El vocal Rubén Alberto Chaia, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, rechazó un recurso de apelación presentado por los abogados de las víctimas que denunciaron por presuntos abusos al cura Marcelino Moya, exvicario de la parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay.

Los abogados querellantes, Carlos Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, pidieron levantar el secreto médico sobre Laura Díaz Petrussi y Adriana Bevacqua, directora del Programa Provincial de Sida y jefa del Servicio de Infectología, respectivamente, quienes atendieron a Moya en el Hospital de Paraná en enero pasado. Esta última, no bien supo quién era el paciente internado en el nosocomio,  se presentó en Tribunales y pidió ser relevada del secreto médico, pero sólo a los fines de que esa información fuera incorporada al expediente judicial.

Sin embargo,  el planteo fue rechazado el 15 de febrero por el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín. Ante esa resolución, los abogados querellantes apelaron ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, a cargo del vocal Rubén Alberto Chaia, quien finalmente este martes al mediodía  terminó confirmando la resolución del juez de Garantías y, en consecuencia, rechazando el pedido del levantamiento del secreto médico.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, el abogado Juan Pablo Cosso  dijo que “el juez apoyó el argumento del juez de garantías de Villaguay y de la fiscal que para ellos no es relevante para la causa conocer el estado de salud de Moya y tampoco el aporte que puedan hacer las médicas que lo trataron en el hospital San Martín de Paraná”.

Ayer, durante una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones, la fiscal Nadia Benedetti no apoyó la solicitud del levantamiento del secreto profesional ya que consideró que es el cura Moya el titular del secreto, y quien debe autorizar a su levantamiento. Además entendió que la información que las médicas podrían aportar no tiene relación con lo investigado. La fiscal, además,  señaló que levantar el secreto avasallaría la intimidad y los derechos constitucionales del cura sospechado de haber cometido abusos.

Montiel y Cosso, por el contrario, ratificaron su pedido para levantar el secreto médico: “Teniendo en cuenta el hecho que se investiga nosotros consideramos que cada prueba es fundamental, más teniendo en cuenta que las propias médicas se presentaron en el expediente manifestando que tenían información de utilidad para la causa, entonces no veíamos razón para que no se las citara”, dijo Cosso.

En ese sentido, el letrado recordó que las médicas se pusieron a disposición de la justicia porque “consideran tener información que pudiera ser de relevancia para la causa que se investiga en la Unidad Fiscal de Villaguay en relación a abusos de cometidos por el cura Moya”.

“Nosotros pedimos que se la cite a declarar y se la releve del secreto profesional sin que luego sean sancionadas”, indicó. En relación a la postura asumida por la fiscal, Nadia Benedetti, Cosso consideró que “se ha puesto más del lado del imputado que de las víctimas y nosotros lo lamentamos muchísimo”.  No obstante, el letrado remarcó que ambas partes coinciden en hacer el pedido de elevación a juicio: “En eso estamos en la misma sintonía”, finalizó.

La resolución de Chaia

En su fallo, el juez Rubén Chaia sostiene que “luego de un atento repaso de los fundamentos de la impugnación, la postura fiscal y lo resuelto, no tengo más que compartir lo sostenido por el señor Magistrado (NdLaR: por el juez de Garantias)  en sintonía con lo propuesto por la titular de la Acusación Pública, quien con su tesis, logra el equilibrio entre la persecución y el respeto por las garantías que en noble y delicada función le son atribuidos. Lo decidido es correcto, la regla de la confidencialidad no puede ser dejada de lado a partir de una práctica que no se relaciona con los hechos denunciados ni imputados”.

Y agrega: “En efecto, el objeto de investigación nada tiene que ver con acreditar ‘una vida sexual activa’ del sacerdote.  Por otra parte, no existe peligro para nuevas y eventuales víctimas puesto que, como dice la fiscal, el sacerdote se encuentra suspendido en sus funciones y tampoco existen indicios verificables que recientemente, al menos luego de aquellos episodios abusivos del año 1994, haya estado involucrado en hechos similares a los aquí ventilados. En esa línea, sin consentimiento del sospechado no es posible introducirnos en la relación médico paciente y con ello develar lo que allí ocurre más allá de que, aunque si vía hipótesis ello ocurriera, las profesionales estarán limitadas a decir cuál ha sido su intervención y aquello que han observado ejerciendo el arte de curar más no podrían narrar hipotéticas confesiones que pudo haberle hecho el paciente en el reducido ámbito de la atención ya que no cuentan con la necesaria advertencia de que lo allí dicho podría ser usado en su contra o bien, sería confesar sin contar presencia de letrado defensor, lo que obviamente, atentaría contra la práctica misma y pondría en jaque la legitimidad del acto y su fruto: la información que se extraiga de esa manera. Una cosa es informar sobre una determinada práctica, otra muy distinta es contar lo que decía la persona al serle realizada, he aquí una notable diferencia”.

“Estamos ante una delgada línea que divide qué y cómo se puede utilizar la investigación y aunque ello fuera posible reitero, lo que se pretende saber se encuentra fuera del objeto investigado lo que coloca a la medida al márgen de la ‘pertinencia’ y ‘utilidad’ que actúan como pautas reguladoras”, cierra Chaia.

El caso

El lunes 29 de junio de 2015, dos jóvenes, un médico, Pablo Huck, y un estudiante de Derecho, EF, hicieron la denuncia formal ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull de los abusos que dijeron haber sido víctimas mientras formaron parte del grupo de jóvenes de la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, en la década de 1990, cuando Moya era vicario allí. Al abrirse la causa penal, el cura  fue suspendido en sus funciones.

En rigor, Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima entre 1992 y 1997, y además docente en el Instituto La Inmaculada, y durante ese tiempo habrían ocurrido los abusos que ahora se le imputan.

El 20 de diciembre de 2016, cuando fue citado a declaración indagatoria en los Tribunales de Villaguay, el cura payador se negó a hablar ante la fiscal Nadia Benedetti. Luego, el 6 de enero, Moya fue internado en el Hospital San Martín. Allí estuvo aproximadamente dos semanas, hasta que después fue derivado al Sanatorio San Camilo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente, está recluido en María Grande, en la casa de sus padres.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora