«A seis años de la muerte de un pibe en el barrio Capibá por una bala policial, el Poder Judicial está dilatando esto todo el tiempo», lanza la abogada querellante Lucía Tejera. Habla del caso Gabriel Gusmán, muerto el 25 de septiembre de 2018, en barrio Capibá, por una bala de la Policía.

Este miércoles 25 se cumplen 6 años de ese hecho y en ese marco familiares, amigos y organizaciones de Derechos Humanos convocan a una concentración en Tribunales, a partir de las 12, para exigir justicia y reclamar la inmediata elevación a juicio.

Gabriel Gusmán fue asesinado  en 2018, en barrio Capibá, en un caso definido como de gatillo fácil y en el que están involucrados los policías Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo.

El 4 de noviembre de 2020, los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, que investigaban las circunstancias en que se había producido el crimen del joven Gabriel Gusmán – ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná-, decidieron archivar la causa y señalaron que el caso se trató de «legítima de defensa» en respuesta a disparos que habrían recibido los uniformados Rodrigo Molina y Diego Sebastián Íbalo.

Ante esa decisión, los abogados querellantes José Iparraguirre y Lucía Tejera, quienes representan a la familia de la víctima, presentaron el pedido de revisión del archivo de la causa. Sin embargo, el 10 de marzo de 2021, el Procurador General, Jorge García, firmó la resolución Nº 030 que confirmó la decisión de los fiscales Badano y Ramírez Montrull.

Los querellantes recurrieron ante la jueza de Garantías Elisa Zilli, quien el 12 de abril de 2021 hizo lugar al pedido para que la investigación salga de la órbita de la Fiscalía y quede en manos de la querella particular, esto es de la familia de la víctima.

Pero la causa no avanza.

«Esta investigacion tiene sus complejidades en tanto no ha habido muchos antecedentes de que la querella particular asuma el rol de investigación -afirma la abogada Tejera durante una charla con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7-. Es compleja no solo para nosotros, los querellantes, sino tambien para los operadores judiciales. Esto ha demorado los plazos. La defensa de los policías sindicados por el hecho ha planteado la realización de nuevas pruebas y pericias que ya se habían realizado. Nosotros consideramos incluso que est{abamos en condiciones de ir a juicio. Eso quedó en suspenso por el pedido de nueva prueba por parte de la defensa. Nosotros accedimos a ese pedido por más que consideremos que está todo probado. La actuación del Ministerio Público Fiscal fue bastante profusa, aunque después decidió analizarla sesgadamente para decidir su archivo. Le planteamos a la jueza de Garantías que se impongan plazos perentorios para la realización de esa prueba. Al no establecerse plazos, se hacen eternas. En este caso, actúa la Gendarmería Nacional. Le solicitamos que se establezca un plazo. Se estableció un plazo para una prueba en particular. Se cumploieron los plazos. Y no tenemos respuesta de Gendarmería. Pedimos a la jueza que se dé por desestimada la prueba, e insistimos en la elevación a juicio».

Pero a seis años de momento no hay fecha de remisión de la causa a juicio. «Acá -señala la letrada- el Poder Judicial está en falta con la familia Gusmán. También con los funcionarios policiales que están sindicados. Su situación procesal no está todavía definida. Si el Poder Judicial no va a poner como prioritario esta causa que lleva seis años de insistencia de la familia Gusman en fijar fecha a la solicitud de elevación a juicio, vamos a estar doce años esperando justicia».

Tejera señala que «los autores fueron de la fuerza de seguridad. Este hecho debe dejar un mensaje claro: la fuerza de seguridad no puede hacer cualquier cosa. Hay que entender que la vida de todos tiene el mismo valor y que su función primordial es la preservación de la vida de todos. En esta causa, está involucrada la fuerza de seguridad, y el Poder Judicial debe actuar de forma inmediata como garantía para todos los ciudadanos. En los casos de iolencia institucional, lamentablemente el Poder Judicial dilata todo».

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora