Juan José Canosa fue presidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) durante los dos períodos de gobierno de Sergio Urribarri.
En ese período, según la sospecha que la Justicia, se enriqueció y, además, benefició a parientes y amigos en la adjudicación de licitaciones, delito que está tipificado como negociaciones incompatibles con la función pública.
Y por ese segundo hecho fue citado como imputado para prestar declaración el próximo viernes 11.
¿A quién benefició?
Canosa compró a su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler, U$S 262.300 en indumentaria y uniformes para el personal de Sidecreer.
También contrató a su cuñada, Alicia Susana Cuestas (pareja de Carlos Alberto Canosa), y a la hermana de esta, María José Cuestas, y al esposo de esta última, Diego Aníbal Urba, amigo de Canosa, a través de Excelcom SA otros U$S 635.000 dólares en insumos informáticos.
Mirta Gueler, suegra del hermano de Juan José Canosa, es la madre de María José y Alicia (presidenta y directora de Excelcom SA respectivamente), y es suegra también de Diego Urba, otro integrante de la sociedad anónima, amigo personal de Juan José Canosa y concuñado de Carlos Alberto Canosa.
Esos datos los publicó el sitio www.noticiauno.com.ar.
Mirta Gueler es esposa Néstor Cuestas, padre de María José y Alicia (suegro de Carlos Canosa y Diego Urba), integrante de los Hermanos Cuestas.
Sidecreer pagó sólo a dos proveedores (a Excelcom SA por insumos informáticos y a Mirta Gueler por indumentaria) la suma de U$S 897.300 dólares.
Esos insumos e indumentaria fueron comprados por el Directorio de Sidecreer al mando de Juan José Canosa para la supuesta “actualización tecnológica y modernización de la empresa” y para “proveer uniformes al personal de la empresa”. Aunque algunos de los bienes también se adquirían para luego ser “donados” en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresaria creado e implementado por el Directorio de Sidecreer en el año 2012.
En los domicilios de esas personas y de esas empresas se desarrollaron cinco allanamientos. El último, en la casa de Sofía Montefiori, suegra de Canosa, un departamento ubicado sobre calle Buenos Aires al 400.
Esta mañana, en la audiencia de discusión de pruebas que se realizó en Tribunales, el defensor de Canosa, Raúl Barrandeguy, entendió que el caso no merecería encuadrarse como delito sino que se trata de una discusión moral. Incluso, habló que podría ser un pecado.
Que en todo momento, comentó, Canosa estuvo dispuesto a colaborar con la Justicia. “Canosa hace otra presentación después de ese allanamiento (se refiere al procedimiento en casa de su suegra), abre las puertas de su morada, renuncia al derecho sagrado que consagra la constitución, el respeto por el domicilio, el respeto absoluto por el domicilio”, dijo Barrandeguy.
Y continuó: “La documentación secuestrada a la señora Montefiori eran documentos para sostener su defensa. El imputado preparaba su defensa material”.
Después, recorrió otros senderos en su exposición. Habló de confusiones.
“Canosa quiere colaborar, quiere refutar la acusación, viene a decir esto es mentira, viene a decir acá hay una injuria, acá se confunden con cuestiones políticas, acá se mezcla delito con pecado, acá se está juzgando conductas que se suponen inmorales, y se las quiere enmarcar con tipos penales”. Eso dijo Barrandeguy.
O sea: Canosa no cometió ilícitos. Cometió un pecado. Y no debería rendir cuentas ante un juez, sino en un confesionario.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.