Todo empezó en las reuniones de la Renovación Carismática Católica, esa corriente emparentada con el pentecostalismo a la que la Iglesia de Paraná dio cabida a principios de la década de 1990 de la mano del cura Orlando Mattiassi, entonces párroco del Inmaculado Corazón de María, de Bajada Grande, fallecido este lunes 16, a los 90 años.

Mezclado con los asuntos de la fe se amasó un verdadero dislate financiero que tuvo en jaque a la Provincia por varios años y que hoy, 30 años después, todavía no tiene un cierre definitivo.

La historia se escribe en dos rumbos.

En 2009, la Provincia decidió quitarle el poder de representación en las causas que se siguen en el país y en el  exterior al abogado santafesino Eduardo Giménez Lassaga en torno a la tramitación, en 1992, de la carta de crédito Nº 004 emitida por el entonces Banco de Entre Ríos Sociedad de Economía Mixta (BERSEM) tendiente a obtener un crédito de 25 millones de dólares a una tasa del 21 % anual de interés.

Ese dinero jamás ingresó al banco, pero aquella carta de crédito, que tramitó en el Bank of America el entonces presidente de Líneas Aéreas de Entre Ríos (Laer), Domingo Salvador Dato, único funcionario de la administración del entonces gobernador Mario Armando Moine con visa para ingresar a Estados Unidos, siguió un sendero tortuoso, y cayó en manos de un ciudadano convertido luego en personaje central de la historia: Joseph Louis Vadino, vinculado a la industria del cine norteamericano.

La gestión derivó en una causa en el Juzgado Federal de Paraná, que presentó el 25 de octubre de 1993 el entonces presidente del Banco de Entre Ríos, Raúl Alberto Gaillard, con representación letrada de Giménez Lassaga, en una acción declarativa de nulidad de aquella carta de crédito, convertida en una especie de pagaré, que todavía sigue en trámite. Aunque en Estados Unidos, Vadino inició una causa paralela, contra el Banco de Entre Ríos, presentándose como poseedor de la carta, y exigiendo el pago de los 25 millones de dólares que supuestamente habían sido otorgados en préstamo a la Provincia.

En el ínterin, el Banco de Entre Ríos se privatizó, pero con una cláusula de inmunidad a favor de los compradores ante eventuales reclamos por la carta de crédito 004, y en ese caso respondería patrimonialmente la Provincia. Y mientras la historia seguía rodando, Giménez Lassaga seguía ligado al Estado provincial, y por cada gestión judicial en torno a la carta percibía 200 dólares la hora. Sólo hasta 2003, según los registros oficiales, se le habían pagado 80 mil dólares.

 

La gestión del préstamo a través de una carta de crédito, en realidad, la inició el antecesor de Gaillard al frente del Banco de Entre Ríos, Juan Carlos Reffino. El 8 de julio de 1992 Reffino recibió un llamado con una propuesta financiera de un antiguo conocido, Osvaldo Cuadro Moreno: ambos habían trabado relación en los encuentros religiosos que entonces congregaba la  Renovación Carismática Católica en la Parroquia Inmaculado Corazón de María, de Bajada Grande.

Lejos de los asuntos del alma, aquella conversación giró en torno a asuntos bien terrenales: la posibilidad de que el banco, entonces en una delicadísima situación financiera al punto de que un informe del Banco Central alertó sobre pérdidas de más del 60 % de su patrimonio en el período 1991/1992, accediera a un préstamos de 25 millones de dólares con un año de plazo para pagarlo. La operación sería documentada mediante la emisión por parte del banco de una carta de crédito stand by.

Fue un trámite sumarísimo. El 10 de julio, dos días después de aquella llamada, Reffino transmite la propuesta al directorio del banco, que la acepta, y emite tres cartas de crédito, 001, 002 y 004, que por distintos motivos, terminaron en fracaso. Aunque la 004 es la que prospera, pero siguiendo un curso muy complicado: fue emitida el 5 de octubre de 1992, por un monto de 25 millones de dólares, teniendo como beneficiario a Patrick Amportey, único accionista, director y funcionario de Cika Montague Investments (CIKA), con oficinas en Fresno, California, Estados Unidos.

Amportey luego cedió los derechos a Vadino, aunque lo que siguió es una saga con mucho color local, enredos y cierto encanto de república bananera.

Parte de la historia está escrita en la causa N° 18.224 que se tramitó en la Justicia provincial por una “tentativa de estafa”. Según el testimonio de Mario Antonio Trevisan, en 1992 gerente general del Banco de Entre Ríos, el banco Welss Fargo, constituido en banco notificador de la transacción, notifica la imposibilidad de dar trámite a la operación. Entonces, Amportey le sugirió a las autoridades del banco que “para finalizar la operación debía enviarse un emisario portando el original de la carta de crédito”. El banco siguió el consejo a pie juntillas, y envió como emisario a Dato, único funcionario del Gobierno con visa de ingreso a Estados Unidos.

 

 

La idea era que el emisario, Domingo Dato, viajara a Estados Unidos con dos ejemplares de la carta de crédito, el original y la copia.  El original quedaría depositado en custodia en el Bank of America, y el duplicado se entregaría a los inversores para que ellos hicieran los trámites necesarios para transferir el dinero. En tanto, el original se entregaría recién cuando se tuviera el comprobante del depósito de los 25 millones de dólares.

Dato viajó a Los Angeles, Estados Unidos, el 4 de noviembre de 1992, y al día siguiente se reúne con Amportey y junto a otros hombres que no pudo identificar concurrieron al Bank of America. Y “ni bien ingresan por la puerta se encuentran con un escritorio donde estaba sentado un masculino de rasgos asiáticos que tenía delante suyo, sobre el escritorio, un cartel que lo identificaba como Ross Chang, (que) aparentemente era empleado del banco”, se lee en la causa judicial.

Las directivas de Carlos Humberto Vuconich, gerente financiero del Banco de Entre Ríos, eran que Dato debía entregar un sobre conteniendo una copia de la carta de crédito a Amportey, luego debía recibir una boleta de depósito de los 25 millones, y faxear ese documento a Paraná desde Los Angeles. Pero los planes se echaron a perder: Amportey exigió el original de la carta de crédito, a lo que Dato accedió luego de comunicarse vía telefónica con Vuconich.

Según Dato, Vuconich le dijo que dejara el original de la letra en manos del Bank of America, aunque los americanos sólo le confirman que depositarían 7 en vez de los 25 millones prometidos; el resto estaría disponible en un plazo de 10 días. Es decir, nada como había sido pactado de antemano.

Aún así, transcurridos quince días del regreso de Dato a Paraná, y no teniendo el banco noticias del depósito, se decide anular la operación, y se comunica la decisión a todas las partes involucradas: el Bank of America, Patrick Amportey y Hollow Holding, el intermediario de la operación.

Claro que después, en la causa judicial, Vuconich contradijo a Dato, y negó haberle ordenado que dejara el original de la carta de crédito sin que se haya verificado el depósito del préstamo de 25 millones de dólares.

El 19 de octubre de 1993, menos de un año después de iniciada la operación financiera, Luis Joseph Vadino se presenta en la casa central del Banco de Entre Ríos y reclama el pago de la carta de crédito 004. Como no consiguió lo que pretendía, volvió a Estados Unidos y entabló una demanda contra el banco.

 

El FBI investiga

 

El caso de la carta de crédito 004 ha seguido un curioso camino en el que se cruzó una investigación del FBI (Oficina Federal de Investigaciones de  Estados Unidos) por maniobras fraudulentas en operaciones bancarias.

A fines de septiembre de 1992 Hollow Holdings le informa al Banco de Entre Ríos que Patrick Amportey, quien controlaba el Cika Montague Investments Inc, estaba interesado en la transacción con la carta de crédito.

Para dar garantías, le informa además que Amportey controlaba una cuenta de un billón de dólares en el Cibibank Credit Service de Texas.

Ante un requerimiento formal del Banco First de Los Angeles, el 1° de julio de 1993 el Banco de Entre Ríos comunica formalmente que la carta de crédito 004 ha sido cancelada, y envía un texto similar al Bank of America, al CIKA de Amportey y a Hollow Holdings, el intermediario de la operación.

El 27 de julio de 1993, en Nassau, Amportey cede los derechos sobre la carta a Joseph Vadino, quien luego la transfiere a Tradexx. Aunque el 28 de julio Vadino ofrece la misma carta a Capital Investment Bank of Antigua, como garantía por un préstamo de 1 millón de dólares.

El 14 de septiembre de 1993, Amportey ejecuta una declaración jurada en Fresno, California, en la que entre otras cosas niega haber hecho algún desembolso de dinero al Banco de Entre Ríos ni tampoco haber endosado la propiedad de la carta de crédito 004 a ningún tercero.

En la investigación abierta, Amportey contó que en julio de 1993 se había visto involucrado en una batalla judicial por la custodia de sus hijos, y que había dejado la tarea de negociar la carta de crédito primero en manos de Patricia Goodwin, luego a Dennis Lanning y finalmente a Joseph Vadino.

 

 

 

La versión de Vadino

 

 

En 1995, se conoció una versión de Joseph Vadino sobre el controvertido caso de la carta de crédito 004. Fue una declaración enviada por carta en la que explicó que fue “víctima de funcionarios argentinos que han conspirado, mentido y robado con el fin de enriquecerse personalmente a expensas de la ciudadanía”.

Y planteó que el préstamo, en realidad, no fue para inyectar fondos al Banco de Entre Ríos sino para financiar una película suya –declaró haber trabajado en los estudios Disney—llamada Quasar, con un costo de 20 millones de dólares. “Quasar fue la película en la que la provincia de Entre Ríos decidió invertir por medio de su representante Patrick Amportey, para lo cual emitió la carta de crédito 004 como aval de un préstamo de producción del film por valor de 22,5 millones de dólares, que fue negociado por el banquero de inversiones londinense Rofie Malick”, explicó.

Vadino dice que Patrick Amportey es en realidad un monarca de Ghana, Africa Occidental, donde se hace llamar Nene Baffour Ocansey II, y defiende la propiedad sobre la carta de crédito. Y por eso inició una demanda contra el Banco de Entre Ríos en la Corte de California.

 

¿El fin?

Treinta años después, los funcionarios del Gobierno de Entre Ríos entienden que el caso está cerrado por prescripción. Que nadie podrá reclamar el pago de aquella carta de crédito 004 que nadie saber a ciencia cierta qué destino final tuvo.

El abogado Giménez Lassaga decidió pleitar cuanto pudo en el proceso de quiebra del exBanco de Entre Ríos, que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 9. Reclama que la Provincia le liquide lo que le adeuda en concepto de honorarios.

En el Gobierno aseguran que lleva todas las de perder. Tampoco dan posibilidades de que pueda prosperar una eventual demanda contra el Estado entrerriano de parte de quien hoy tenga en su poder aquella carta 004 por un monto de $25 millones de dólares. Que está prescripta.

Aunque el final está abierto.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora