La Cámara de Casación Penal postergó la resolución que se esperaba que diera este lunes, a mediodía, en las apelaciones que habían presentado en agosto último los abogados Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi, defensores del exdiputado provincial y actual secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en dos causas por amenaza: una contra el periodista Martín Carboni, y otra contra la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

Ahora, Casación dará a conocer la resolución del caso Carboni este martes, a las 8,30, y a las 9, la causa que abrió la ministra de Salud.

En mayo de 2022, la Justicia dio a conocer la condena a 2 años de prisión de ejecución condicional a Allende por el delito de coacciones en perjuicio del periodista Martín Carboni. De ese modo, el juez Gustavo Pimentel hizo lugar al pedido de pena solicitada por el fiscal Álvaro Pierola. «Allende conocía lo que estaba haciendo y no podía desentenderse de la gravedad de la amenaza porque se estaba hablando de la propia vida de la víctima», dijo el juez.

La acusación que el juez consideró probada decía que el 30 de mayo de 2017, entre las 8 y las 10 de la mañana, Allende hizo declaraciones intimidatorias hacia Carboni en  Radio La Voz. En esa oportunidad, Allende aludió al asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas (1997), cuya autoría se le atribuyó al empresario Alfredo Yabrán, quien se suicidó en mayo de 1998, dando a entender que alguien podría atentar contra la vida del comunicador.

“‘Vos viste que a Yabrán no lo matan, porque Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no sea que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y lo terminen perjudicando, intimidando así públicamente a Carboni para que cese con sus investigaciones periodísticas vinculadas a contrataciones en el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos”, dijo Allende en aquella conversación radial.

El abogado Rusconi pidió a Casación que “revise con cuidado y sin sesgo (el fallo contra Allende) para poder corregir un conjunto de errores muy importantes en la sentencia que impugnamos. Creemos que se han violado garantías esenciales”. No sólo reprochó la decisión del juez Pimentel: también habló de que “no hubo una imputación clara de los hechos. Y se ha violado de forma escandalosa el principio de legalidad”.

Dijo que el fallo condenatorio fue una resolución altamente arbitraria”.

En el caso de la ministra Velázquez, dos tribunales fallaron a favor de la prescripción de la acción con lo cual en principio se cerró la investigación. Pero el fiscal Leandro Dato reprochó duramente esos dos pronunciamientos. Dato habló de “confusa interpretación” de parte del juez Grippo. Y cuando se refirió al fallo del juez Mayer consideró su pronunciamiento como “absurdo”.

En la audiencia quedó de manifiesto la tesis de Fiscalía, que va por amenazas simples en la causa de la ministra de Salud; y la querellante particular, Fernanda Vázquez Pinasco, que va por la figura penal de amenazas calificadas. La querellante pidió a la Sala de Casación -integrada esta vez por Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel- que “se deje sin efecto la sentencia de Grippo y por lo tanto no se tenga en cuenta el sobreseimiento de Allende. La sentencia del juez Grippo no tuvo perspectiva de género”, reprochó.

“No está vamos de acuerdo con la figura de amenazas simple”, dijo la letrada.

Los defensores de Allende pidieron a Casación que se confirmen los fallos absolutorios por prescripción de la acción penal.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora