Ricardo Antonio Temporetti, exfiscal en la Unidad Fiscal de Feliciano, presentó en diciembre último un hábeas corpuso ante el juez de Garantías Emir Artero con la pretensión de que se adopten “las medidas necesarias para hacer cesar y prevenir toda amenaza actual, concreta y verosímil contra mi libertad ambulatoria, integridad personal y garantías constitucionales proveniente del accionar del Ministerio Público Fiscal, y en particular de la Dra. Gisela Muñiz –entonces fiscal auxiliar interina de Feliciano-, todo ello en razón de mi actuación profesional y procesal como querellante en una causa de extrema gravedad institucional”.

Temporetti actuaba como abogado querellante en representación de la familia de Matías Viviani Noni, el muchacho de 25 años que el domingo 23 de noviembre de 2025 apareció muerto en una celda de la Jefatura de Policía de Feliciano. Había sido detenido días antes , y sindicado por la fuerza de seguridad, en comunicado oficial, como cabecilla de una banda narco.

Precisamente, el amparo de Temporetti apuntó a la  actuación de la fiscal Muñiz. Dijo que «la fiscal Gisela Muñiz dispuso en fecha 23/12/2025, es decir cinco días posteriores a mi solicitud, la apertura de una causa penal en mi contra fundada en supuestos dichos míos en el mes de abril del corriente año en una emisora radial de Feliciano relacionados con otra causa distinta, sin conexión objetiva ni urgencia que explique su activación tardía”, reseñó.

Sin ambages, sostuvo que la apertura de esa causa en diciembre por un hecho ocurrido en abril -hablar por radio para responder a apreciaciones de la propia fiscal- resulta “una respuesta a mi solicitud presentada en el legajo de Matias Viviani Nonini a los fines de hostigar y amedrentar mi desempeño profesional en el mismo. Queda palmario que por la secuencia de los hechos, la oportunidad y el contexto evidencian que la decisión de aperturar una causa por mis dichos en una radio y criminalizar una conducta de esa naturaleza no responde a un criterio de legalidad neutra, ni al principio de objetividad, sino que aparece claramente como un acto de hostigamiento institucional dirigido a condicionar, amedrentar o desalentar mi actuación profesional en una causa sensible para el poder punitivo estatal”.

La fiscal Gisela Guadalupe Muñiz había anoticiado al abogado Ricardo Antonio Temporetti de la apertura de una causa en su contra por declaraciones que formuló a una radio en abril último.

La noticia le llegó a Temporetti -durante casi dos décadas fiscal en San José de Feliciano- cinco días después de que presentara un escrito ante el Ministerio Público Fiscal relacionada con la causa que investiga la muerte de un joven de 25 años en la Jefatura de Policía de Feliciano, ocurrida el 23 de noviembre último.

Temporetti asumió la querella particular en representación de la familia de Matías Nonini, la persona detenida por la Policía el viernes 21 de noviembre y señalada como cabecilla de una organización dedicada a la venta de drogas.

Temporetti acudió a la Procuración General de la Provincia y pidió la recusación de la fiscal «teniendo presente los intereses contrapuestos con la Sra. Fiscal Auxiliar, Dra. Muñiz Gisela los que son de público y notorio conocimiento, enemistad y animosidad con el suscripto, y que en Feliciano hay actualmente tres fiscales solicito se recuse a la misma de continuar interviniendo en la presente causa, ya que de otra manera se estaría lesionando el principio de objetividad y vulnerando garantías».

Una resolución que firmó el 25 de febrero por el Procurador Jorge García consideró la pretensión de apartamiento de la fiscal Muñiz como “manifiestamente improcedente, y ha de ser rechazada in límine”.

No obstante, dispuso que la tramitación de la causa por desobediencia al exfiscal Temporetti no la siga tramitando Muñiz, sino que pase a estar a cargo del fiscal Matías Raúl Argüello de la Vega, de la Unidad Fiscal de Chajarí.

De igual modo, en abril Muñiz dejó de pertenecer al Ministerio Público Fiscal. Pidió licencia sin goce de haberes “por ejercicio de cargo de mayor jerarquía”.

“La petición se fundamenta en que el Superior Tribunal de Justicia, mediante Acuerdo General N° 07/26 de fecha 07/04/2026, dispuso su designación como Jueza a cargo del Despacho del Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de San José de Feliciano, cargo del cual tiene previsto tomar posesión el día lunes 13 de abril de 2026”, dice la resolución del Procurador García por el cual se le otorgó licencia “extraordinaria” a Muñiz.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

El abogado Gustavo Acosta, representante de Fiscalía de Estado como actor civil en la mecagacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, habló con el programa Puro Cuento de Radio Plazo 94.7 respecto de la decisión que adoptó este miércoles la jueza Marina Electra Barbagelata, que rechazó planteos de los defensores y dispuso que “los autos ingresen a despacho para emitir el correspondiente auto de apertura”.

A finales de mayo de 2021, el Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio oral la megacausa de los contratos, una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.

En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalaron que “encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia”.  La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, que ahora cierra la etapa de las audiencias de remisión a juicio.

Acosta dijo que el rol del Estado, como actor civil, “lo que buscamos es el resarcimiento económico al Estado provincial. Y nuestra mirada no se centra en la condena penal, sino que se centra en una sentencia reparatoria en lo económico. Y en ese sentido es la participación de la Fiscalía”. Y recordó que la constitución del actor civil ocurrió en 2019, y en 2021, dos años después, se interpone ya la demanda civil.

“En función de estos criterios, es que la Fiscalía de Estado se constituye como actor civil, interpone la demanda civil, y de ahí es nuestra participación en este en este juicio, para lograr que se acredite el hecho y nosotros obtener una reparación económica, independientemente de la sentencia penal”, apuntó.

-¿Cuál le cuál es la estimación del daño económico al Estado provincial?

-En su momento, cuando se interpuso la demanda civil, y en función de las pericias contables que se habían realizado, hablamos de un monto que supera los 372.924.249 millones de pesos aproximadamente. Pero la cifra puede llegar a variar en función de las pruebas que se realicen en el juicio oral.

La resolución de la jueza Barbagelata, sostuvo Acosta, es relevante “porque habilita la discusión del hecho y poder producir las pruebas en el juicio oral, los fines obtener esta sentencia reparatoria. Y fue importante para nosotros, porque en su momento las defensas habían planteado oposiciones a la acción civil, en el caso específico de nuestra participación, con excepciones que tenían que ver con la legitimación activa y pasiva, y también una excepción de prescripción que fueron rechazadas por la jueza”.

El último día de mayo de 2021, el Ministerio Público Fiscal había pedido la remisión de la causa a juicio -cuatro años atrás-, en un escrito de 540 páginas en el que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal y peticionaron la remisión a juicio de la causa con un total, entonces, de 32 imputados: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez;  Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí  Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; y Viviana Giselle Mena Gioveni.

La lista de los que quedarán afuera del elenco de los 32 imputados originales serán 13 personas, aunque la cifra llega efectivamente a 14 con el sobreseimiento que se dictó a Gustavo Falco. Así, de 32 imputados originales el número quedó en 18. Pero con el abreviado a Scialocomo la cifra baja a 17 el número de imputados que irán a juicio oral de los 32 orignales.

La lista de los que ya zafaron de la megacusa y están próximo a hacerlo es la siguiente:

Los beneficiados

1) Renato Jesús Mansilla, pagará $5,4 millones en el plazo de 2 años y medio.

2) Nicolás Beber, $4 millones en cuotas, durante dos años y medio.

3) Verónica Caíno, $5, en el mismo plazo que el resto.

4) Fernando Gaston Sarnaglia, $1,8 millones, en cuotas durante dos años y medio.

5) Alejandro Ruben Ferreyra, $1.096.000 en dos años y medio.

6) María Victoria Alvarez, $750 mil, en dos años y medio.

7) María Macarena Alvarez, $590 mil, en dos años y medio.

8) Andrea Noemi Beatriz Demartin, $850 mil, en dos años y medio.

9) María Jazmin Mena Gioveni, $1.500.000 en un plazo de dos años y medio.

10) Viviana Giselle Mena Gioveni, $760 mil en un plazo de dos años y medio.

11) Juan Pablo Balladares, $1.500.000 en dos años y medio.

12) Guido Krapp. $10.000.000 en dos años y medio.

13) Esteban Scialocomo (juicio abreviado).

14) Gustavo Falco, sobreseimiento.

15) Esteban Scialocomo, abreviado, 3 años de prisión condicional, el pago de $6 millones y una multa de $90 mil.

En el pedido de remisión de la causa a juicio, había distintos pedidos de penas para un listado de personas que ya no es tal.

Cuando se remitió la causa a juicio, en 2021, el listado de penas pedidas por Fiscalía fueron las siguientes:

Penas

Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.

Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.

Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.

En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.

Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.

Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.

Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.

Para Roberto Ariel Faure, 9 años.

Para Hugo Mena, 10 años.

Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.

Para Esteban Scialocomo, 7 años.

Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni,  Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra  y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.

Para Pedro Eduardo Opromolla,  6años de prisión.

Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.

Nicolás Beber, 3 años.

Hernán Javier Díaz, 3 años.

Maximiliano Degani, 3 años.

Marta Aurora Pérez, 3 años.

Mariano Speroni, 2 años.

Diego Pagnoni, 2 años.

Jorge Enrique De Breuil, 6 años.

Javier Schneider, 3 años y 6 meses.

La imputación fiscal dice respecto de Gustavo Hérnan Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Estaban Cardoso, Alejandro Luis José Almada y Juan Pablo Aguilera que entre 2008 y 2018,  Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Hugo Américo Luna (ya fallecido), Esteban Ángel Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmin Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

Después, agrega: “Esta actividad habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho, el 20 de septiembre de 2018, con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000 por vínculo. Por otra parte, en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011, con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018”.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con más de 700 contratistas -los que se encuentran individualizados-. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena. Esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”, añade la imputación fiscal.

Al señalar responsables, especifica que “la expresada detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, siendo estos Juan Domingo Orabona, director Administrativo Contable de Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro, director Administrativo Contable del Senado 2011/2015; Gustavo Hernán Pérez, sucesivamente jefe del área de contratos -23.01.2008 al 10.12.11, subdirector -11.12.11 al 10.12.15- y director del Servicio administrativo contable del Senado  -11.12.15 al 03.10.18-, y Sergio Cardoso , director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, quienes tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas “sueldo” de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”.

Respecto de Cardoso, explica que “además de intervenir en la gestión de contratos falsos para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación, actuando en su carácter de director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011 y, siguiendo expresas instrucciones del Sr. presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió a los Sres. Diputados (Juan) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos 10 contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto que los ´contratistas´, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo. A su vez, y en relación a Gustavo Pérez, para consumar de manera eficiente la sustracción de dinero de las arcas del Estado provincial de la manera en que ha sido descripta, valiéndose éste de los distintos cargos que ocupó dentro del Servicio Administrativo y Contable de la Honorable Cámara de Senadores”.

Pérez, señala,  “asumió el rol de  organizador de la asociación criminal que fue instaurada a tales efectos, encargándose de coordinar y distribuir los roles que cumplieron el resto de los coencausados, tal como han sido detallados”.

Respecto del mecanismo, detalla que “luego de su libramiento por los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, los cheques eran entregados a Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza, como ser: Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni,  Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartin, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Verónica Caíno, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla, Hugo Lun (ya fallecido), entre otros”.

A las personas “del círculo de confianza que operaban como ´cobradores´ de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem Nº 64 de esta ciudad o hasta la Tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87”.

Saqueo

“Ha quedado establecido –dicen los fiscales- que este particular modo de saqueo, según la evidencia encontrada, se inició en momentos diferentes según la Cámara legislativa de que se trate y continuó de forma progresiva, ampliándose de manera significativa luego del inicio del período de Gobierno que comenzó el 10/12/2011”. Al respecto, agregan:  “En efecto, obran registros específicos que permiten afirmar con certeza que en la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obras, se iniciaron allá por el mes de enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva en fecha 11 de diciembre de 2011”.

Más adelante, el escrito con el pedido de remisión a juicio destaca: “Asimismo, se pudo comprobar que el número de vínculos falsos experimento un rápido ascenso mientras se fue perfeccionando la mecánica extractiva de caudales públicos, y en particular luego de haber expandido el uso de las mismas maniobras a la Cámara de Diputados. Vale decir, el incremento fue directamente proporcional a la especialización de la arquitectura delictiva y de sus operadores”.

¿Cuál fue el valor del desfalco a partir de esas maniobras delictivas? Según el primer informe elaborado por el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal, sería de $ 2.244.142.048,47.

Esa cifra fue actualizada. “Es así que el monto sustraído durante los casi 11 años que fueron objeto de investigación asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de 2021 (cotización dólar oficial BNA $93,75 al 28/05/2021) nos informa de un total de $ 4.961.988.609”, apunta.

“De la evidencia reunida, resulta claro que se conformó una organización delictiva con el objeto de consumar actos sucesivos de sustracción de dinero público, primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, para luego de transcurridos los primeros cuatro años, sumar las arcas de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el colectivo consumó, además, diversas ilicitudes complementarias”, dice los fiscales, y agregan:  “Pergeñada la maniobra ilícita, teniendo en cuenta su complejidad, era indispensable generar una estructura con diversos estamentos que se encargara de ejecutar las fases del accionar delictivo, que comprendía desde el reclutamiento de los falsos contratistas; la registración de los mismos ante los organismos recaudadores; la firma de los instrumentos públicos contractuales;  la presentación de éstos en los servicios administrativos y contables de la Legislatura; la posterior aprobación por éstos y las respectivas autoridades legislativas (Presidentes o Vicepresidente de ambas Cámaras); la autorización del libramiento de los pagos respectivos por los Servicios Contables de ambas Cámaras; la supuesta acreditación de los falsos servicios prestados para otorgarle un aparente marco de legalidad; la percepción de los importes a través de la presentación de los cartulares ante el agente financiero de la Provincia; la necesidad de mantener regularizada la situación impositiva de los ´contratistas´ mediante el pago mensual del impuesto al monotributo e ingresos brutos ante la ATER, la confección de facturas falsas, y la aprobación de todas estas contrataciones, a pesar de las irregularidades que presentaban, por parte del máximo organismo de control de las cuentas de la Provincia, el Honorable Tribunal de Cuentas”.

Responsabilidades

“Un aspecto transcendental está constituido por los aportes al hecho de los distintos responsables de los servicios contables de las Cámaras legislativas, toda vez que, como administradores y custodios de los recursos económicos asignados a ambos cuerpos, entre otras prestaciones, eran los encargados de habilitar el pago de los contratos falsos, a través de cheques y/o depósitos bancarios”, indican los fiscales.  Ese rol, aseguran, correspondía a Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lázzaro, Gustavo Hernán Pérez y Sergio Esteban Cardoso.

El cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, “durante todo el período investigado, pese a ocupar un cargo de menor jerarquía dentro de la estructura orgánica del Senado provincial, cumplió un rol preponderante dentro del entramado delictivo, toda vez que definía el sí y el cuánto de los contratos de obra de ambas cámaras, pese a pertenecer administrativamente al Senado provincial”. El cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, cumplía, según los fiscales, la función de  «recaudador».

El rol del Tribunal de Cuentas

“La continuidad y persistencia en el tiempo de las ilicitudes endilgadas, tampoco podría haberse consumado sin la contribución de los funcionarios del Tribunal de Cuentas con desempeño estable en ambas Cámaras legislativas”, señala. Luego, apunta: “Es así como, contrariando su deber funcional de controlar la correcta aplicación del presupuesto de la Legislatura, mediante un riguroso cotejo, efectuaban controles limitados al análisis meramente formal de una  escasa cantidad de contratos de obra, previamente seleccionados por los propios  responsables de los servicios administrativos contables”.

Luego, se detienen identificar a los “destinatarios finales” de las operaciones ilícitas, y señala que la “evidencia colectada permite afirmar que existieron actores en este entramado que tuvieron como principal actividad recibir el producido final del ilícito, ocupando los estratos superiores de la organización”. Nombra a ese respecto a Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, “quienes aparecen en todas las anotaciones, como los receptores ´finales´ del dinero colectado”.

Más adelante, sostiene que otro “común denominador existente entre los miembros de la asociación ilícita es el hecho de que muchos de ellos, estaban ligados al Senado Nacional, a través de vínculos contractuales autorizados por los senadores Pedro Guillermo Guastavino y, posteriormente Sigrid Kunath, lo que indica que la organización utilizaba también estos recursos para el mantenimiento laboral de los encargados de las ´tareas de campo´ dentro el esquema organizacional”.

“De la evidencia reseñada y valorada, emerge claramente que para consumar las reiteradas sustracciones (así como las distintas ilicitudes mediales), se conformó una estructura delictiva segmentada que perduró por casi once años”, dicen los fiscales.

Pero no sólo encuentran que se cometieron los delitos de asociación ilícito, sino también los de peculado y de incumplimiento de obligaciones de funcionario público.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

El fiscal Fernando Martínez, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, analizó la tramitación de la causa por abuso sexual a dos niñas en Lucas González, y que cerró con la declaración de culpabilidad por parte de un jurado popular a César Roberto Cepedo, con pedido de pena de 19 años de cárcel.

La denuncia se presentó el 1° de julio de 2020, y el dictamen de culpabilidad se conoció este martes 30 de junio. Cepeda fue derivado a la Unidad Penal N° 5 de Victoria, y el monto de la pena que le corresponderá se conocerá el 23 de este mes. Los delitos imputados, abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante.

El representante del Ministerio Público Fiscal habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

-En el medio del proceso de juicio por jurados ocurrió ese incidente por la situación de algunos jurados que hablaron de hostigamiento de parte del círculo íntimo de Cepeda.

-La verdad que nunca ha pasado algo así, al menos que yo conozca. Está previsto en la Ley de Juicios por Jurados la imposibilidad que tenemos las partes de acercarnos y de tratar de contactar por cualquier medio a cualquiera de los miembros del jurado. El jurado es sagrado. Se cuida esa imparcialidad del jurado y la imposibilidad de que nosotros tengamos ningún tipo de contacto con el jurado. Este hecho ocurrió antes de que comiencen las audiencias. Dos jurados, espontáneamente, dijeron que habían vivido situaciones anómalas, lo que motivó que se consultara al resto del jurado si habían pasado por algo similar, y se estableció que sí, que había 3 situaciones anómalas más que no habían sido informadas espontáneamente. Esos intentos de contacto con los miembros del jurado será analizado por la fiscal Sofía Pittaluga, que es la otra fiscal de Nogoyá, y eventualmente establecer si hubo alguna situación que amerite una investigación. Las persona señaladas por contactar jurados fueron familiares muy cercanos a Cepeda, que no tienen ningún tipo de relación con los jurados.

Causa por abusos: declaran culpable a César Cepeda

-Se habló de la esposa de Cepeda.

-Yo prefiero no nombrar a nadie. De todos modos, ese hecho fue parte del alegato de Fiscalía en la que se pidió la prisión preventiva de Cepeda. Hata ese momento, el imputado estaba en libertad. No podemos pensar que una persona tan allegada pueda hacer un acto como este, es decir, intentar acercarse o contactar a un jurado a espaldas del imputado. Entendemos que era el imputado, a través de interpósita persona, que trató de contactarlos. Eso yo alegué en la audiencia de prisión preventiva. Ahora se tendrá que ver la extraña coincidencia que justamente a pocos días de haber quedado constituido el jurado popular empiezan todos estos intentos de comunicarse de parte de parientes del imputado con los jurados.

Este miércoles, Cepeda fue derivado a la Unidad Penal de Victoria, y allí aguardará la resolución del juez Dardo Tórtul, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay que actuó como juez técnico. Tórtula resolverá el 23 de julio qué pena le corresponde, y decidir si acepta el pedido de Fiscalía para mantenerlo bajo prisión preventiva hasta que la condena quede firme.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes expuso este miércoles ante  las comisiones de  Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos sobre el proyecto de reforma del sistema jubilatorio que envió el Poder Ejecutivo, denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

Sobre la modalidad de trabajo en relación a la iniciativa que modifica la Ley 8.732, el fiscal de Estado dijo que fue “auspiciosa”, y remarcó que haría referencia “a los aspectos constitucionales y no políticos”. Desde su función, apuntó a los posibles reclamos administrativos, “si se judicializa cuáles son las herramientas que tenemos para defender la ley”.

“El sistema no soporta más el déficit, que afecta al Tesoro de la provincia”, manifestó Rodríguez Signes, “producto de falta de actualización del sistema; el tema exige un abordaje”. En este sentido puso relevancia en lo que manda la Constitución en cuanto a lo previsional, y “la primera obligación en poner la mirada en sostener un sistema y sus pilares, como edad, aporte, movilidad, que están dentro de los parámetros del derecho y la jurisprudencia de la Corte y el Superior Tribunal de Justicia”.

Sobre el capítulo de la emergencia, el funcionario señaló que “no es la primera vez que se declara” y enumeró antecedentes al respecto. “Hay una situación de emergencia porque el Tesoro debe poner 43 mil millones de pesos por mes, y estamos pidiendo adelanto de coparticipación”, en tanto añadió que hay que revisar la redacción del proyecto en este punto.

Otro tema central que desarrolló Rodríguez Signes fueron los reclamos a Nación, y detalló un recorrido de acontecimientos desde los años ’90 en adelante, incluyendo pactos fiscales y situación de la Caja provincial. Habló de las presentaciones de demandas y de la situación de otras provincias del país. “Tener la ley nos facilitaría en las tratativas en este sentido”, remarcó.

Volviendo a la emergencia dejó sentado que “hay que fundarla muy bien” y puso de relieve que “las restricciones se defienden mejor con el paraguas de la emergencia, el fundamento, y debe tener un plazo determinado o determinable”. “Todas las leyes de emergencia han sido judicializadas” expresó tras un intercambio con algunos senadores en este punto, “no veo la razón para que no se pueda declarar la emergencia en un sector” y trajo a colación el límite de endeudamiento de la provincia que tiende a profundizarse. “El fundamento es la sostenibilidad del sistema y eso manda la Constitución provincial”.

Más adelante comentó que al proyecto de ley lo elaboró el Poder Ejecutivo, en tanto desde su lugar “observó algunos artículos”. En esta línea marcó dudas de puntos específicos y planteó modificaciones a la redacción. Tras responder algunos interrogantes de los senadores presentes, se comprometió a enviarles por escrito los artículos que considera importantes rever. “La ley marca pautas, no todo lo resolverá” finalizó diciendo el Fiscal de Estado.

Luego de despedir al invitado, los senadores continuaron la reunión de comisión conjunta. Tras haber culminado la ronda de expositores con el cronograma de trabajo pautado, desde el bloque de Juntos por Entre Ríos manifestaron que se encuentran en “proceso de revisión del proyecto” y propusieron la realización de una nueva reunión de comisión para el martes próximo, 7 de julio por la mañana, para avanzar con la emisión de un dictamen. Desde el bloque Más para Entre Ríos comunicaron que tendrán un diálogo interno para tomar postura.

La jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, rechazó pedidos de nulidad, reclamos de sobreseimiento y otros planteos defensivos de los imputados y decidió la apertura del juicio oral en la causa por los supuestos “contratos truchos” de la Legislatura. La decisión se comunicó este miércoles en el Salón 1 de los Tribunales paranaenses, a un año e haber comenzado la remisión a debate. Se trata del mayor desfalco al Estado entrerriano, calculado en unos 53 millones de dólares, sustraídos de ambas cámaras entre 2008 y 2018, según la teoría que el Ministerio Público Fiscal ventilará en un juicio.

La magistrada que controla la etapa inicial de la causa, comenzó a fundamentar su decisión pasadas las 9 de este 1 de julio, tal como estaba previsto. Los fundamentos de la resolución judicial se leyeron hasta pasado el mediodía.

Barbagelata fue deshilachando, con paciencia, cada uno de los planteos defensivos y pedidos fiscales, explicando por qué les encendió luz verde para que pasaran a la siguiente etapa, o luz roja para frenarlos. La causa acaba de cosechar una de las decisiones más importantes: pasó a despacho para decretar la apertura de juicio oral. Desde que se concluyó con la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y se pidió la remisión a juicio, el 31 de mayo de 2021 hasta este 1 de julio de 2026, pasaron 5 años y un mes.

Piden elevar a juicio la causa Contratos

Definiciones

La jueza rechazó primero el pedido de sobreseimiento del imputado Gustavo Ariel Faure. “La Fiscalía atribuye a Faure haber tomado parte en los hechos investigados. En el esquema de tareas, se le pagó con contratos de obra de Diputados; contratos transitorios del Senado de la Nación; y contratos, también, del Consejo General de Educación (CGE). Los actos que se le endilgan, indican que su aporte fue útil”, decidió.

Continuó con los planteos defensivos de los auditores permanentes del Tribunal de Cuentas en las dos cámaras legislativas. Se trata de Hernán Javier Díaz; Mariano Speroni; Marta Aurora Pérez; Diego Martín Pagnoni; y Maximiliano Degani. En este punto, se detuvo especialmente. A los cinco se les atribuye “haber omitido ejercer el debido control de legalidad y haber omitido cumplir y hacer cumplir la normativa”, subrayó la jueza y retomó la documentación que evidencia la participación amañada de los auditores en las cámaras, en relación al control de las cuentas, y la cantidad de contratos sin firmar. “Los fiscales sostienen que cuando se descubrió la maniobra, los auditores comenzaron a cumplir con su función y comenzaron a detectar irregularidades. Si hubieran actuado de acuerdo al rol que tenían, hubieran detectado la maniobra”, consideró.

Marcó diferencias de enfoques entre las partes, incluso entre las propias defensas en relación a la participación de los auditores del TdC en las cámaras. Deberán discutirlo en un futuro juicio oral, porque Barbagelata concluyó que “existe causa probable” de la conducta acusada a los cinco auditores permanentes del Tribunal de Cuentas en las cámaras legislativas.

Posteriormente respondió a las excepciones de falta de legitimación pasiva, excepciones de prescripción, excepciones de acción, planteadas por los imputados. “No hay controversia respecto del plazo de prescripción, que comienza a correr desde el 20 de septiembre de 2018. Las defensas postulan que el plazo comienza desde el inicio de la conducta ilícita, pero comienza a correr desde que cesa la conducta ilícita”, decidió.

Rechazo a oposiciones sobre medidas de prueba

Más adelante, la jueza desechó las oposiciones defensivas sobre el informe técnico contable que existe en la IPP. Asimismo, refutó la incorporación de entrevistas radiales y televisivas de Radio Plaza y Canal 9 Litoral, a distintos actores que, cuando se descubrió la maniobra y con el correr de la investigación fiscal, aportaron su conocimiento sobre el tema. En efecto, hay una pieza con declaraciones del ex titular del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas, que habla sobre cómo se realizaban los controles del TdC; o declaraciones periodísticas de Daniel Ruberto. “El juicio es oral y la prueba que debe sustentar la acusación es la que allí se produce, las declaraciones de las personas vertidas a viva voz en la audiencia. Las declaraciones previas, en cualquier formato, no es prueba documental, a menos que haya acuerdo entre las partes”, señaló.

En la misma línea, la magistrada rechazó planteos defensivos en relación a testimoniales que ofrecieron los fiscales. En efecto, hubo un reparo alegando cuestiones de salud mental de un testigo. La jueza consideró que debe remitirse a juicio el ofrecimiento de esa testimonial puntual, y sostuvo que se tomará una decisión definitiva en el momento del debate, a cargo del tribunal de juicio.

Barbagelata rebatió oposiciones a la incorporación de evidencia de teléfonos celulares, informes provenientes de organismos estatales de control como AFIP y ATER, y la oposición a que se incorpore como evidencia lo resuelto en las suspensiones de juicio a prueba realizadas. “La defensa no puede imponer a Fiscalía con qué evidencia sostener la teoría del caso”, señaló. “Si los informes son insuficientes, será materia de discusión en el debate”. “El test de pertinencia está superado”, acotó.

Recordó que se produjeron cuestionamientos defensivos a testigos ofrecidos por el Ministerio Fiscal. Los abogados consideraron, en algunos casos, no tienen pertinencia. Sin embargo los fiscales pudieron explicar la necesidad de producir esos testimonios. Y así lo entendió la jueza, admitiendo a quienes recibieron pagos por parte de Hugo Mena, uno de los imputados en el proceso, a quien se adjudicó el rol de especie de reclutador de contratados.

“Aparecen mencionados en registros atribuidos a imputados. La pertinencia es manifiesta. No es un universo infinito de personas”, marcó la jueza y agregó: “Es necesario preguntar ¿por qué aparecen sus nombres? ¿En concepto de qué recibieron pagos? Estos testimonios tienen relevancia para definir trazabilidad de dinero”.

Asimismo, declinó los cuestionamientos a documental colectada en otras investigaciones conexas, que conforma el plexo probatorio de los fiscales en esta causa puntual. “La pertinencia surge de los hallazgos en operativos, al confrontarlos con esta causa”, dijo y puso como ejemplo “los nombres de diversas personas aparecidos en el operativo realizado en la casa de Juan Pablo Aguilera (NdR: en la causa Imprentas), coinciden con personas que aparecen en listados de esta causa», recordó.

Casi en el mismo sentido, la magistrada entendió que el empleo de personas en emprendimientos privados, solventados con contratos públicos, hace a la teoría del caso. Y por lo tanto, corresponde remitir esta evidencia a un futuro juicio oral.

Operaciones inmobiliarias en Concordia

En relación al pedido de incorporación del legajo investigado en Concordia, a cargo del fiscal José Emiliano Arias, Barbagelata definió no remitirlo a juicio con la causa contratos. Así lo decidió, en contraposición a lo que plantearon los fiscales. “Los elementos de prueba de ese legajo, si podrán ser evaluados en su individualidad, y su admisibilidad dependerá de la pertinencia y si permiten probar algún extremo de la teoría del caso en contratos”, diferenció. Refirió de ese modo a establecer “la ruta del dinero” que supuestamente se sustrajo con los contratos legislativos.

