El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Eduardo Castrillón, tuvo hoy su bautismo de fuego. A mediodía de este martes encabezó la tradicional ceremonia de apertura del año judicial, con un discurso ante el gobernador Gustavo Bordet y todo el funcionariado del Poder Judicial en el que no ahorró críticas y cuestionamiento a propios y extraños.
Desde que llegó al STJ, en 2006, es la primera vez que Castrillón se prueba el saco de presidente del alto cuerpo. En su discurso, eligió un modo descontracturado y, aunque tuvo a mano los apuntes, prefirió la improvisación guionada. Empezó con la autocrítica, y el sonado caso de Leonardo Fornerón, el hombre de Rosario del Tala que denunció a la Justicia entrerriana ante la Corte Intermaericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a la Argentina por una adopción irregular tramitada en el Poder Judicial entrerriano. “En aquel momento, nos mandaron a estudiar por alguna equivocación de algunos, y hoy tenemos una justicia especializada en familia”, comparó.
Después, se centró en enviarle mensajes a los legisladores nacionales –en Entre Ríos, les dijo, “hay muchos académicos. Cuando se necesiten las reformas, es importante que participen. Porque las reformas que se aplican en la Nación, también se aplican en las provincias”- y a los legisladores provinciales, para que cuando aprueben leyes lo hagan conociendo sobre su impacto y consecuencia. Les pidió que tengan “cuidado” cuando se sancionan las leyes. “Generar un juzgado con dos secretarios y cuatro empleados es imposible que puedan funcionar. Si no lo dotamos de empleados, no funciona”, reclamó.
Habló también de los procesos de juicio político, en el verano de 2017, que se llevó puesto al vocal Carlos Chiara Díaz y que puso en aprietos a la presidenta saliente del STJ, Claudia Mizawak, por el manejo irregular de los fondos destinados a viáticos. A ese respecto, habló de las medidas que se han tomado en el Poder Judicial para alcanzar un efectivo control de gastos, con el pedido para que el Tribunal de Cuentas efectúe una “auditoría permanente”.
“No solo creemos que somos honestos, sino que tenemos que parecer honestos”, ejemplificó. Fue entonces que señaló: “Queremos ser tratados como un poder del Estado. No somos parte de la estratósfera”.
Se mostró de acuerdo con la sanción de la Ley de Narcomenudeo, pero alertó que su aplicación requerirá de recursos y también de más personal en el Poder Judicial.
Reclamó la instrumentación de la Fiscalía Anticorrupcion, creada por la Constitución reformada en 2008. “Es una tarea pendiente. Lo marco como reflexión no como reproche”, subrayó.
Iosper, Contaduría, Tesorería, Fiscalía
Castrillón advirtió que en el amplio salón del segundo piso del edificio de Tribunales estaba el presidente del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, y se dirigió a él. “La conflictividad de la obra social, de los empleados públicos entrerrianos, debe ser revisada y actualizada”, le dijo, y en particular se refirió a las crecientes demandas que se presentan en la Justicia por prestaciones que no da la obra social provincial.
Pidió que el Iosper se acomode a los tiempos, y logre que los afiliados reciban la prestación que reclaman, y así “evitar la conflictividad”. Pero también se dirigió a la magistratura y pidió unificar jurisprudencia de modo que no se falle contra el Iosper “según qué juez toque”.
Al gobernador Bordet le pidió que la figura del Contador General de la Provincia se redefina. “Nosotros hemos dotado de fuerza y fortaleza al contador del Poder Judicial, de tal manera que no exista algo que no tenga control de gasto. Es una solución que tenemos que dar. La Tesorería General de la Provincia tampoco aparece como nuestra Tesorería. A nuestra Tesorería le hemos dado la función de que sea control del gasto”, apuntó.
Respecto de la Fiscalía de Estado, Castrillón le reclamó el pago de una deuda del orden de los $14 millones en concepto de tasa de justicia.
La tasa de justicia es un derecho que hay que pagar en Tribunales para iniciar un juicio, cualquiera sea la demanda. Si ese impuesto no se paga, se paraliza el juicio, no avanzan las actuaciones.
Cuando quien promueve un juicio no paga la tasa de justicia, y en Tribunales le paralizan el juicio, las actuaciones son derivadas a la Fiscalía de Estado. “En la mayoría de los casos, son personas de muy escasísimos recursos, que no tienen para pagar esa tasa, y a quienes no conviene iniciarles un juicio por cobro de ese monto porque no tienen con qué responder –explica Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado-. En muchísimos casos, son montos insignificantes, de $50. Sobre eso voy a mandar un informe al Superior Tribunal, fijando nuestra posición”.
Castrillón dijo que ha enviado a Fiscalía de Estado 3.465 planillas por tasa de justicia, por un monto de $14 millones. “De esos $14 millones, hemos recuperado solamente $270 mil”, ilustró.
El error de Vitale
Aunque sin nombrarlo, Castrillón se refirió al caso del experito balístico del Poder Judicial, Antonio Domingo Vitale, ahora sometido a juicio oral por el robo de armas judicializadas que, se sospecha, luego ponía a circular en el mercado negro.
Luego de ponderar los cambios en la estructura funcional de la Justicia, recordó que en la organización del Depósito Judicial de Armas “el disparador fue un compañero de trabajo infiel, y (por eso) nos pusimos a arreglar con la iniciativa de nuestra presidenta, Claudia Mizawak, el tema del lugar de depósito de armas, informatizarlo, y hacer convenio con el Renar (Registro Nacional de Armas)”.
Iguales cambios se harán, anunció, en el Departamento Médico Forense, porque, aseguró, “queremos desalentar” que se repita lo del Depósito de Armas. “Creo que tenemos buenos médicos, (pero) no vaya a hacer que en algún momento un infiel encuentre en un cuerpo una bala que no esté”, aseguró.
Luego, envió un reclamo a todos los intendentes por la falta de nombramiento de los jueces de paz de su jurisdicción. Y también les pidió que “cedan” terrenos en los cuales el Poder Judicial pueda construir sus dependencias y así dejar de alquilar. “El Poder Judicial paga caro y mucho. Necesitamos que los intendentes de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Federación, de muchos puntos, nos cedan definitivamente los terrenos, no al Poder Judicial, sino a la Provincia, para comenzar las obras de construcción de distintas dependencias”, planteó.
Causas por corrupción
Una de las demandas que hizo Castrillón es para que la Justicia aplique celeridad en las causas.
“A través de nuestra Sala Penal debemos fortalecer la garantía, para que no se sienta impotente quien es investigado, y esté esperando sin saber si le archivan la causa o no”, planteó.
“Queremos que el que sea responsable, se lo declare responsable, y el que no sea responsable, que se someta a la decisión de no ser responsable”, argumentó.
No habló de causas por corrupción, pero dejó entrever que a eso se refería cuando aludió a los problemas que hay en una causa por pruebas que deben llegar desde la República Oriental del Uruguay y que demora una causa. Sin decirlo, se refirió a la investigación por enriquecimiento ilícito en la que está involucrado el exvicegobernador peronista Domingo Daniel Rossi.
“Tenemos problemas de pruebas con Uruguay, y nosotros necesitamos pruebas en una causa, en la cual debía responder la Justicia de Uruguay. Nosotros estamos dispuestos a poner todos los medios a nuestro alcance desde la Procuración para que estas causas lleguen a feliz término. Así que si vamos tantas veces a Punta del Este, alguna vez podremos traer los oficios”, dijo, con el tono necesario como para generar las risas en el auditorio.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.