La jueza de Garantías Eliza Zilli prorrogó por «90 días o hasta la celebración de la audiencia de Debate, lo que ocurra primero» la prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná de Antonio Cardoso. Se trata del exempleado del Ministerio de Gobierno y Justicia acusado de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de más de 10 mujeres. 

De ese modo, la magistrada hizo lugar al pedido que formularon, en la audiencia que se celebró el último viernes en los Tribunales, por parte de los fiscales Ileana Viviani y Leandro Dato, quienes argumentaron que se mantienen en pie los riesgos procesales que supondrían dejarlo en libertad a Cardoso. De ese modo, la jueza Zilli no hizo lugar a la petición de la abogada defensora, Corina Beisel, que mostró su desacuerdo con la solicitud del Ministerio Público Fiscal, por cuanto consideró «desproporcionada» la medida y solicitó la libertad de su defendido.

De ese modo, Cardoso seguirá en la Unidad Penal N° 1, de Paraná, hasta el próximo 17 de enero de 2021.

En su resolución, la jueza requirió al Servicio Penitenciario de Entre Ríos que arbitre los medios necesarios «para asegurar la continuidad del tratamiento y atención brindada al Sr. Cardoso, por el padecimiento de salud del mismo, en cuanto a las atenciones requeridas, controles médicos, medicación a brindársele». Y además recomendó que se le suministre «la dieta que el mismo requiere, conforme así le ha sido prescripto por sus médicos tratantes».

La causa se inició en febrero, cuando se puso al descubierto la maniobra perversa que ejercía sobre mujeres que buscaban trabajo: las citaba a su vivienda en calle Italia al 500, en Paraná, bajo la promesa de conseguirles un empleo y, tras sedarlas, las abusaba. 

El 25  de marzo, el juez de Garantías N° 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, le aplicó dos meses de prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Desde entonces, la medida viene siendo prorrogada.

Cabe recordar que cuando el caso tomó estado público, el Ministerio de Gobierno y Justicia, que encabeza Rosario Romero, suspendió el pago de haberes del empleado e inició  las actuaciones administrativas para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan.

En el sumario abierto se especifica que la fuerza policial informó que “la acción del denunciado consistía en la captación de potenciales víctimas, previa solicitud de currículum y concreción de falsa promesa de empleo en distintos niveles del Estado, para posteriormente citarlas”.

Y se concluye que “la conducta reprochable al agente Cardoso se relacionaría con el aprovechamiento de su vinculación actual al Estado Provincial, valiéndose de la información recabada por conocimiento directo o indirecto en su función, para la obtención de ventajas que repercuten en su beneficio personal y son ajenas a las finalidades propias de las tareas desempeñadas, resultando evidente la exposición directa a que se ve sometido el empleador al involucrarse su personería en la modalidad adoptada por el agente para atraer a sus víctimas, comprometiendo seriamente el decoro en el ejercicio de las funciones, el cumplimiento de los cometidos públicos y en especial el principio de transparencia, agravado todo ello por la índole de los hechos denunciados”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora