El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos cuestionó el modo cómo se dio por finalizado el proceso de juicio político al vocal de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Eduardo Castrillón, por cuanto el cierre de ese trámite a partir de la jubilación exprés que consiguió el magistrado en la Casa de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia «genera dudas y suspicacias en los profesionales de la abogacía y en la sociedad, que lesionan a los poderes del Estado, la vigencia de la división de poderes, y el juego de frenos y contrapesos del sistema democrático».
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados había dado trámite favorable a un pedido de juicio político a Castrillón presentado por el periodista Daniel Tirso Fiorotto. Pero cuando el acusado había sido notificado el proceso y corría el plazo para que respondiese se conoció, primero, la novedad de que el 29 de abril había iniciado el trámite de su jubilación, que la Caja le otorgó en tiempo récord el viernes 7 de mayo. De ese modo, el juicio político devino abstracto.
En ese nuevo escenario, el Colegio de la Abogacía pidió que en la designación de quien lo suplante en el alto cuerpo judicial de Entre Ríos reúna algunos requisitos básicos.
«Es oportuno peticionar al Poder Ejecutivo que, en el proceso de selección de quien ocupe dicho lugar, se considere que la persona elegida esté ejerciendo activamente la profesión de la abogacía, que tenga idoneidad en la materia de la Sala que integrará y que con su designación, se cumpla con la norma que garantiza paridad de género», pidió la entidad. Actualmente, el STJ cuenta con 9 miembros, sólo dos mujeres, Susana Medina y Claudia Mizawak.
Además, demandó que quien resulte designado «luego de la propuesta y acuerdo del Senado de la Provincia, cuente con antecedentes de buen decoro, y lo cumpla tanto afuera como adentro de la oficina Judicial, ya que la dignidad y probidad de los magistrados incluye el deber de mantener con altos estándares de conducta en las relaciones interpersonales, en pos de brindarle a la ciudadanía la confianza y la seguridad que hacen al imprescindible consenso social que legitima el ejercicio del poder público».
La advertencia de los abogados es una referencia explícita al último escándalo que protagonizó Castrillón en su ciudad, La Paz, el domingo 28 de marzo, y que derivó en dos denuncias penales por agresión y amenazas, por las cuales fue indagado el viernes 7 en la Unidad Fiscal de La Paz.
El Colegio de la Abogacía dijo que que «desde el lugar que nos toca ocupar institucionalmente debemos referirnos, como operadores de justicia, frente a los reclamos de la sociedad en su conjunto que reclama una justicia verosímil, ordenada, con equilibrio e independencia de los otros poderes del Estado». Al respecto, señalaron que consideran también «que no debemos naturalizar que un trámite administrativo se interponga en el proceso de un juicio político en curso. Esta herramienta de control del funcionamiento del Poder Judicial es parte de un equilibrado sistema de compensación de poderes y de controles cruzados, pero evidentemente, se encuentran salidas alternativas para el pleno ejercicio».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora