La Secretaría de Trabajo de la provincia, a cargo de Oscar Balla, intervino este lunes en el conflicto suscitado entre la empresa José Cartellone Construcciones Civiles SA y los 150 trabajadores que fueron suspendidos por 20 días sin goce de haberes por la paralización de la construcción de un tramo de la Autovía 18, entre Paraná y Viale.

Los trabajadores fueron suspendidos el jueves pasado y ya llevan seis días de acampe en el obrador que la firma tiene en la ruta nacional 32, cerca de Viale. Este lunes por la mañana, Balla encabezó un encuentro del que participaron un apoderado legal de la empresa; el secretario adjunto de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Hugo Salazar; el abogado del sindicato, Roberto Quinodoz, y el delegado de los trabajadores, Pedro Díaz.

En el encuentro se acordó que la firma responda este martes por la mañana si dará marcha atrás con la medida dispuesta el jueves pasado. Hay tres posibles alternativas que pueden darse en esta etapa del conflicto: si la empresa llega a un acuerdo con Vialidad nacional podría dar marcha atrás con las suspensiones; la Secretaría de Trabajo podría decretar la conciliación obligatoria solicitada por el gremio; o, si no hay respuestas satisfactorias, los trabajadores podrían definir cortar la ruta nacional N° 18.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, Balla dijo que desde este lunes busca mediar una salida al conflicto y que con ese objetivo se reunió con las partes. “Hasta ahora no se ha solucionado el problema pero hubo dos o tres alternativas donde la empresa iba a ver qué posibilidades existían para tratar de que los trabajadores no estén 20 días suspendidos”, dijo el funcionario.

En ese sentido, Balla informó que este lunes se comunicó con el Jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Antonio Rubio, quien le manifestó que mantendría un encuentro con funcionarios nacionales para tratar el conflicto entre la empresa Cartellone y sus trabajadores.

Según el secretario de Trabajo, la firma se comprometió a evaluar entre este lunes y martes “qué podía hacer para que los trabajadores no estuvieran los 20 días suspendidos y, a su vez, Rubio me va a contestar cuáles eran las actuaciones que se estaban llevando a cabo en Vialidad nacional”.

Balla explicó las dos posiciones que existen en el conflicto. “Por una lado, la empresa aduce que todo es un problema que Vialidad nacional que no le ha terminado todo el movimiento de los cambió de la obra. Ellos aseguran que no pueden seguir hasta que no tengan una respuesta concreta de Vialidad nacional”.

En tanto, señaló que la postura de la Uocra es que “los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo para que no estén 20 días suspendidos. Desde la empresa se comprometieron a comunicarse este martes conmigo para informarme la decisión que tomen”.

En cuanto a la posibilidad de decretar la conciliación obligatoria solicitada por Uocra, Balla aseguró que va a esperar la respuesta de los apoderados de la firma hasta aproximadamente las 10 de la mañana de este martes. Si no hay una respuesta en favor de los trabajadores podría hacer lugar al pedido de conciliación formulado por el gremio de la construcción.

“Mi idea es tratar de que llegar a un acuerdo las partes. Voy a esperar la respuesta de la empresa hasta las 10 de la mañana, y después veremos qué hacemos”, finalizó Balla.

Por su parte, Pedro Díaz, delegado de la Uocra en Cartellone, dijo que “la empresa pidió un plazo hasta este martes porque tenían una reunión con Vialidad nacional para comenzar a negociar sus diferencias”.

“El inconveniente nuestro es que seguimos pidiendo rechazar de plano toda esta suspensión por 20 días y que a toda la negociación la hagan con nosotros trabajando”, agregó.

En ese marco, el dirigente sindical señaló que “junto con el abogado del gremio solicitamos se llame a conciliación obligatoria para ver si podíamos empezar a trabajar este martes o el miércoles”.

A pesar de que aún no recibieron una respuesta, el dirigente valoró que las partes hayan comenzado a negociar. “Es un avance donde Vialidad ya está dialogando”, dijo y reiteró que una solución a corto plazo es que la Secretaría de Trabajo convoque a conciliación obligatoria, de modo que la firma deba dar marcha atrás con las suspensiones y que negocie con Nación con los trabajadores en sus puestos.

Al finalizar, el dirigente gremial advirtió que si no hay una respuesta satisfactoria para los 150 trabajadores cortarán el tránsito de la ruta nacional N° 18. “Si la empresa rechaza la conciliación obligatoria entonces es muy probable que salgamos a intervenir la circulación de la ruta nacional N°18”, finalizó.

Qué dijo la empresa
Este lunes por la tarde, la firma constructora emitió un comunicado reproducido por Análisis Digital en el que dio sus motivos por los cuales se suspendió al personal y se paralizó la obra. Según informó la empresa, “para dicho proyecto, está en curso desde diciembre de 2014 un trámite llamado `Modificación de obra´. La Dirección Nacional de Vialidad, organismo encargado de la aprobación del documento, ha solicitado varias cambios y ajustes en el curso de los dos años de duración del trámite, a los cuales la compañía respondió realizando los ajustes necesarios en forma inmediata, recibiendo sobre ellos nuevos pedidos de modificaciones en lugar de la aprobación parcial o total del trámite”.

En su sitio oficial, la compañía informa que el monto total de la obra que hoy se encuentra paralizada con un 65 % de avance es de US$ 140 millones. La constructora es una de la más grande del país. En su sitio da cuenta que se especializa en “obras hidroenergéticas, líneas de transmisión eléctrica, acueductos, obras para riego, caminos, puentes, túneles, proyectos para la industria petrolera, minera y portuaria”. Muchas de esos trabajos fueron ejecutados en Argentina y en países como Bahamas, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago.

Como indicó este lunes Entre Ríos Ahora, la empresa aparece ligada en dos causas de corrupción de resonancia nacional. Uno es el caso de la “Ruta del Dinero K”, en la que se encuentra preso el empresario kirchnerista Lázaro Báez. En mayo de 2016, el dueño de Austral Construcciones le entregó el juez federal Sebastián Casanello una lista de 36 compañías que habrían sido beneficiadas en negocios con el Estado en la obra pública durante el kirchnerismo. En esa nómina estaban las empresas entrerrianas de construcción Piertoboni (de Concepción del Uruguay -puesto 29) y Luis Losi S.A. (de Paraná- posición 30). En el puesto número 8 se encontraba la firma Cartellone SA, de José Cartellone.

Además, la firma Cartellone también es mencionada en el escándalo de las coimas de Odebrecht, la constructora brasileña investigada en vario países –incluso Argentina- por haber pagado sobornos para ser favorecida en la adjudicación de obras. Cartellone es investigada por el juez Casanello junto a otras firmas por haber formado una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con la constructora brasileña para la construcción de la Planta Potabilizadora sobre el Paraná de las Palmas (partido de Tigre). En el caso se investiga sobreprecios de la obra y el papel que tuvieron las autoridades de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), que aprobaron la contratación de la UTE entre los años 2007 y 2008.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.