La investigación en torno al caso del monasterio carmelita de Nogoyá quedó entrampada en medio de una insólita situación: tanto la Justicia Federal como la Justicia provincial se han declarado incompetentes para asumir la tramitación de la causa.
El 15 de septiembre último, la monja Luisa Toledo fue apartada del cargo de priora del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, y reubicada en otra casa religiosa.
Así lo decidió el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, a partir de una petición formulada por el fiscal Federico Uriburu, que el 25 de agosto empezó a investigar las denuncias formulada por dos exreligiosas del monasterio, que hablaron de torturas, privación de la libertad y malos tratos.

La religiosa, que durante más de dos décadas dirigió el monasterio carmelita, notificó en la Justicia que encontró refugio en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá. Está con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros, que, rara coincidencia, fueron las que denunciaron al cura Juan Diego Escobar Gaviria..
La medida del traslado no implicó quitarle la jerarquía que tiene en el monasterio –eso lo puede hacer solamente la curia– aunque sí supuso alejarla del convento nogoyaense para así evitar la influencia sobre las otras religiosas. Al tomar esa medida el juez atendió un pedido formulado por el fiscal Uriburu. La determinación judicial fue comunicada oficialmente al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y a la Nunciatura en Argentina.

Pero la decisión judicial de obligar a la monja a retirarse del convento fue reprochada por los abogados defensores de Toledo, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, que apelaron la decisión del juez Acosta. El recurso llegó al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, que ahora resolvió el entredicho.
Pero en Gualeguaychú, la jueza Alicia Cristina Vivian, del Tribunal de Juicios y Apelaciones, declaró la incompetencia de la Justicia provincial para investigar el caso del monasterio.
La resolución de la jueza Vivian ya fue apelada en Casación por el fiscal coordinador Lisandro Beheran.
Pero antes, la Justicia Federal se había declarado incompetente.
El fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada, emitió un dictamen contrario a la petición de los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, defensores de la monja carmelita Luisa Toledo, que habían peticionado que la causa del convento de Nogoyá salga de la órbita provincial y recale en la Justicia Federal.
El fiscal emitió dictamen en el que señaló que “de acuerdo a lo aportado por la solicitante, por el momento no hay razones para que intervenga la Justicia Federal”.
Luego, a principios de octubre, el juez federal Leandro Ríos rechazó el planteo efectuado por la defensa de la monja Toledo para que el caso pase a la Justicia Federal.
El magistrado consideró que por el momento “resulta prematuro” que la investigación pase al fuero federal, pero no descartó que eso pueda ocurrir más adelante, según publicó Página Judicial. “Resultaría precoz en el presente estadio de la causa –aún en sus albores– sostener que compete a la Justicia Federal su tramitación, toda vez que resta desarrollar la pesquisa sobre aquellos aspectos fácticos que aún son materia de una investigación insipiente” por parte del Juzgado de Garantías de Nogoyá, señaló Ríos en su resolución.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.