Emilio Aroldo Eduardo Castrillón se convirtió en el nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, y sucede en ese lugar a Claudia Mónica Mizawak, que completó dos períodos al frente del máximo tribunal de justicia de Entre Ríos.

A Castrillón lo acompañará en la vicepresidente del STJ y para el período 2018/2019 Susana Medina de Rizzo. La votación se produjo en la reunión de acuerdos de este miércoles.  con la presencia de los vocales Claudia Mónica Mizawak, Bernardo Ignacio Ramón Salduna, Daniel Omar Carubia, German Reynaldo Francisco Carlomagno, Leonor Pañeda, Susana Ester Medina de Rizzo, Emilio Eduardo Aroldo Castrillón, Juan Ramón Smaldone, y Miguel Ángel Giorgio.

Asumirán efectivamente en sus cargos el 1° de febrero próximo, cuando se reinicie la actividad en Tribunales luego del receso de verano.

 

Castrillón nació en La Paz el 10 de septiembre de 1960, y es miembro del STJ desde el año 2006. Es miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento y ha presidido la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en los períodos 2008/2009 y 2012/2013.

Antes de llegar a la Justicia, fue diputado provincial por el justicialismo en los períodos 1995/1999; 1999/2003; 2003/hasta el año 2006. También fue senador provincial entre 1991 y 1995. Aunque previo a ocupar un escaño en la Legislatura, fue asesor del bloque del PJ en la Cámara de Senadores entre 1987 y 1991.

De modo que cinco años después de recibir su título –el 23 de diciembre de 1982, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral- ya había ingresado al mundo de la política provincial.

Aún sentado en su sillón de juez del STJ, Castrillón ha estado siempre en medio de la tormenta.

En 2014, el juez Federal de Paraná, Leandro Ríos, dispuso la detención de un ex policía provincial acusado por el secuestro y torturas de una mujer durante la última dictadura cívico-militar: Atilio Ricardo Céparo, de 66 años y oriundo de La Paz, suegro de Castrillón.

Antes, fue salpicado por otro escándalo. Castrillón creó una empresa, El Pollito SRL, habilitada para “adquirir bienes inmuebles urbanos o rurales, comprar y vender implementos agrícolas nuevos o usados, agroquímicos, semillas, fertilizantes, productos veterinarios, alambres, hierros, bebederos, caños de distintos tipos y demás productos útiles en la actividad agropecuaria”.  Al frente de la firma puso a su mujer, Natalia Céparo.

La ley orgánica del Poder Judicial, vigente desde 1985, dice, en su artículo cuarto: “Es incompatible el cargo de magistrado con la actividad comercial o profesional, salvo en causa propia, de su cónyuge, hijos menores o incapacitados y el desempeño de cualquier otra función o empleo, con excepción de la de miembro de comisiones sin carácter permanente y del ejercicio de la docencia universitaria y de nivel terciario”.

Pero después la Justicia consideró que no había ningún tipo de incompatibilidad.

En julio último, el nombre de Castrillón volvió a estar en boca de todos. Jorge Pérez, imputado de haber asesinado a un baqueano en la zona de isla, sobre la jurisdicción de San Javier, en Santa Fe, fue enviado a prisión de manera preventiva por orden del juez de primera instancia, Eduardo Pocoví.   Pérez era quien custodiaba un campo que es propiedad de Castrillón.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.