De igual manera, descartó la objeción de los defensores en relación al pedido de incorporación del legajo por los motivos que expusieron en la audiencia. Señaló que “la pertinencia abarca la prueba sobre el hecho principal y hechos consecuentes”. “La admisión de los medios de prueba, no interfiere con lo que se resuelva en otra jurisdicción ni propicia un doble juzgamiento”. Es decir, no admitió el legajo fiscal, rechazó las oposiciones de los defensores, pero admitió los medios de prueba que individualizaron los fiscales en la audiencia, producidos en el marco de ese legajo.

La jueza rechazó todas las oposiciones de los abogados a la elevación a juicio, a las pruebas, a los pedidos de exclusiones probatorias, entre otros, y dispuso “que los autos ingresen a despacho para emitir apertura”.

Un año después

La determinación judicial de primera instancia llega un año después de que se iniciara formalmente la discusión sobre el requerimiento de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry para elevar a juicio oral la investigación. Tras un proceso marcado por suspensiones y planteos defensivos que escalaron en la jerarquía judicial, la instancia de debate se reabrió en mayo de este año y concluyó este miércoles, más allá de los nuevos reclamos que se abrirán a partir de la resolución de este miércoles.

La causa investiga una sofisticada estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, ocurrida entre los años 2008 y 2018. Según la investigación fiscal, la maniobra consistía en la utilización de contratos truchos en ambas cámaras legislativas.

El esquema delictivo habría contado con la intervención de funcionarios públicos y empleados de jerarquía de la Legislatura; dos estudios contables encargados de la ingeniería financiera; y ciudadanos externos dedicados a reclutar “prestanombres”, falsificar firmas y endosar cheques.

Se estima que la millonaria suma sustraída de las arcas públicas fue desviada hacia inversiones privadas, principalmente en los sectores inmobiliario y agropecuario.

Mañana, otra audiencia

Además de la resolución principal sobre el juicio oral, la justicia también fijó una nueva instancia para el tratamiento de las medidas cautelares. Será este jueves 2 de julio, también a las 9, para tratar el pedido de levantamiento de restricciones patrimoniales solicitado por la defensa, específicamente por el abogado y exvocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Hugo González Elías. El letrado defiende a Jorge De Breuil.

Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

Fuente: Análisis Digital

El senador provincial Rubén Dal Molín, presidente del bloque de Juntos en la Cámara Alta entrerriana, inició el trámite para acceder a su jubilación.

En realidad, según el propio involucrado aclaró, el trámite fue gestionado por la Municipalidad de Chajarí, su último empleador.

Y sumó otro dato: cuando la Caja de Jubilaciones le otorgue el beneficio, supone, ya regirá el nuevo sistema por lo que será alcanzado  por los cambios que el Ejecutivo impulsa en el regimen previsional entrerriano.

El último 25 de junio, según los registros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Dal Molin presentó el pedido para su retiro.

Consultado por Entre Ríos Ahora, el legislador admitió que la petición surgió desde la Municipalidad de Chajarí, donde se desempeñó durante casi cuatro décadas. Y desde el vamos Dal Molín aclaró que no buscó quedar al margen de la reforma previsional que discute el Senado, que, una vez convertida en ley, introducirá sensibles modificaciones al sistema.

“Aún supero la de 68 años, que sería para los nuevos y con aportes de más de 45  años entre Municipio y escuelas, que es la cantidad de años trabajados que tenía cuando salí de la Municipalidad de Chajarí, en 2005. Pero además, saldrá con nuevas condiciones que establezca la nueva ley, pudiendo haberlo hecho hace una año cuando comenzó a hablarse de nueva norma”, expresó Dal Molín.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

Luego del cierre de las audiencias antes el jurado popular y tras el veredicto de culpabilidad, el martes, en el salón del Colegio de la Abogacía de Nogoyá, este martes se realizó la audiencia de cesura en la que el Ministerio Público Fiscal pidió 19 años de cárcel para César Roberto Cepeda, el hombre enjuiciado por dos casos de abuso sexual a niñas, hecho ocurrido en 2020 en Lucas González.

Ante el juez técnico Darío Tórtul, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, el fiscal Fernando Martínez pidió que se aplique a Cepeda la pena de 19 años de cárcel, y que se lo mantenga con prisión preventiva en la Unidad Penal de Victoria hasta que la condena quede firme. La defensa, representada por Walter Martínez, solicitó 8 años de prisión. En medio del proceso, surgieron denuncias de jurados populares que habían recibido hostigamiento de parte del círculo próximo de Cepeda, lo que llevó a la Justicia a dictarle prisión preventiva. Había llegado al juicio en libertad.

Causa por abusos: declaran culpable a César Cepeda

Ahora, habrá que aguardar la resolución del juez Tórtul ante las peticiones de Fiscalía y de la defensa.

Cepeda es la pareja de la hermana de la mamá de las dos niñas. Según la imputación fiscal en la apertura de la causa, se lo acusó de que, «durante el transcurso del período de aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional (cuarentena), aprovechando la circunstancia de que la denunciante dejaba a sus hijas menores de edad (G y C, de tres y seis años respectivamente) al cuidado tanto de su hermana SS como del encartado Cepeda, en el domicilio que éstos habitan en calle Eduardo Mongeloz (…)de la ciudad de Lucas González, en el horario de 13 a 16 hs. o 20 a 22 hs., dependiendo la demanda laboral de la madre de las menores, como así también en otros horarios donde la menor se quedaba en la casa de ellos en virtud de la relación de parentesco que los une, el incurso, valiéndose de la relación de confianza y rol que tenía respecto de la menor de tres años GN, en reiteradas oportunidades le dio besos en la boca y tocó por debajo de la ropa”.

Los fiscales que instruyeron la causa, Maite Burruchaga y Rodrigo Molina, de la Unidad Fiscal de Nogoyá,  pidieron 19 años de cárcel para Cepeda.

