El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Aroldo Castrillón, dijo que la Sala Penal tiene plazo hasta este lunes al mediodía para elevar una propuesta de candidatos para integrar la Cámara de Casación Penal con asiento en Concordia.

El plazo es porque el martes se realiza la reunión de acuerdos del alto cuerpo, instancia en la que los vocales del STJ deciden en conjunto sobre la política general del Poder Judicial. Los jueces de la Sala Penal encargados de elevar la lista de postulantes son Daniel Omar Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio.

“Si llega una propuesta de la Sala Penal el lunes antes del mediodía, lo trataremos el martes. Hasta ahora no tenemos esa propuesta, ni una propuesta que sea unánime ni una propuesta que llega por minoría o mayoría. Tenemos trascendidos, nombres respetables que estaríamos en condiciones de considerar en caso de que la Sala Penal lo ponga a consideración”, dijo Castrillón  a Entre Ríos Ahora.

Los nombres que trascendieron para integrar la Cámara de Casación son tres: los abogados penalistas Guillermo Mulet y Julio Federik, y la vocal del Tribunal de Juicio de Concordia, Silvina Isabel Gallo. Aunque no se descartan sorpresas.

Por otro lado, el titular del STJ remarcó que su gestión será abierta a las consultas del periodismo y manifestó que prefiere dar entrevistas para explicar cada decisión que tome el máximo tribunal que preside.

Al ser consultado sobre si está de acuerdo con que la declaración jurada de los funcionarios deben ser públicas, se limitó a decir: “Sinceramente, si la ley que establece que sea pública, tiene que ser pública”.

Reclamo por la mesa virtual

Respecto de las quejas que abrió entre los abogados el funcionamiento intermitente de la mesa virtual -un mecanismo de consulta on line de expedientes judiciales-  aclaró que no fue intención del Poder Judicial eliminar la opción “pública”, que limitó el trabajo de periodistas judiciales. Sobre ello, sostuvo que fue un error del proveedor y que se realizarán los reclamos pertinentes para que se restablezca esa funcionalidad.

Al respecto, Castrillón explicó: “El Poder Judicial en el año 2011 contrató con Servicios Informáticos SRL el sistema Lex Doctor, un software que es cerrado. Lo que nosotros desde que comenzamos nuestra gestión quisimos implementar es lo que estaba incluido dentro de lo adquirido: notificación electrónica, agregado de escritos y firma digital. Lo que no había ocurrido en períodos anteriores aun cuando ya había sido adquirida esta herramienta”.

“A partir de ahí –prosiguió Castrillón- solicitamos la instrumentación de esto que había abonado el Superior Tribunal de Justicia. En primer lugar notificación electrónica, para lo cual el proveedor nos solicitó que dado el tiempo transcurrido había que comprar una serie de elementos tecnológicos de importancia, inversión que hizo el Superior Tribunal de Justicia y, a partir de ahí, ocho días para la puesta en funcionamiento. Nos manifestó –el proveedor- que iba a funcionar las dos mesas, la anterior y la nueva en forma coetánea, lo que no ocurrió. En ningún momento se manifestó por parte de la empresa que el carácter de público de la mesa iba a desaparecer, por lo que estamos haciendo los reclamos pertinentes para otorgar una publicidad que siempre fue del Superior Tribunal de Justicia y más de mi presidencia”.

No obstante, aclaró que “no depende del Superior Tribunal de Justicia la posibilidad de implementarla, depende la posibilidad de exigirla, y el otro de cumplirla o no.  Nosotros de utilizar los remedios jurídicos que tengamos a nuestro alcance para hacerlo cumplir.

En esa línea, Castrillón remarcó que durante su gestión será una prioridad otorgar un buen servicio de justicia a los operadores judiciales. En cuanto al periodismo, dijo que brindará información “por los medios que sean”. Aunque aclaró: “Lo que no puedo asegurar que sea a través de la comodidad del Led Doctor Público, porque no depende de mí, ni de los integrantes de Superior Tribunal de Justicia”.

En ese punto, reiteró que “a la empresa se le compró, debía implementarla, nadie se lo exigió, yo se lo exigí”.

Trato con el periodismo y declaraciones juradas

La relación entre algunos funcionarios judiciales –sean fiscales o jueces- con el periodismo es dispar. Existen quienes acceden a responder consultas y otros que se muestran más reticentes al trato con los trabajadores de la información.

Al ser consultado sobre qué trato deben tener funcionarios judiciales con el periodismo, Castrillón sostuvo: “Cada juez es independiente, la forma de ser, y forman parte de cada personalidad de un juez. En el caso mío prefiero explicar, charlar y dar entrevistas. Sobre todo para informar las decisiones políticas del tribunal”.

Además, afirmó que producto de ese vínculo con la prensa actualmente el Poder Judicial tiene casi todos sus aspectos funcionales en forma pública, para facilitar el acceso a la información. “No funcionará la mesa virtual, pero si quieren tener algún elemento de una causa, si no existe alguna privacidad establecida por el juez, la otorgamos en forma simple”, señaló.

Por otro lado, también respondió sobre un debate de vieja data en la Provincia: si las declaraciones juradas de los integrantes de los tres poderes del Estado deben ser públicas.

En Entre Ríos rige la Ley 3.886, de 1953, que establece el carácter secreto de las declaraciones juradas. Las mismas son entregadas por los funcionarios en un sobre lacrado y sólo pueden abrirse con orden de un juez o con el consentimiento del declarante.  En la Legislatura existen varios proyectos para cambiar esa realidad, pero ninguno ha avanzado.

Preguntado si está de acuerdo con que las declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Judicial –además del legislativo y Ejecutivo- deben ser públicas, Castrillón dijo no tener problema en cumplir la ley, sea cual sea.

“Tenemos  todas las declaraciones juradas en Contaduría, a disposición de la apertura que ordene un magistrado”, dijo y estimó que el 98% de los funcionarios judiciales tiene presentada su declaración de bienes.

“Sinceramente, si la ley que establece que sea pública, tiene que ser pública. Si me preguntás personalmente, no tengo ningún tipo de problema porque soy responsable inscripto y lo pueden ver en la base de datos de la AFIP, y lo que tengo declarado”, cerró.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.