La Justicia provincial decidió avanzar con la investigación penal en torno al presunto delito de privación de la libertad en el que habría incurrido la superiora del convento carmelita de Nogoyá, Luisa Toledo, tras la denuncia hecha por dos exnovicias, que lograron escapar de esa casa religiosa.

Hay una orden impartida por el procurador general de la provincia, Jorge García, para que la Justicia de Nogoyá retome la investigación,  y eleve la causa a juicio, aún cuando todavía no está resuelta la competencia. El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú resolvió que no es competencia del fueron provincial; y del mismo modo, la Justicia Federal se declaró incompetente.

Así las cosas, el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, envió el caso para que sea dirimido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero mientras no haya decisión de la Corte, dijo el fiscal Federico Uriburu, a cargo de la investigación penal, se avanzará en el fuero provincial.

Una de las últimas medidas que adoptó el fiscal fue pedir explicaciones al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, de las razones por las cuales la superiora del convento carmelita fue apartada de su función y mudada a una casa religiosa del Chaco. Puiggari respondió de forma escueta e insuficiente:  admitió el traslado pero no dio motivos.

Enterados de los movimientos que empezó a dar el fiscal Uriburu, los defensores de la monja Toledo, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, le pidieron al juez Acosta que frenara cualquier movimiento hasta que no resuelva la Corte. Pero ese pedido iba a ser resuelto en una audiencia de partes, que se convocó y se suspendió, por ahora sin fecha. “Mientras la Corte no resuelva, yo puedo avanzar igual –dice Uriburu–. En Nogoyá, fuimos los primeros que intervenimos, y entonces la competencia es nuestra hasta que la Corte diga otra cosa”.

El delito que se le reprocha a la superiora es el de privación de la libertada agravada por el uso de violencia.

 

Cómo empezó

La causa penal que se abrió el 25 de agosto último investiga las denuncias de dos exmonjas sobre aplicación de tormentos y privación de la libertad en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.

Luisa Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta. Primero, se la alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.

Allí, convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, las mismas que denunciaron al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos.

Pero allí Toledo estuvo poco tiempo.  A mediados de diciembre último, fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

En esa ciudad está alojada en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis Diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña.

Esa mudanza de la monja fue comunicada al juez Acosta, que controla su paradero, por los defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, contratados por la curia para ejercer la defensa técnica.

 

Claro que el apartamiento de la superiora del convento dispuesto por el juez Acosta fue discutido por los defensores, que de igual modo tienen un planteo de fondo: entienden que no es la Justicia provincial la que tiene facultad para intervenir, sino que le corresponde la causa al fuero federal.

El incidente fue resuelto en Gualeguaychú.

En esa ciudad, la jueza Alicia Cristina Vivian, del Tribunal de Juicios y Apelaciones, declaró la incompetencia de la Justicia provincial para investigar el caso del monasterio carmelita.

Pero la resolución de la jueza Vivian no quedó firme, sino que fue apelada en Casación por el fiscal coordinador Lisandro Beheran.

Beheran no comparte el criterio de la magistrada porque entiende que se investigan delitos comunes, en los que es competente la justicia provincial.

El incidente llegó para su resolución en la Cámara de Casación Penal de Paraná.

Mientras la Justicia provincial debatía su competencia, la Justicia Federal, adonde los defensores de la monja se habían presentado, declaraban su incompetencia.

El fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada, emitió un dictamen contrario a la petición de los abogados Cullen y Vartorelli, defensores de la monja carmelita. Y señaló que “de acuerdo a lo aportado por la solicitante, por el momento no hay razones para que intervenga la Justicia Federal”.

A esa posición se sumó el juez Federal de Paraná, Leandro Ríos.

De ese modo, hubo una doble declaración de incompetencia: de la Justicia Provincial y de la Justicia Federal.

Ahora, el caso fue remitido para que dirima la cuestión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras, la Justicia provincial decidió avanzar con la investigación, cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.