La comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se refirió a la investigación que lleva adelante la Justicia de Nogoyá en torno a los hechos denunciados Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen respecto a la aplicación de tormentos y a la privación de la libertad de la que dos exmonjas dijeron haber sido víctimas.
La instrucción la inició el fiscal Federico Uriburu, el 25 de agosto, cuando el tema salió publicado en portada de la revista “Análisis”. Ese día, además, Uriburu ordenó un allanamiento al monasterio de las monjas carmelitas de clausura, y secuestró distintos elementos que las religiosas utilizan para autoflagelarse. Ese procedimiento ahora fue reprochado por el Episcopado, que dijo: “Esa forma de actuar, que sería igualmente poco adecuada en una casa de familia, ofende especialmente a la consideración que merece una casa de oración legítimamente constituida, y al sentimiento religioso de la comunidad católica.”
El pronunciamiento de los obispos –que firman los integrantes de la comisión ejecutiva, José María Arancedo (Santa Fe), Mario Poli (Buenos Aires), Mario Antonio Cargnello (Salta) y Carlos Humberto Malfa (Chascomús), plantea: “En primer lugar, queremos dejar en claro que la Iglesia Católica no busca ningún privilegio frente a la legítima acción del Estado en la investigación y sanción de los delitos que puedan cometerse en cualquier ámbito. Si efectivamente se hubieran cometidos delitos, la Iglesia es la primera interesada en que se haga justicia.”
Pero en seguida observó que “en este caso concreto llamó la atención el modo de proceder de las autoridades intervinientes. No había ni hay ningún motivo para presumir que un monasterio conocido y de extendida presencia necesitara ser allanado de ese modo. Esa forma de actuar, que sería igualmente poco adecuada en una casa de familia, ofende especialmente a la consideración que merece una casa de oración legítimamente constituida, y al sentimiento religioso de la comunidad católica”.
Respecto de las costumbres de las carmelitas –que siguen una regla aprobada por la Santa Sede en 1991, y que casi ningún Carmelo sigue hoy día—el Episcopado señaló que “puede ser difícil de comprender en nuestro tiempo. Queremos reafirmar la especial estima, valoración y agradecimiento que los obispos y el Pueblo de Dios tenemos hacia la vida religiosa contemplativa. Se trata de un testimonio luminoso que nos ayuda a descubrir la presencia de Dios. Los monasterios son lugares de oración y de paz, que hacen mucho bien a la Iglesia y a la misma sociedad.”
Y al final, dicen los obispos: “Esperamos que la Justicia se expida con prontitud, que lo haga en base a elementos objetivos y respetando en toda su amplitud la legislación vigente y la libertad religiosa de las personas y de la Iglesia misma. Acompañamos al obispo del lugar y exhortamos a los fieles a unirse en oración por todos quienes ejercen un grado de autoridad en este caso, para que lo hagan con los necesarios recaudos jurídicos que requiere un hecho que presenta instancias canónicas que deben ser tenidas en cuenta”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.