El Ministerio Público Fiscal elevó un pedido a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para que fije fecha de audiencia para formalizar la solicitud de remisión a juicio de la causa que investiga el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública y que tiene como único imputado al expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa.

En realidad, Fiscalía ya había presentado a mediados de agosto la remisión a juicio oral de la causa que investiga las contrataciones de Canosa, en su rol de presidente de Sidecreer, con empresas que están ligadas a su familia.

Esa investigación judicial reveló el modo cómo Canosa distribuyó contrataciones y licitaciones con firmas dirigidas por miembros de su familia. Precisamente, la figura legal de negociaciones incompatibles con la función pública alude a las contrataciones que hacía desde Sidecreer con su parentela, imputados todos como partícipes necesarios. En la causa por negociaciones incompatibles, además de Juan José Canosa, quedaron imputados como partícipes necesarios su hermano Carlos Canosa; la suegra de éste, Mirta Gueler; su cuñada Alicia Cuestas; la cuñada de su hermano, María José Cuestas,  el esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba, y José Daniel Romero (61 años), dueño de la firma JDR, que está casado con María del Carmen Paul (hermana de la madre de Juan José Canosa). Pero sólo fueron acusados por Fiscalía cinco de ellos: no prosperó la acusación sobre Alicia Cuestas.

Los cinco, sin embargo, accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba.

El 26 de agosto, la jueza de Garantías de Paraná, Susana María Paola Firpo aprobó la suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa del clan Canosa, que fueron imputados por ser partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa que se le sigue al ex titular de la tarjeta Sidecreer, Juan José Canosa. Los cinco involucrados acordaron realizar trabajos comunitarios durante períodos que van entre un año y un año y medio en organizaciones sin fines de lucro o para el Estado.

El acuerdo fue alcanzado entre la Fiscalía, representada por el fiscal Santiago Brugo, con acuerdo de los defensores Leopoldo Lambruschini, Ángel Garrote, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli. Lambruschini y Garrote representaron a Diego Urba y María José Cuestas; Cullen y Vartorelli defendieron a Mirta Graciela Gueler y José Daniel Romero y Carlos Alberto Canosa (hermano del ex titular de Sidecreer).

Carlos Alberto Canosa (44 años, casado con Alicia Cuestas) y su suegra Mirta Gueler (62 años) acordaron realizar trabajos en su taller de costura, que tienen en calle José María Suviría al 1175, durante un año y medio, dos horas semanales. La Oficina de Medios Alternativos (OMA) dispondrá para qué institución sin fines de lucro o del Estado realizarán los trabajos. A Gueler y Carlos Alberto Canosa se les compró indumentaria por diferentes sumas de dinero mientras Juan José Canosa, hermano de aquel, era titular de Sidecreer.

En tanto, José Daniel Romero (61 años), dueño de la firma JDR, que está casado con María del Carmen Paul (hermana de la madre de Juan José Canosa), acordó realizar trabajos comunitarios, en cualquier institución pública o privada sin fines de lucro, en el rubro en el que se especializa, la construcción, dos horas semanales durante un año y medio.

Según detalló el fiscal Brugo en la audiencia, el hombre realizó tareas de albañilería para Sidecreer por las que cobró diferentes sumas de dinero. El 27 de agosto de 2013 se le pagó más de $ 78 mil; y en los años siguientes recibió pagos que van de los $14 mil a los $3 mil.

María José Cuestas ( 47 años) y su esposo Diego Urba (47) acordaron realizar trabajos comunitarios: tareas de capacitación en la fundación “Los sin Techo”, en Santa Fe. Dicha fundación está a cargo del programa “Volver a estudiar”, que está dirigida a personas de bajos recursos y que tiene modalidad online.

Las capacitaciones serán por 4 horas semanales durante un año, y se comprometieron a donar dos computadoras en uso pero que estén en condiciones para ser utilizadas. Además, le donarán $5 mil a la misma entidad. La jueza hizo lugar al pedido. Cuestas es presidenta de la empresa Excelcom, y Urba, que es ingeniero en sistemas, es su director comercial. Ambos tienen 3 hijos y residen en Santo Tomé, en Santa Fe.

La compañía de insumos informáticos fue contratada en diferentes oportunidades por la gestión Canosa en Sidecreer, entre 2007 y 2015. Cuestas es hija de Mirta Gueler y Néstor Cuestas; su hermana está casada con Alberto Canosa.

 

Ya con probation para todo el clan, resta definir el juicio que se seguirá al paterfamilias por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Pero in pectore, la Justicia tiene otra investigación en marcha: la que busca determinar si Canosa se enriqueció a su paso por la función pública.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.