El abogado Emiliano Castrillón destacó la resolución del juez del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, José María Chemez, quien este jueves rechazó el planteo del Ministerio Público Fiscal para llevar a juicio al expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Aroldo Castrillón, por un conflicto vecinal con unos kiosqueros, que tuvo lugar en marzo de 2021 en La Paz, su localidad.
«Las facultades del Ministerio Público Fiscal no puede ser irrestrictas, tienen que tener un límite», advirtió el letrado, quien ejerce la defensa de su tío junto al abogado Rubén Pagliotto. Lo dijo al término de una audiencia que se desarrolló ante el juez Chemez, quien confirmó lo dispuesto por el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo: el conflicto, tal como lo acordaron las partes -Castrillón y los kiosqueros-, se terminará en buenos términos con una mediación penal. También confirmó la conciliación que alcanzaron Castrillón y Carlos Miguel Barbosa, padre del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, quien hoy también se desempeña en Gualeguay.
Consultado por Entre Ríos Ahora, el abogado manifestó que «esta cuestión llegó hasta aquí por la insistencia del Ministerio Público Fiscal y el fiscal del caso sólo porque la persona sindicada como presunto autor de los hechos era el vocal del Superior Tribunal de Justicia. Si estos hechos se le hubieran atribuido a otra persona de ningún modo se llegaba a esta instancia».
«La resolución confirma la nulidad del requerimiento de elevación a juicio. Es sobradamente fundada y ha atendido al planteo de que las facultades del Ministerio Público Fiscal no pueden ser irrestrictas, tiene que tener un límite. Ese límite está dado por un actuar que no implique arbitrariedad»
Ante la pregunta de si considera que existe una animadversión por parte de la Fiscalía contra su defendido, sostuvo: «No tengo pruebas de que haya una animadversión. Sí me llamó la atención que en la audiencia en La Paz el fiscal se refirió a Castrillón como una persona pública y que tiene intenciones de volver a la política. Eso me da un cierto atisbo. El fiscal habló de que Castrillón ‘mantiene poder y ejerce cabildeo’. Eso llama la atención, no explicaron qué poder detenta o ejerce en la actualidad. Son meras suposiones».
«Esta decisión del juez Chemez demuestra que en Entre Ríos la justicia funciona. Hay jueces que respetan la división de poderes y hay jueces que están dispuestos a aplicar la Ley», concluyó.
Qué dijo el juez
En su resolución, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones consideró que «la oposición de la Fiscalía de dar trámite al acuerdo presentado por el imputado y las supuestas víctimas resulta arbitraria e infundada, apartándose de la correcta y razonable aplicación de la normativa en juego».
En ese punto, el juez dijo que se desconoció el artículo 5 bis del Código Procesal Penal provinical que establece en su punto quinto que los representantes de la Fiscalía procurarán resolver conflictos que reestablezcan la «armonía entre sus protagonistas y la paz social» cuando «los interesados exterioricen la existencia de acuerdo o conciliación» y cuando «no medien razones de interés público».
«Considero que debe rechazarse la apelación. Los representantes del Ministerio Público Fiscal desoyeron la regulación del artículo 5 del Código Procesal Penal que dispone que se debe tener en cuenta la consideración entre las partes y el expreso pedido de la víctimas para que se abstenga la acción penal. La Fiscalía no atiende ni escucha los pedidos de quienes aparecen como víctimas. Ni siquiera se los citó a la Fiscalía de La Paz», añadió.
En esa línea, Chemez fundamentó que la Fiscalía tampoco pudo explicar cuál sería el «interés público» de llevar a juicio al exvocal del STJ. «En su recurso de apelación, el fiscal (Oscar) Sobko dijo que Castrillón es una ‘persona que mantiene el poder y ejerce actos de cabildeo’. La Real Academia Española dice que cabildeo es ‘es hacer gestiones para ganar voluntades en una corporación o cuerpo colegiado’. Lo que se conoce popularmente como lobby. Considero que no han logrado explicar y fundar los motivos por los cuales no se acogió el pedido para que se derive el trámite a mediación», subrayó.
Más adelante, refirió que la situación con los kiosqueros fue un conflicto vecinal, pero advirtió que hubo dos contradenuncias. Por un lado, los kiosqueros denunciaron al exvocal por daños, mientras que éste los denunció por las agresiones que recibió. Al respecto, el juez Chemez advirtió que la denuncia de Castrillón «no mereció un tratamiento por parte del Ministerio Público Fiscal», y ello puso en evidencia «un tratamiento distinto a ambas denuncias». También marcó una «injustificada demora de la Fiscalía» para resolver qué hacer con la denuncia del exmagistrado.
El caso
El domingo 28 de marzo de 2021, Mariano Lukacs y Natalia Lukacs, dueños de El Kioscaso, y su empleado Celso Chamorro, denunciaron por daños y amenazas al expresidente del STJ -se jubiló de modo exprés en mayo de 2021-, por daños en el local ubicado en calle Sáenz Peña y Belgrano.
Tras la difusión de la versión de los kiosqueros, el entonces magistrado hizo saber a los medios su versión de los hechos: que cerca de las 2 de la madrugada solicitó al dueño del comercio que baje el sonido de la música y que, ante la negativa, la discusión subió de tono y terminó siendo golpeado por cuatro personas. Además, aseguró que en el lugar había cerca de 300 personas que no cumplían los protocolos sanitarios por la pandemia.
En medio de la tramitación del caso, hubo un altercado entre Castrillón y el padre del fiscal Barbosa, Carlos Miguel Barbosa. Según denunció Barbosa padre, el vocal del STJ le envió una catarata de mensajes de Whatsapp de tono amenazante.
Finalmente, el exvocal impugnó la postulación de Facundo Barbosa para ocupar un lugar en la Unidad Fiscal de Gualeguay, pero no tuvo éxito. El Senado aprobó el pliego de Barbosa como fiscal.
En tanto, en medio de un pedido de juicio político, el vocal de la Sala Civil y Comercial y expresidente del STJ se convirtió en un jubilado más, dado que la Caja de Jubilaciones y Pensiones le otorgó el beneficio previsional y cesó en su actividad laboral activa.
Un año después, las partes en conflicto entablaron un diálogo y decidieron cerrar todo con una mediación. Esa decisión la expresaron el 16 de mayo ante el juez de La Paz, mientras que la Fiscalía se opuso al solicitaro que el exmagistrado sea llevado a juicio por presuntos delitos de daños y amenazas simples, con un pedido de pena de 1 año de prisión condicional.
El juez de La Paz, primero, y ahora el juez de apelaciones le dieron la razón a las partes: el conflicto finalizará con una mediación.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.