (de abogado) y no puedo estar concentrado porque desde hace dos años estoy concentrado en esto».

Después, lanzó un mensaje encriptado: «Pueden hacer las acusaciones que quieran. Hay sentimientos, como el odio, que no se pueden probar, pero lo conozco y lo siento. Y las cuestiones personales no pueden usarse en la fuerza de la persecución penal para tratar cuestiones personales.Por ahora no lo puedo probar. Y no es una amenaza. Es un sentimiento». Negó luego haber beneficiado a sus parientes con las contrataciones, ponderó su gestión en Sidecreer, aseveró que «no tengo nada que ocultar», ponderó haber contestado todas las preguntas de los fiscales, que acudió a todas las indagatorias, y que se considera un «perseguido».

Entonces, se ocupó de la prensa. «Agradezco al sector mayoritario de la prensa que me ha tratado con responsabilidad. Siempre hay excepciones a la regla. Y han dicho y sostenido cosas horribles», sostuvo.

Debate

En la apertura de la jornada de este miércoles, el fiscal Juan Malvasio sostuvo la posición del Ministerio Público Fiscal en relación a derribar «el estado de inocencia con el que vino Canosa a este plenario». Y refutó una afirmación de Canosa, que el juicio sólo se centró en su persona, y para eso Malvasio aportó un dato: «Sus familiares y amigos, quienes se beneficiaron con él, solicitaron suspensión de juicio a prueba. Diego Urba, Carlos Canosa, Mirtha Gueler, María José Cuesta, y José Daniel Romero fueron imputados por estos mismos delitos o por estos mismos hechos, como partícipes primarios. Y optaron por salida alternativa, que es la suspensión del juicio a prueba».

Todos ellos estaban en la misma causa, acusados como partícipes  en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, pero zafaron del juicio y fueron a probation. Malvasio dijo que durante el debate quedó probado que Canosa contrató 32 veces con las empresas de familiares y amigos durante su paso por Sidecreer. «Se demuestra con claridad que Canosa, al mando de Sidecreer, se interesó en forma sistemática y reiterada en beneficiar a terceros: Texmer, en 7 oportunidades; a Diego Urba y María José Cuesta, en16 oportunidades. Y que también contrató con JDR constrcuciones, de su tio José Daniel Romero -casado con María del Carmen Paul, hermana de Nélida Paul, madre del imputado- en 9 oportunidades».

Esas contrataciones, agregó el fiscal, Canosa «las hizo de manera solapada. Y por esa razón logró trasvasar los controles de la sindicatura, del directorio y de los organismos de control». Y recordó que el síndico Julio Rodríguez Signes; el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas; y la vicepresidenta de Sidecreer, Silvia Kupervaser, no objetaron las contrataciones, las 32, porque desconocían que Canosa contrataba con familiares y amigos. «Por eso no realizaron objeciones», apuntó.

Luego calificó de «mentiroso» a Canosa cuando dijo que la condición para contratar era el precio más bajo. «Las contrataciones de Canosa con Texmer son las más promiscuas. El tribunal se preguntará por qué afirmo eso. Texmer es una empresa que se crea con el único objetivo de contratar con Sidecreer». Una de las contrataciones que tenía Sidecreer con esa firma era para la realización de remeras para las maratones anuales. Los dos presidentes de la tarjeta que lo sucedieron, José Bechara y Tomás Prodske, dijeron que era un gasto innecesario la maratón. «Pero para Canosa la maratón era importante. Con la maratón, beneficiaba a su hermano Carlos Canosa y a la señora Mirtha Gueler», puntualizó Malvasio.

Texmer, que en los papeles figura a nombre de Mirtha Gueler, tiene domicilio fiscal en la casa de su yerno, Caros Canosa, en López Jordán al 2700. «Volvemos a advertir una mentira de Canosa. Cuando se le preguntó al imputado si sabe que Texmer era de su hermano, o si sabía de qué trabajaba, lo negó rotundamente. Negó que Carlos Canosa estuviese vinculado con la empresa Texmer».

Recordó una licitación de 2014/2015, la número 03. «El imputado, además de invitar a Texmer, de su hermano y de Mirta Gueler, también invitó a 100% Hockey, una empresa cuya titular es María del Carmen Paul, la mujer de José Daniel Romero (tío del extitular de Sidecreer). E invitan a Sprum. Y esa empresa propone como precio final 166.800 pesos. Y Sidecrerr pagó a Texmer, 197 mil pesos, más de 20 mil pesos de más. Pero claro, el presidente de Sidecreer logró su cometido, que no era cuidar el bolsillo de Sidecrer, sino beneficiar a su hermano».
Luego, puso de resalto las mentiras de los testigos que aportó la defensa, la gerenta de Sidecreer, María Gabriela Bergara, el gerente financiero Juan Andrés Rabbia, y la asesora legal Marcela Rodríguez.

«El presidente de Sidecreer siempre se sostuvo en la misma mentira. Que él intervenía en las licitaciones solamente para adjudicar al mejor postor, la mejor oferta. Pero en las licitaciones privadas, Canosa invitaba a cotizar a sus familiares y amigos. Y esto lo hacía mediante un ardid, que era inmiscuirse en funciones de los gerentes generales que pasaron por la tarjeta, para asegurarse que sus familiares y amigos puedan ser beneficiados», planteó después.

Y respecto de los testigos de la defensa, planteó: «Los testigos balbuceaban porque venían con un guión». En esa situación ubicó a la vicepresidenta de Sidecreer, Silvia Kupervaser. «Una testigo que acomodó su discurso a la teoría del caso de la defensa», evaluó.

El fiscal Santiago Brugo dijo que quedó probado que Canosa fue funcionario público en su rol de presidente de Sidecreer -ese dato lo corroboró el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas-, que hubo interés de parte del imputado en beneficiar a empresas ligadas a parientes y amigos y que Sidecreer es empresa del Estado.

Por eso, pidió que se condene a Canosa a la pena de 5 años y 6 meses de prisión, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Y ante el peligro de fuga, pidió al tribunal que se le prohíba salir del país y que se le imponga la obligación de concurrir a Tribunales cada 15 días a «dar cuenta de sus actividades».

 

Defensa

El defensor Raúl Barrandeguy se ocupó también de la prensa, habló del ensañamiento con funcionarios sometidos a procesos penales por delitos de corrupción, pero reclamó que la Justicia no lleve a juicio a funcionarios sólo porque sus nombres aparecen en una nota periodística. «No podemos permitir que el Ministerio Público acuse por eso, y que el Poder Judicial, lo convalide», planteó.

Dijo que no se estaba debatiendo un delito sino cuestiones que tienen que ver con la ética, y que «las cuestiones éticas no admiten sanción ni persecución penal». Puso el acento en el modo de preguntar los fiscales y cuestionó que se infunda miedo en los testigos. «Hemos visto testigos del sexo femenino amedrentadas por una actitud caprichosa, abusiva, inclasificable de los fiscales», dijo.

Después, sostuvo que «yo creo que Sidecreer era empresa del Estado. Canosa en ningún momento lo negó», aunque después el codefensor, Candelario Pérez dijo todo lo contrario. Pero Barrandeguy negó que Canosa se haya interesado por alguna empresa en particular para contratar desde Sidecreer. «Una cosa es que sea funcionario público, y otra cosa es que haya beneficiado a amigos y familiares. El hecho de interesarse no es lo mismo que tener interés», analizó.

Barrandeguy criticó que no se haya establecido qué normas violó Canosa y por qué se lo acusa como se lo acusa. «En la medida que esto (el juicio) contribuya a que haya menos corrupción, estoy dispuesto a aplaudir a los fiscales. Pero no lo hay. Estamos en presencia de un funcionario transparente», observó.

A su turno, Candelario Pérez sostuvo que «Canosa no es funcionario publico, no podía ser investigado por este delito (negociaciones incompatibles con la función pública). Una sociedad que se inscribe en el registro público de comercio, que tiene estatuto privado, que tiene regulado su directorio, que tiene la forma de elegir a sus integrantes, ¿le vamos a meter funcionario publico? Es un equívoco de principiante».

 

 

 

 

 

 

 

De la Reacción de Entre Ríos Ahora.