La idea ya se está trabajando en el Senado. Y este miércoles se socializó durante un plenario que reunió a todos los actores que tienen algo para decir en el tema. No sólo autoridades del Consejo General de Educación (CGE) y de los sindicatos docentes, sino también a la Justicia, a la Policía y al Gobierno.
En ese ámbito, la Cámara Alta, el senador Ángel Giano (FPV), presentó el proyecto de reforma al Código de Contravenciones de la Policía, una norma que rige desde 1952, y propuso incorporar un apartado que prevé arresto “de 2 a 8 días y multa” a quien “hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente a un trabajador de la educación”; también a quien “insulte”, “arroje contra un trabajador de la educación o contra un bien de utilidad educativa, elementos de cualquier naturaleza”.
La misma sanción para quien ingrese “sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente”. O que “perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa”.
La iniciativa, además, indica que serán consideradas “como agravantes de las acciones tipificadas cuando las mismas se cometan frente o en presencia a los alumnos. En ese caso, la sanción establecida será el doble de la dispuesta en el artículo anterior”.
Del encuentro en el que se debatió el tema, convocado por la Comisión de Seguridad del Senado, participaron el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri; el procurador Jorge García; el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; el vocal del Consejo General de Educación, Gastón Etchepare; el secretario de Justicia, Martín Uranga; el jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; el secretario General de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Fabián Peccin; la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya; el secretario del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Sergio Pesoa y el secretario General de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), Jorge Besel. Y los senadores Ángel Giano, Raymundo Kisser, Roque Ferrari, Nancy Miranda, Daniel Olano, René Bonato, Francisco Morchio y Lucas Larrarte.
Giano explicó que “se trata de mejorar el código de contravenciones de la provincia, una ley antigua, pero creemos fundamental la defensa de los trabajadores de la educación”. Al respecto, agregó: “Pensamos en generar agravantes, como es que una falta contra un trabajador de la educación, se haga frente a alumnos”, explicó.
“Vemos con estupefacción lo que nos muestran los medios cuando son agredidos, hostigados, insultados, los trabajadores de la educación”, señaló el legislador.
“Este encuentro es un disparador, podemos llegar o no a sancionar una ley, pero la Legislatura no puede estar ajena a este tema y por lo tanto oír a los actores del sistema es de fundamental importancia”, enfatizó.
El senador Raymundo Kisser (Cambiemos) destacó que “se trata de resguardar fundamentalmente al educador y esencialmente al ámbito educativo, para que sea adecuado para que el niño se forme, se eduque, porque se ha ido generando al amparo de diversas invocaciones un desorden que afecta el proceso de enseñanza aprendizaje”.
Y agregó que “se debe propugnar a lograr un ámbito virtuoso. No puede ser que el padre o tutor pretenda imponer al docente condiciones en relación a la educación de su hijo”.
En tanto, el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri señaló que en forma permanente se aborda este tema con los diferentes actores del sistema educativo, buscando dar la mejor respuesta desde el Estado. Y adelantó a los legisladores que ha elaborado un borrador con propuestas desde su cartera, que será entregado a los legisladores y a los representantes de la Justicia provincial para que den su opinión. Recordó que “se ha hablado en forma permanente con los trabajadores docentes, para darles seguridad en su función”.
Urribarri avanzó con sus colaboradores buscando generar herramientas contemplando la defensa plena de los derechos humanos, adecuando la normativa entrerriana a la actualidad, tipificando conductas concretas que tal vez escapan de los alcances del código penal.
La senadora Nancy Miranda (FPV) dijo que “se debe tener como una cuestión relevante la reiteración de conductas contra los trabajadores de la educación, para que en forma progresiva vaya aumentando la sanción”.
En tanto que su par Lucas Larrarte expuso que “se tiene que tener muy en cuenta dentro del sistema que se propone, asegurar el derecho pleno de defensa en todo el proceso que se puede llegar a iniciar por un problema dentro del ámbito escolar”.
Pero en la reunión hubo quienes prendieron algunas luces de alerta.