La investigación

Desde que se presentó la primera denuncia, el viernes 3 de julio de 2020, Cepeda ha estado con libertad restringida. Una semana después de la primera presentación judicial, se sumó otra denuncia: una mujer contó en los Tribunales de Nogoyá que Cepeda  había conocido a su hija, una adolescente entonces de 14 años, en la Fiesta del Lino, de Lucas González, y a partir de entonces había comenzado a preguntar por ella. El hombre la siguió un día camino a la escuela de la menor. Dijo que «el tipo este iba manejando una camioneta roja y paró al lado de ella y de nuevo le preguntó si iba a la escuela y la miró otra vez como quien dice de ´arriba a abajo´».

El 28 de agosto de 2020, se sumó la segunda denuncia de Alejandro Negri, el papá de las dos niñas, entonces de 4 y 6 años.

Desde que la causa se abrió, Cepeda no pudo volver más a su casa, en Lucas Gónzalez: en esos primeros años residió en un establecimiento rural de Crucesitas Tercera.

Desde que se enteró que el tío de sus hijas había abusado de las niñas, Alejandro Negri inició una campaña para concientizar sobre el abuso sexual en niños y adolescentes. Después de lo que les ocurrió a sus niñas, organió una maratón, que une General Ramírez con Lucas González. Antes, puso por toda la ciudad de Lucas González carteles y pasacalles con esta consigna: «Los niños no mienten. No al abuso sexual infantil».

«Tiene que pagar lo que hizo. Yo sé que va a ser condenado. Y que va a estar en la cárcel mucho tiempo», ha dicho Alejandro Negri.

El 16 de julio último de 2022, durante los multitudinarios festejos patronales en Nogoyá, en honor a Nuestra Señora del Carmen, Cepeda se paseó como un jinete más en la manifestación popular más convoccante de la ciudad. «Es una falta de respeto», lanzó Negri cuando descubrió en la cuenta oficial de la Municipalidad de Nogoyá en Facebook la foto de Cepeda en el desfile por el festejo patronal que, a la vez, es la celebración de 240 años de la fundación de la ciudad. Cepeda tiene una relación de parentesco con el intendente local, Rafael Cavagna (Juntos por el Cambio).

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

La Justicia de Nogoyá investiga un gravísimo hecho de abuso sexual con acceso carnal del que resultó víctima una chica de 19 años.

La situación ocurrió el sábado 27. La joven había salido de un boliche en la ciudad de Nogoyá cuando se encontró con un amigo, de 17 años. Le pidió que la acercara en moto hasta su casa.

Su amigo menor de edad estaba con otra persona, mayor de edad, a quien la joven no conocía. Ofrecen llevarla pero antes la invitan a ir a la casa de una tercera persona. Otro adulto.

La actuación fue con celeridad. El sábado se produjeron allanamientos y la detención de las tres personas sindicados como autores de la violación a la joven.

El domingo se realizó la audiencia de imputación al menor de edad, que quedó detenido en un centro especializado del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) por un plazo de 45 días.

En tanto, este lunes fueron indagados los dos mayores de edad, y este martes por la mañana se realizó la audiencia ante la Justicia de Garantías y se les aplicó a ambos prisión preventiva por 60 días en una unidad penal.

En ambas resoluciones actuó el juez de Garantías de Nogoyá, Oscar Rossi.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

Es casi medianoche del martes y en el whatsapp aparece un mensaje de Alejandro Negri. Una sola palabra. El teléfono muestra esa palabra: «Culpable».

En los últimos días estuvo pendiente del teléfono, y de las redes y en expectación por una definición que llegó al filo de la medianoche: el jurado popular que deliberó desde el martes 23 pudo, en el último día de junio, dictar veredicto de culpabilidad.

César Roberto Cepeda fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante contra dos menores, las hijas de Alejandro Negri.  Este miércoles será la audiencia de cesura en la que el tribunal impondrá la pena.

Aguardará esa definición detenido en la Jefatura de Policía de Nogoyá, lugar al que fue derivado luego de que se registraran distintas intimidaciones a miembros del jurado popular por parte de su círculo familiar más próximo.

Los jurados populares se reunieron en la sede del Colegio de la Abogacía de Nogoyá. En el banquillo se sentó César Roberto Cepeda, denunciado en 2020 por el abuso sexual de dos niñas, sobrinas de su mujer.

La denuncia la presentó Alejandro Negri y la mamá de las dos menores. El trámite giró, rodó y siguió los insonsables caminos de las causas judiciales, hasta que la historia tuvo un final: Cepeda fue hallado culpable de los delitos que se le enrostraron.

El proceso había comenzado el martes 23 en el salón del Colegio de la Abogacía de Nogoyá, con el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay Darío Tortul como juez técnico. La acusación pública corrió por cuenta del fiscal Fernando Martínez, en tanto que la defensa del acusado la ejerció el abogado Walter Martínez.

El caso había sido remitido a juicio por jurados a finales de octubre de 2025.

Cinco años después de la denuncia, la jueza subrogante de Garantías de Nogoyá, María Gabriela Tepsich, no hizo lugar a los planteos de la defensa de Cepeda, a cargo de Walter Martínez, y remitió el caso para que sea debatido por un jurado popular.

La denuncia se formalizó el 1° de julio de 2020. El denunciado fue César Roberto Cepeda.

Los hechos sucedieron en Lucas González, en el departamento Nogoyá.

La denuncia dijo: «Conforme denuncia de los ciudadanos MLS y AN, progenitores de la menor de tres años de edad  GN, nacida el día 4/7/2016, se le imputa al ciudadano César Roberto Cepeda, que durante el transcurso del período de aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional (cuarentena), aprovechando la circunstancia de que la denunciante dejaba a sus hijas menores de edad (G y C, de tres y seis años respectivamente) al cuidado tanto de su hermana SS como del encartado Cepeda, en el domicilio que éstos habitan en calle Eduardo Mongeloz (…)de la ciudad de Lucas González, en el horario de 13 a 16 hs. o 20 a 22 hs., dependiendo la demanda laboral de la madre de las menores, como así también en otros horarios donde la menor se quedaba en la casa de ellos en virtud de la relación de parentesco que los une, el incurso, valiéndose de la relación de confianza y rol que tenía respecto de la menor de tres años GN, en reiteradas oportunidades le dio besos en la boca y tocó por debajo de la ropa”.

