La mesa ejecutiva de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial salió a respaldar a los jueces entrerrianos a raíz del pronunciamiento público que hubo en torno al incidente que protagonizó el vocal Emilio Aroldo Castrillón, integrante de la Sala Civil y Comercialo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el último domingo de marzo en su ciudad, La Paz, que motivó la intervención de la Policía.
Como contó Entre Ríos Ahora, dos comerciantes y un empleado de un kiosco de La Paz, ciudad ubicada a 165 kilómetros de Paraná, denunciaron por daños y amenazas a Castrillón, quien la madrugada del domingo 28 de marzo protagonizó un escándalo en un local de calle Sáenz Peña y Belgrano, lindero a su casa. El magistrado hizo saber a los medios su versión de los hechos: que cerca de las 2 solicitó al dueño del comercio que baje el sonido de la música y que, ante la negativa, la discusión subió de tono y terminó siendo golpeado por cuatro personas. Además, aseguró que en el lugar había cerca de 300 personas que no cumplían los protocolos sanitarios por la pandemia.
Mariano Lukacs, dueño del kiosco, refirió en sede policial que alrededor de las 1,44, cuando se encontraba trabajando en el maxikiosco “El Kioscaso”, del cual es dueño, “se hizo presente el señor Emilio Castrillón y sin dar motivo empezó a voltear las góndolas del negocio, tirándole una botella de cerveza al empleado que se encontraba atendiendo”.
Además, aseguró que del vocal “lo sacaron a la fuerza” y que “en el exterior comenzó a amenazarme con quedarse con toda la esquina la cual es propiedad de la familia y amenazando en prender fuego la esquina”. “Lo llevé a los empujones hasta la casa, la cual está a 20 metros, hasta que llegó la policía. También me amenazó diciendo ‘hagan la denuncia, total yo soy el dueño de la ciudad’”, agregó.
En el video que se viralizó de aquel incidente, se escucha al expresidente del STJ proferir una serie de improperios.
«Andá a la puta que te parió. Sos puto. Andá a tu casa, hijo de mil puta. Acá me golpeó este ladrón de mierda de la esquina, de este negocio. Estoy todo golpeado, culpa de ustedes que no controlan, el Covid y las pelotas», se lo escucha insultar al juez del STJ. «Esto no es un boliche bailable, ¿dónde está la autorización acá? Ese gordo de mierda fue el que me agredió”, le manifestó a los funcionarios policiales que llegaron al lugar.
Ante esa situación, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos repudió repudió el hecho. Pero a la vez la entidad remarcó que “quienes ejercen la función judicial –al igual que cualquier miembro de los poderes públicos del Estado- tienen vedado en toda circunstancia proferir públicamente improperios, insultar, injuriar, discriminar, y valerse de su condición funcional para efectuar reclamaciones informales a la autoridad”.
“La extralimitación y falta de conducta respecto del cargo que se ocupa degrada la función, el respeto y la confianza que el Poder Judicial debe garantizar a la ciudadanía en un Estado constitucional de Derecho”, apuntó. «Bajo ningún aspecto la violencia es el medio para dirimir controversias en un Estado constitucional», cerró el Consejo Directivo de la entidad.
Luego de la publicación de ese comunicado, la entidad denunció presiones y acoso de parte de Castrillón hacia dos integrantes mujeres de la Asociación de la Magistratura: su presidenta, Gabriela López Arango, y también una integrante de la comisión de la entidad, la jueza María Andrea Morales. «Él mismo (Castrillón) remitió desde su teléfono personal vía Whatsapp mensajes de hostigamiento a dos miembros de la Comisión Directiva de AMFJER -a la suscripta y a la Dra. María Andrea Morales- reprochando el contenido de la declaración pública efectuada por la Comisión Directiva», denunció la entidad.
«Lo que preocupa enormemente a esta comisión, dado el grado de conmoción y violencia que los mensajes ocasionaron a dicha magistrada, no sólo en su condición de mujer, sino por ser la única destinataria de tamaña acusación, máxime cuando la Dra. Morales ocupa interinamente una vocalía de cámara civil llamada a concurso por el Consejo de la Magistratura, lo que supone un claro acto de amedrentamiento pasible de ser considerado acoso laboral», señaló enseguida la titular de la entidad que nuclea a los jueces.
Castrillón Federación de La… by Entre Ríos Ahora
Sobre ese hecho, la Federación Argentina de la Magistratura dijo que observa con preocupación que, a raíz de lo expresado, «se hayan dirigido comunicaciones y presiones hacia integrantes mujeres de dicha Comisión Directiva en contra de elementales pautas de respeto a la independencia interna de las y los integrantes de los Poderes Judiciales como así también sin resguardar el marco de autonomía propio de una Asociación de Magistrados y Funcionarios para desarrollar su labor en miras al fortalecimiento de los sistemas judiciales».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora