En su discurso de apertura del año judicial, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Aroldo Castrillón, destacó que el Poder Judicial mejoró el servicio de justicia tras una “etapa de turbulencia”.

El titular del máximo tribunal de justicia de la provincia sostuvo este martes en el acto que se realizó en el Palacio de Tribunales que el Poder Judicial ha encontrado soluciones ante las críticas, aunque consideró que muchas de las que se le propiciaron fueron injustas.

En su extenso discurso, Castrillón destacó avances, pero también hizo pedidos al gobernador Gustavo Bordet y a los legisladores provinciales. Al mandatario, presente en el acto, le agradeció por el acompañamiento en la concreción de proyectos de obras y también le requirió que se liberen los fondos para realizar las que faltan. A los legisladores, en tanto, les pidió que aprueben leyes que le den herramientas a los jueces para “resguardar garantías” de las personas sujetas a investigaciones.

En ese punto, cuestionó que algunas causas judiciales en proceso se publiquen en los medios de comunicación cuando aún los investigados ni siquiera están imputados. La crítica fue principalmente a los miembros del Ministerio Público Fiscal. “Si se lo comienza a investigar y sale en todos los medios de prensa y lo lee mi hijo, este dice ‘papa qué te robaste’. El secreto de la investigación penal preparatoria es clave. Se puede investigar lo que sea pero en secreto. Una vez que se exteriorice que sea público, lo ponemos en pantalla”, dijo y señaló que los casos que se ventilen en pleno proceso pueden causar un “daño irreparable”.

Mejoras

En la primera parte de su alocución, Castrillón destacó que su gestión se ocupó de mejorar las áreas de trabajo en donde recibieron más críticas. La principal, señaló, fue el de los controles internos por gastos reservados y viáticos. Cabe recordar que en 2017 renunció como vocal del STJ Carlos Alberto Chiara Díaz, a quien se le inició un juicio político en la Legislatura por el uso indebido de fondos del Poder Judicial.

Dijo que se trabajó en ese sentido con el departamento contable, el Contador General y el Tribunal de Cuentas de la provincia. En cuanto a los gastos reservados, indicó que desparecieron y que en cuanto a los viáticos se logró reducirlos en un 35%.

En ese punto, remarcó que cada acto del Poder Judicial, como contrataciones, se publican en la página Web oficial.

En otro momento, elogió la calidad de la justicia entrerriana y sostuvo que es independiente del poder político. indicó que el actual alto cuerpo tiene miembros designados por el exgobernador radical Sergio Montiel (fallecido) y los peronistas Mario Moine, Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet. “Esto hace a la independencia del Poder Judicial”, enfatizó.

“Cuando hablamos de independencia, nuestra Constitución de 1933 nos lleva a la intangibilidad (NdeLaR: del sueldo de los magistrados). Es allí donde se planteaba que a través de los aumentos o disminuciones de las retribuciones no tengan la posibilidad de lograr beneficios o sentencias a favor de uno u otro. A través de una decisión del gobernador Urribarri se estableció que el Poder Judicial tuviese su parangón en el aumento o disminución con la Corte, y ahí desalentó la posibilidad de que la intangibilidad sea tocada por el poder político de Entre Ríos”, rescató el titular del STJ.

No obstante, manifestó que “si existe algún tipo de injerencia es porque nos autolimitamos” y que en 14 años ningún gobernador “se ha comunicado con nosotros para que un fallo salga de una manera u otra”.

Enseguida, marcó distancia con el Poder Judicial nacional y elogió a cada miembros del máximo tribunal provincial, como así también al Procurador Jorge Amilcar García y al Defensor General, Maximiliano Benítez: “No podemos tener el parangón con la justicia nacional porque en Entre Ríos tenemos a quien dirige a las mujeres del mundo y el instituto que más ha capacitado en el país, que es Susana Medina; y porque contamos con el vicepresidente de la Junta General de Corte, Germán Carlomagno; y porque Entre Ríos tiene la presidenta de la escuela judicial en el país, Claudia Mizawak; y tiene la representación entre las máximas figuras de la defensa pública argentina a Maximiliano Bénitez; y tiene una académico, y mejor jurista, como el Dr. García. Algunos vicios podemos tener, pero por algo fuera de la frontera de Entre Ríos nos reconocen y eso nos enorgullece”.

Luego reiteró que el Poder Judicial entrerriano encaró acciones “a partir de las críticas” y que una de ellas, y la más dura, fue el caso Fornerón. “Un caso recordado a lo largo y ancho del país. Es un caso que nos marcó y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos mandó a estudiar”, dijo en referencia al caso de la irregular adopción de una nena en 2000, que llevó a Leonardo Fornerón a dar battalla en la justicia hasta llegar a la máxima autoridad internacional en materia de derechos humanos.

Obras que faltan

Las obras ejecutadas y las que faltan también estuvieron en el discurso de Castrillón. Señaló que existen 24 juzgados de Paz en la provincia, pero que no tienen edificios propios. “Creo estar en condiciones de poder otorgárselos. Necesitamos que los legisladores lo incluyan en el plan de obra. Y necesitamos disponer de los fondos que están inmovilizados desde hace más de tres años y que nos generan cero pesos de interés para ponerlo en un capital útil para la entrerrianía”, expresó.

En cuanto al trabajo en materia civil, señaló que se acortaron los procesos, dando respuestas más rápidas a la sociedad. Precisó que se llegó a un 56% de conciliaciones, y que un 35% de expediente que demoraban tres años ahora terminan en un plazo menor a un año. Además, detalló que el 86,5 % de los expediente ahora se resuelven en menor tiempo. “Eso es lo que pretende la sociedad entrerriana: una respuesta rápida”, remarcó.

En materia penal, Castrillón calificó de “hito” el haber puesto en funcionamiento la Cámara de Casación Penal de Concordia, creada por ley junto a la de Paraná en 2011 pero que no estaba operativa.

Ahora, dijo que se buscara que apruebe la creación del Juzgado de Ejecución de Penas de Concordia, para que controle a la tercera parte de la población carcelaria de la provincia. También sostuvo que pedirán que se cree la figura del Defensor de Ejecución de Pena, que garantizará la defensa de quienes estén siendo controlados en la ejecución de su pena.

Por otra parte, pidió a los legisladores que avancen con la sanción de la Ley Orgánica del Poder Judicial; el Código Procesal Laboral; y la autorización a usar fondos paralizados para concretar obras.

Investigaciones secretas

Otro de los pedidos que formuló Casrillón es el dictado de leyes que garanticen que no se violen derechos durante un proceso penal. Mencionó que hoy al juez no se le pone un límite muy claro. “Si las leyes me permiten transgredir, yo transgredo. Si las leyes me acotan los plazos y las garantías, yo lo puedo garantizar. Depende de los legisladores, no de nosotros. Si un legislador dice hasta dónde voy, indudablemente ese será mi limite”, remarcó.

En ese punto cuestionó que algunos encausados estén durante mucho tiempo investigados, es decir bajo sospecha, y que el proceso se alargue tanto que cause un “daño irreparable”.

Por ello, solicitó que las investigaciones que realice el Ministerio Público Fiscal no se publiciten en los medios de comunicación cuando recién se ha comenzado la pesquisa.

“Si sale en todos los medios de prensa y lo lee mi hijo, dice ‘papa qué robaste’”, señaló a modo de ejemplo.

“El secreto de la investigación penal preparatoria es clave. Se puede investigar lo que sea pero en secreto”, dijo y agregó que una vez que se haya avanzado se lo “exteriorice”.

A su vez, destacó que en la provincia no existe funcionario público que no haya sido sometido a investigación. “No pueden decir que no haya un funcionario que no se haya publicitado un hecho apenas iniciado. Lo cierto es que nosotros tenemos que resguardar las garantías, y a los jueces le tienen que dar las herramientas para resguardar las garantías”, peticionó.

Asimismo, planteó que actualmente se observa que algunos funcionarios judiciales dan primero la noticia y luego se ve “cómo marcha el proceso”. “Creo que es causa de destitución el otorgar una noticia en forma textual dentro de un expediente en un caso sensible o en caso que afecte niño, niña, adolescente o mujeres. Pero no soy legislador, sino lo promovería”, postuló.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.