Los hermanos Luis, Sebastián y Eduardo Erro acudieron al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para denunciar lo que entienden como utilización de “pruebas falsas para culpar a personas inocentes” por parte del Ministerio Público Fiscal en Gualeguay.

La dura advertencia tiene que ver con la tramitación de la investigación penal preparatoria en procura de dar con el paradero del empresario Omar Benvenuto, quien desapareció el 27 de octubre último y de quien nada se sabe hasta ahora. La causa estuvo en manos de los fiscales Agustín Gianini e Ignacio Telenta.

Pero ahora el caso ya salió de la órbita provincial y recayó en el fuero federal. Además, el fiscal Gianini renunció a su cargo como consecuencia del impacto que produjo el allanamiento en el marco de la causa Benvenuto a, entre otros, el exintendente Luis Erro (PJ) y al exsenador radical Hugo Lesca.

Otro de los allanados fue Eduardo Erro, y su hermano Sebastián, abogado de Inprocil, la empresa de Benvenuto. Esos procedimientos,  que encabezaron los fiscales Telenta y Gianini, a juicio de Sebastián Erro, constituyeron un hecho de “inusitada gravedad institucional”.

Los allanamientos sucedieron durante el primer fin de semana de noviembre, en Gualeguay, y según Sebastián Erro plantea en la nota que elevó al STJ, los tres hermanos Erro más Lesca, en el entendimiento de los fiscales, “habrían intervenido activamente en la  desaparición del empresario Omar Benvenuto, concertándose entre ellos mediante llamadas telefónicas”. Los involucrados pidieron conocer el registro de esas llamadas, y enseguida supieron que los fiscales se habían basado en registros falsos.

Así, se abrió una nueva causa: “Erro Gregorio Sebastián. Su denuncia”, que recayó en el fiscal Eduardo Santo, quien el 13 de noviembre lo pone al corriente de la inexistencia de tales llamadas, y que todo se había tratado de un error. Así, señala el escrito, se indujo a “error” a la jueza de Garantías, Alejandra María Cristina Gómez. “Producidos los allanamientos y secuestros, lograron que la ciudad se conmocionara por el despliegue de efectivos, móviles policiales y helicópteros que tuvieron en vilo a toda la ciudad de Gualeguay durante el día sábado, con inmediatas repercusiones en los medios de prensa locales, provinciales y nacionales que se encargaron de reflejar el espectacular avance de la causa”, dice el texto que llegó al STJ.

Erro agrega en su presentación ante el máximo tribunal: “Los hechos producidos tienen una enorme gravedad institucional, por los funcionarios involucrados y además por los irreparables daños ocasionado”.

Así y todo, resalta, el 22 de noviembre el fiscal Santo no avanzó con la denuncia por el error en las comunicaciones, y ordena el archivo de la causa. El 27 de noviembre,  Sebastián Erro se presentó ante el fiscal coordinador de Gualeguay, Dardo Tórtul, y pidió la revisión de lo resuelto por Santo, y más aún: pidió que se considere “a esa resolución como un acto de encubrimiento de los delitos denunciados”.

“La situación planteada pone en evidencia que el Ministerio Público Fiscal ha impedido la investigación de los hechos denunciados, lo cual unido a la falsificación y utilización de pruebas falsas para allanar mi domicilio y secuestrar mi teléfono de uso profesional, constituyen hechos de extrema gravedad sin precedentes en nuestra provincial”, puntualiza.

La presentación, dice Erro, es para poner en conocimiento del STJ esa “situación de gravedad institucional”, a los fines de “garantizar la correcta administración de justicia, por cuanto los actos cumplidos por miembros del Ministerio Público Fiscal involucran directamente al Procurador General, que ejerce sus funciones con unidad de actuación (…), lo cual hace del Ministerio Público Fiscal un organismo monolítico y vertical cuyo jefe máximo es, en definitiva y ministerio legis, quien ejerce la acción penal pública y las además facultades que la ley otorga”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.