El tiempo fue un enemigo implacable.

En febrero 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló el pronunciamiento del entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, que el martes 13 de septiembre de 2022 firmó la resolución de remisión a juicio oral de la causa por abusos a menores que involucra a César Cepeda.

Los hechos, según denunciaron en 2020 los papás de dos niñas, de 3 y 6 años, sucedieron en la vivienda de Cepeda, en Lucas González: allí las niñas permanecían al cuidado de sus tíos mientras la mamá -separada del padre- cumplía con su horario laboral.  Esa decisión de Acosta, remitir la causa a juicio, fue ratificada por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Mauricio Derudi, el 28 de septiembre de 2022.

Pero el abogado Walter Martínez, defensor de Cepeda, acudió con una impugnación extraordinaria ante la Sala Penal, que dispuso «anular» la audiencia en la que el juez de Garantías de Nogoyá remitió la causa de los abusos en Lucas González a juicio y ordenó «retrotraer las actuaciones al momento previo a dicho acto procesal, debiéndose encauzar el proceso a través del sistema de Juicio por Jurados».

Pero además, el alto cuerpo encomendó a la Secretaría de Juicios por Jurados y a la Oficina de la Mujer del STJ para que, «en forma conjunta y de acuerdo a las pautas que oportunamente se definan, instruyan a los miembros del jurado interviniente en procesos de esta naturaleza y de acuerdo a las consideraciones aquí referidas».

Cepeda es la pareja de la hermana de la mamá de las dos niñas. Según la imputación fiscal en la apertura de la causa, se lo acusó de que, «durante el transcurso del período de aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional (cuarentena), aprovechando la circunstancia de que la denunciante dejaba a sus hijas menores de edad (G y C, de tres y seis años respectivamente) al cuidado tanto de su hermana SS como del encartado Cepeda, en el domicilio que éstos habitan en calle Eduardo Mongeloz (…)de la ciudad de Lucas González, en el horario de 13 a 16 hs. o 20 a 22 hs., dependiendo la demanda laboral de la madre de las menores, como así también en otros horarios donde la menor se quedaba en la casa de ellos en virtud de la relación de parentesco que los une, el incurso, valiéndose de la relación de confianza y rol que tenía respecto de la menor de tres años GN, en reiteradas oportunidades le dio besos en la boca y tocó por debajo de la ropa”.

Los fiscales Maite Burruchaga y Rodrigo Molina, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, y el querellante particular, Mariano Navarro, pidieron 19 años de cárcel para Cepeda. Pero la realización del juicio se ha visto demorada por las sucesivas presentaciones del defensor de Cepeda.

Giorgio entendió que había que hacer lugar al planteo del fiscal Jorge Gamal Taleb, al considerar «atinado el aporte introducido por el representante del Ministerio Público Fiscal respecto a la capacitación con perspectiva de género propiciada para los miembros del Jurado». Al respecto, sostuvo: «Cabe recordar que la perspectiva de género viene a introducir una mirada distinta del `sentido común` con que deben analizarse los hechos, prestando particular atención al contexto en que se producen y considerando a éste como parte del razonamiento jurídico».

Ahora, seis años después de aquella denuncia en medio de la pandemia, César Roberto Cepeda fue encontrado culpable de los delitos de abuso sexual de dos niñas. Este miércoles se conocerá cuál será la condena que deberá cumplir.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos observó en las últimas semanas un aumento en la cantidad de trámites de personas que procuran acceder a su beneficio jubilatorio: de tramitar 1.300 expedientes pasaron a más de 2.000. El nivel de actividad creció tanto que ahora también atienden los días sábado.

“Es una situación previsible y bastante normal y entendible en un proceso así”, admitió Gastón Bagnat, presidente de la Caja, en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. “Nosotros hemos recibido una demanda de un 30% a un 40% superior al promedio, que ya venía siendo alto. En dos años y medio de gestión, tramitamos 7.500 jubilaciones, y a eso hay que sumarle otro tanto entre reconocimientos de servicio, pedidos de ajuste, salario familiar, y un montón de trámites que requieren estar trabajando exigidamente. Y por eso hemos resuelto atender también los sábados”, aseveró.

Respecto del aumento de demanda de trámites que siguió a la discusión del proyecto de reforma jubilatoria que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura, Bagnat reseñó: “La verdad es que sí, la verdad es que hay un 30%, un 40% de aumento entre expedientes iniciados y turnos pedidos. Es entendible, porque hay mucha gente que ya tiene los derechos jubilatorios adquiridos y que, bueno, ante ante este escenario, obviamente, por ansiedad, por temor, por ahí desinformación, bueno, quiere estar tranquilo. Es la etapa de la vida en la cual hay que estar tranquilo Así que, bueno, estamos acompañando ese proceso también”.

-¿Cómo se instrumenta la atención los sábados?

-Es presencial. Hay empleados de la Caja que atienden los sábados y atienden turnos de pensión y de jubilación. No pueden ir apoderados ni abogados ni nada, y es precisamente para darle la posibilidad a gente del interior o gente que quiere hacer el trámite en persona y en la semana no puede por el horario. Hace ya dos meses largos que estamos atendiendo los sábados.

-¿Es a propósito del aumento de trámites por la inminencia de la reforma?

-Es una decisión que tomamos en conjunto con los empleados de la Caja. Notamos que los sábados había gente que en la semana no podía venir, y previendo además que el turnero ya se estaba saturando y que la demanda de trámites subía. Fue una buena decisión que nos ayuda dar ese servicio también.

-¿Es entendible el temor que tiene la gente de apurar el trámite jubilatorio por las consecuencias que puede tener la reforma?

-Por lo general, las leyes no se aplican de forma retroactiva. El que ya tiene a determinada fecha derecho, el derecho adquirido, se le respeta.  Para llevar tranquilidad a la gente, el que tenga el derecho adquirido antes de la sanción, obviamente, ese derecho se ejerce en cuanto a edad y años de aporte. Después, habrá que estar pendientes del resto de los temas.

-¿Quiénes son los que apuran el trámite jubilatorio?

-Los que están pasados de años de servicio, o pasados en edad.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora