El gobernador Rogelio Frigerio anunció una “inversión histórica” en Vialidad de más de 12.000 millones de pesos para la compra de equipamiento y maquinarias y celebró la obtención de 322,5 millones de dólares en financiamiento internacional para el mejoramiento de la red vial provincial. Además, reiteró su compromiso de intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales antes de terminar su mandato.

Fue durante una conferencia de prensa en la que presentó los avances y el plan integral de infraestructura vial que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, destacando que en poco más de dos años de gestión se logró pasar de una situación crítica a una etapa de transformación estructural.

El mandatario hizo notar que al asumir su gestión encontró un panorama crítico, con «rutas en estado deplorable, abandonadas»; y una Dirección Provincial de Vialidad con «falta de transparencia en procesos y contrataciones». Ante esto, se propuso un objetivo concreto: «Recuperar Vialidad y recuperar las rutas para nuestra provincia», a pesar de las dificultades financieras heredadas.

Para lograrlo, se sanearon deudas recibidas de gestiones anteriores de más de 30.000 millones de pesos que mantenían las obras paralizadas. «Hoy la administración está al día» y bajo una directiva estricta: «Obra que se inicia, obra que se ejecuta en tiempo y forma», dijo. Además, se fomentó la transparencia triplicando la cantidad de oferentes en licitaciones, lo que permitió hacer «muchas más obras, muchos más kilómetros, con muchos menos recursos».

Un avance clave es la «compra histórica de maquinaria para Vialidad que será la más importante en varias décadas». Con más de 70 unidades de equipamiento vial, el gobierno busca revertir la situación de un organismo que fue encontrado «desguazado, sin ningún tipo de herramientas para dar respuesta a los reclamos de los vecinos». Además, destacó el reordenamiento del personal en la repartición, señalando que «la gente tiene que estar en territorio, en los campamentos», por lo que se busca corregir la excesiva concentración de empleados en algunas dependencias.

En cuanto a la infraestructura, el plan estratégico contempla intervenir el 100 por ciento de la red vial en estos cuatro años. Según el gobernador, «estamos hablando de más de 1.000 kilómetros de rutas ya intervenidas y de acá al fin del mandato vamos a intervenir todos los kilómetros restantes», incluyendo un plan para los 25.000 kilómetros de caminos rurales.

Para las rutas que requieren una reconstrucción integral, se gestionó financiamiento externo tras obtener el aval soberano nacional, «y Entre Ríos fue la primera provincia». En ese marco, se lograron créditos por más de 320 millones de dólares del BID, el BCIE y el FIDA, recursos a «larguísimo plazo, a tasas bajísimas, para poder hacer rutas de nuevo, desde cero», subrayó el mandatario.

Asimismo, el gobierno implementó medidas como el decreto para eliminar Ingresos Brutos e impuesto a los Sellos para la obra pública; y el envío de un proyecto de Compre Provincial para priorizar a las empresas locales. Asimismo, se tomó la decisión política de que «el 100 por ciento del impuesto Inmobiliario Rural se destine a los caminos de la producción», entre otras acciones.

Al finalizar, el gobernador subrayó que este cambio de paradigma es posible gracias a «reglas claras, transparencia y competencia». Concluyó que, además de saldar una deuda histórica con los entrerrianos, esta inversión «genera empleo» y demuestra que se puede gestionar con «compromiso, decisión y coraje».

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

“A once años del primer Ni Una Menos volvemos a salir a las calles porque la violencia machista no terminó. Porque nos siguen matando. Porque nos siguen violando. Porque nos siguen violentando. Porque nos siguen disciplinando. Y porque sabemos que detrás de cada femicidio y transfemicidio no hay solamente un agresor individual. Hay también una trama de desigualdades, complicidades, silencios e instituciones que muchas veces llegan tarde o directamente no llegan”.

El documento final del #NiUnaMenos, este miércoles 3 en Paraná, marcó los alcances de la multitudinaria movilización que unió Plaza 1° de Mayo con la explanada de Casa de Gobierno, punto culminante de la marcha que se sumó al acampe de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que se extiende hasta este jueves. El texto agregó: “Por eso hoy nombramos a Agostina Vega. Nombramos a Dulce María Candia. Nombramos a Noelia Rivero, a cada mujer víctima de la violencia machista. Las nombramos porque cada nombre tiene una historia. Las nombramos porque cada nombre representa una vida que nos fue arrebatada. Las nombramos porque nos negamos a naturalizar el horror”.

La marcha trazó límites en las responsabilidades y apuntó a “quienes hoy gobiernan”.

“Responsabilizamos al gobierno nacional de Javier Milei por dedicarse, desde su lugar de poder como presidente de la nación, a instalar discursos de odio, agresión a las personas con discapacidad y antifeminismo de Estado, por su negacionismo y banalización de las desigualdades. Lo hacemos responsable por el desmantelamiento intencional y sistemático de políticas públicas destinadas a prevenir, abordar y reparar las violencias por razones de género”, señaló. Y agregó: “Responsabilizamos al gobierno provincial de Rogelio Frigerio por ejecutar sus propias políticas de ajuste feroz sobre las vidas de las mujeres y diversidades entrerrianas y todo el pueblo entrerriano. Responsabilizamos a quienes desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial contribuyen por acción u omisión a sostener un entramado institucional que continúa reproduciendo desigualdades y violencias. Porque la violencia machista no puede combatirse mientras se destruyen las herramientas destinadas a prevenir”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

Sorpresivamente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó este martes el acampe en la zona de la ruta 12, en el acceso a la planta de la concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná San José SA, medida que se había dispuesto en demanda del cumplimiento de una medida cautealar que en noviembre dictó un juez laboral porteño y que impuso a la permisionaria absorber a los «237» trabajadores de Buses Paraná.

Ese intríngulis no se ha resuelto aún cuando las negociaciones y las audiencias de conciliación en la Secretaría de Trabajo van para la deena de encuentros. El último, este martes, no arrojó ningún resultado y se pasó a un cuarto intermedio para el jueves. Desde la prestataria hay bastante pesimismo respecto a un eventual acuerdo. Además, la negociación pasó hace una semana por una situación de zozobra cuando el titular de UTA, Juan José Brito, fue agredido en Trabajo por choferes y debió ser retirado en patrullero.

Este martes, en representación del gremio de los choferes, acudieron los dirigentes Gustavo Rupp y Rodrigo Epelbaum, que según fuentes consultadas estarían en una línea opuesta a la de Brito de cara a las próximas elecciones de renovación sindical. De la audiencia en Trabajo salieron con las manos vacías, y a la tarde se conoció el levantamiento del acampe.

La medida de protesta se había iniciado el lunes 13 de abril. Entones, un grupo de aproximadamente 30 inició el acampe frente a la planta de la concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná, San José, sobre la ruta 12, en el marco del reclamo por la reincorporación de los empleados que dependían de la exconcesionaria Buses Paraná.

La disputa judicial entre la Unión Tranviario Automotor (UTA) y la  concesionaria del servicio de transporte urbano de colectivos en Paraná, la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por San José SA y Kenia SA en torno a la vigencia de una cautelar que obliga a la prestadora a absorber 237 trabajadores de la exconcesionaria Buses Paraná recaló en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir qué fuero es competente.

UTA procura que San José dé cumplimiento a una medida cautelar habilitada por un juez laboral porteño, que en noviembre de 2025 impuso la obligación a la prestataria de absorber a los 237 trabajadores que habían pertenecido a la exprestataria Buses Paraná. San José ha venido rehusando esa medida con el argumento de que acceder a esa petición implicaría violentar el contrato de concesión.

«El análisis es simple: si se avanzara en la incorporación de un grupo de trabajadores fuera de las condiciones del pliego (más allá de la desvinculación que deberíamos hacer de actuales empleados) se corre el serio riesgo de que quienes prestaban servicios en la anterior permisionaria estén trabajando o se hayan dado por despedido soliciten el reconocimiento de la antigüedad (sea a los fines salariales o indemnizatorios)», justifican desde la empresa.

¿Cuántos son los empleados en esa condición? Está claro que no son 237. En UTA hablan de poco menos de la mitad. En San José varían entre 30 a 50 personas. Sea cuantos fueren, lo cierto es que la vía del diálogo no alcanzó para llegar a un acuerdo.

Hugo Ruiz, representante de San José, hizo una presentación ante eo director de Trabajo, Juan Pablo Irurieta, que dice que «corresponde dejar sentado que la totalidad de los trabajadores que actualmente prestan servicios para Transporte San José SA sean éstos provenientes de la anterior permisionaria o no, se encuentran desempeñándose bajo las condiciones, exigencias y parámetros establecidos en el pliego licitatorio vigente. En consecuencia, no existe posibilidad material ni jurídica de efectuar concesión alguna en el sentido pretendido por la asociación sindical, siendo precisamente ello parte sustancial de la controversia planteada. Asimismo, debe señalarse que la eventual incorporación de un nuevo grupo de trabajadores —aun bajo las condiciones previstas en el pliego— importaría necesariamente la desvinculación o desplazamiento de personal que actualmente se encuentra prestando servicios efectivos, toda vez que la totalidad de los puestos de trabajo se encuentran debidamente cubiertos.  Admitir una solución de esa naturaleza implicaría afectar derechos de trabajadores actualmente activos, generando un conflicto adicional e injustificado».

El 26 de noviembre de 2025 -a días de que San José asumiera la concesión, hecho que ocurrió el domingo 7 de diciembre último- el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Fabián Loguarro, hizo lugar a una medida cautela presentada por la UTA nacional y obligó a San José a absorber 237 trabajadores de Buses Paraná.

San José discutió esa resolución, pero la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la medida cautelar que obliga a Transporte San José SA a absorber transitoriamente al personal de Buses Paraná UTE (Grupo ERSA) desde el inicio de la nueva concesión en Paraná hasta que se dicte sentencia definitiva.

En forma paralela, la concesionaria planteó una cuestión de competencia y pidió que un Juzgado Laboral de Paraná intervenga en el pleito.

En diciembre la titular del Juzgado Laboral N° 4, Carmen Prevedel, rechazó intervenir en el conflicto suscitado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa San José, que este domingo asume la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná.

«De inicio entonces advierto que constituye, sin dudas, un dislate pretender que un órgano jurisdiccional otorgue en forma amplia y genérica una especie de autorización o venia al peticionante para no cumplir ninguna orden judicial», planteó la jueza Prevedel en su resolución.

De ese modo, los camaristas Guillermo Federik, María Alejandra Abud y Emilio Matorras revocaron el fallo de primera instancia de la jueza laboral Carmen Prevedel que había rechazado intevenir.

El lunes 23 de febrero, la jueza Prevedel hizo lo que la Cámara le ordenó: se abocó al tratamiento de la competencia. «Atento a lo resuelto por la Excma. Cámara del Trabajo – Sala II- en fecha 19/02/2026 y en cumplimiento de lo allí ordenado, corresponde librar oficio al Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con copia de las presentes actuaciones, a fin de que el Juzgado oficiado disponga, si acepta el requerimiento de inhibitoria, el archivo de lo allí actuado o, en caso de que decida mantener su competencia, la elevación a la Corte para dirimir la contienda, implicando la suspensión del procedimiento producida a causa de la cuestión de competencia y la suspensión de los efectos de la
medida cautelar dispuesta por el Juzgado Nacional mencionado en la Resolución que dictara el 26/11/25».

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) acordó con el Gobierno la conformación de una mesa consultiva técnica que analizará la situación de la planta de personal de Salud en cada efector de la provincia y elaborará una propuesta de regularización para elevar al Poder Ejecutivo. “En esta provincia vamos a regularizar miles de trabajadores y eso nos llena de orgullo”, expresó al respecto el secretario general del sindicato, José Allende, y destacó que este acuerdo es fruto del diálogo.

Al respecto, el gremio destacó que ese espacio tendrá la tarea de analizar la composición de las plantas de personal en cada efector de salud y elaborar una propuesta destinada al Poder Ejecutivo para avanzar en un plan de regularización de trabajadores del sector.

“Salud es una de las áreas más comprometida en relación a la irregularidad en condiciones de trabajo”, sostuvo Allende, tras recordar que se trata de una vieja discusión que venía dando UPCN, que ahora ya cuenta con una comisión conformada por resolución.

Anticipó que en esa mesa se analizará cada uno de los casos para luego, en un tiempo perentorio, elevar el resultado al Poder Ejecutivo “para que tenga la herramienta para regularizar toda la planta de personal y terminar con la incertidumbre”, remarcó Allende.

Señaló que esa incertidumbre “es mucho más grave aún en este país, donde hay un presidente que achica, que reduce el Estado y que echa gente”. Y lo diferenció del contexto en Entre Ríos: “En esta provincia vamos a regularizar miles de trabajadores y eso nos llena de orgullo”.

Otros acuerdos

También se avanzó en otros dos acuerdos, uno de ellos tendiente a la incorporación de los efectores de salud al Sigap. Esto implica que, a través de una aplicación, cada agente podrá acceder a información vinculada a su carrera laboral, licencias y trámites administrativos. “Antiguamente era un expediente, que cada vez que uno lo necesitaba para hacer un trámite tenía que ir a Recursos Humanos y esperar quizás meses para tener una respuesta. Ahora va a estar en la aplicación del teléfono de cada uno de los trabajadores”, explicó Allende.

El otro avance tiene que ver con la sistematización digital de la programación de enfermería, una tarea que hasta ahora se realizaba mediante expedientes en papel. Este nuevo sistema permitirá terminar con discrecionalidades que afectaban a muchos trabajadores. “Ahora va a haber un monitoreo desde el Ministerio de Salud en tiempo real, en donde toda la planificación va a ser digital y todos vamos a tener acceso. Esto habla de transparentar un sistema que ha sido como un toma y daca de beneficios y castigos de parte de directores de muchos hospitales”, afirmó el Secretario General.

El valor del diálogo

Allende resaltó que estos avances “son producto del trabajo, de muchas reuniones y del diálogo con distintas áreas del gobierno”.

En ese sentido, defendió la permanencia de UPCN del sindicato en los espacios de discusión. “Esto es el fruto de no levantarse de la mesa. Lo repetimos para los que nos tildan de oficialistas o nos dicen perritos falderos: nosotros somos representantes de los trabajadores. Podemos estar con medidas de fuerza, pero eso no quiere decir que nos vamos a levantar de la mesa de discusión, porque en el momento que nos levantamos, dejamos de representar a los trabajadores”, subrayó.

Y concluyó: “En esta época de crisis, no nos podemos permitir no dialogar y discutir, por lo menos no el gremio más representativo de la administración pública entrerriana”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos organiza una disertación sobre “Reforma Laboral. Visión experta sobre el presente y futuro del Derecho del Trabajo”.

La ponencia estará a cargo del experto Mario Ackerman, y tendrá lugar este miércoles 3, a las 18, en la UCA Sede Paraná, Auditorio Juan Pablo II (Buenos Aires 239), con entrega de certificados e inscripción previa.

Ackerman, abogado laboralista, ha planteado su mirada crítica sobre la Reforma Laboral del gobierno actual. “Se perdió una oportunidad de hacer las cosas bien. Acá se podía haber hecho una cosa completamente distinta, conveniente para todos, sin sacarle plata a los trabajadores, bajando el costo de las empresas”, lamentó.

Por lo demás, negó que la nueva legislación acabe con la llamada “industria del juicio”. “No hay una industria de juicio, lo que hay es mucha litigiosidad, y esta reforma no va a resolverlo si no se atacan las causas de fondo”, sostiene.

Ackerman, profesor emérito de la UBA y uno de los laboralistas más reconocidos del país, analizó en profundidad las ideas que comenzaron a circular sobre la nueva “modernización laboral”. Aunque el proyecto definitivo aún no se conoce, advirtió que los lineamientos ya revelados permiten anticipar una orientación: un retroceso en derechos que, bajo el discurso de la libertad, reproduce la lógica del DNU 70/2023 y debilita a quienes solo cuentan con su trabajo. “Hay una usurpación del lenguaje de la libertad”, señaló, y describió el texto como una reforma que, lejos de fomentar el empleo, recorta protecciones y abre la puerta a negociaciones individuales en condiciones de extrema desigualdad. «No es una propuesta inmoral: esto es inmoralidad en sí misma», ha planteado.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

Chiara Paez, 14 años, estaba cenando con sus amigas el 9 de mayo de 2015 cuando se fue con su novio, Manuel Mansilla, 16, con la promesa de que volvería.

Su desaparición el 9 de mayo de 2015 conmocionó y movilizó a la ciudad de unos 20.000 habitantes que salió a buscarla por cada rincón.

En el anochecer del 10 de mayo de 2015, el cuerpo de Chiara fue encontrado enterrado en la casa de los abuelos de Mansilla, luego de que él confesara que la había asesinado a golpes.

Fue la gota que rebasó el vaso. Ese hartazgo hizo que el 3 de junio de 2015 miles de mujeres en varias ciudades de Argentina salieran a las calles a protestar. Y lo hicieron tras una sucesión de asesinatos contra mujeres que conmocionaron a la sociedad en ese momento.

La última de esa serie de muertes fue la de Chiara Páez.

Desde entonces, cada 3 de junio las calles se llena al grito de #NiUnaMenos, el hashtag que se convirtió en grito desesperado ante las muertes de mujeres que suceden, la última, la adolescente de 14 años, Agostina Vega, en Córdoba.

En Paraná, la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas convocó para este miércoles a una concentración y marcha bajo el lema: “Con Milei y Frigerio no hay ni una menos. Los derrotamos en las calles”.

La concentración será este miércoles 3, a las 15, en Plaza 1° de Mayo.

En tanto, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná convoca a un paro activo y movilización: a las 10, ruidazo y cartelada; a las 15, concentración en Plaza 1° de Mayo; acto y asamblea abierta en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

El Gobierno, a través del Instituto Becario, indicó que “una política sostenida de actualización de los montos de las becas educativas, con incrementos significativos entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 en todos los niveles”.

Según el informe oficial, las becas secundarias pasaron de 6.500 pesos en diciembre de 2023 a 50.000 pesos en mayo de 2026, lo que representa un incremento del 670 %. En tanto, las becas terciarias aumentaron de 10.500 a 70.000 pesos, alcanzando una suba del 566,7 %

El mayor crecimiento se registró en el nivel universitario, donde el monto ascendió de 13.000 a 100.000 pesos, también con un incremento del 670 %. Desde el gobierno provincial señalaron que esta decisión apunta a fortalecer el acompañamiento a estudiantes de nivel superior, teniendo en cuenta los mayores costos que implica la formación académica.

En ese marco, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que este esquema «fue posible gracias a una administración eficiente de los recursos públicos». Además, explicó que se eliminaron gastos que no estaban directamente vinculados con la política educativa, como las maratones organizadas por el Instituto Becario.

«Se trata de 500 millones de pesos que fueron redireccionados al sistema de becas», indicó el funcionario. Asimismo, señaló que también se revisaron programas existentes, reduciendo estructuras con criterios discrecionales y reasignando esos recursos al fortalecimiento del acompañamiento económico a los estudiantes.

Colello remarcó además que se eliminaron intermediarios y se redefinieron condiciones para «garantizar que las becas lleguen efectivamente a quienes más las necesitan». En ese sentido, subrayó que, pese a un contexto complejo en términos de recaudación, la provincia logró sostener la cantidad de beneficiarios, que ronda los 15.000 estudiantes, e incrementar significativamente los montos de las becas.

Desde el Instituto Becario señalaron que la evolución de los montos responde a una política progresiva orientada a garantizar que las becas sean una herramienta efectiva para sostener las trayectorias educativas y ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, destacó el aporte de los profesionales entrerrianos al sostenimiento de las políticas educativas y remarcó que «muchos de los programas se sostienen gracias al cumplimiento del impuesto al ejercicio de las profesiones liberales».

Finalmente, Berdiñas valoró el rol del Estado provincial en el fortalecimiento del sistema de becas. «Trabajamos con el convencimiento de que este sistema solidario permite que miles de estudiantes puedan seguir persiguiendo sus sueños, alcanzar objetivos y aportar al progreso de Entre Ríos», expresó.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

Nogoyá brindó su reconocimiento a una de las mejores exponentes de la ciudad, la cantante Emilia Mernes.

Este domingo la artista nogoyaense de reconocimiento nacional e internacional Emilia Mernes Rueda,fue homenajeada con el reconocimiento de “Nogoyaense Ilustre”. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura Profesor Juan José Antonio Segura.

De la actividad participaron la vicegobernadora Alicia Aluani y el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider.

Miles de vecinos y fans se hicieron presentes para ver a su artista en el marco del reconocimiento, quien destacó la felicidad por estar presente y reconoció a quienes la impulsaron en el camino de la música.

La declaración de “Nogoyaense Ilustre” fue dispuesta mediante ordenanza N° 1.557 y refrendada mediante decreto N° 520, del Poder Ejecutivo.

La votación de ese reconocimiento en el Concejo Deliberante de Nogoyá no estuvo exenta de polémica.

“Por la trayectoria de una institución de 120 años en la educación de nuestro pueblo, por principios éticos, en desacuerdo con el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo y el dictamen aprobado en comisión, me voy a retirar del recinto para el próximo tratamiento del proyecto que se va a tratar. Por ende, pido a la vicepresidenta primera que se haga cargo de la presidencia”.

La vice de Nogoyá negó su voto a un homenaje a Emilia Mernes

De ese modo, la viceintendenta de Nogoya, Desiré Peñaloza, se negó a participación de la votación de la ordenanza que declaró Ciudadana Destacada de la ciudad a la artista internacional Emilia Mernes. La iniciativa había sido impulsada por la responsable de Cultura del Municipio de Nogoya, Karina Clementin, y buscó destacar el lugar que ocupa Emilia en el escenario de la música a nivel mundial.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

Se realizó el acto de entrega de certificados a egresados de la primera cohorte de la Diplomatura en Gestión y Manejo de Áreas Naturales Protegidas, propuesta impulsada por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) junto a la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Entre Ríos y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El encuentro estuvo presidido por el decano de la FCyT, quien estuvo acompañado por el director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Pablo Aceñolaza, y la secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, Rosa Hojman.

Durante el acto, el decano destacó el valor institucional y social de esta propuesta formativa y expresó: “Esta Diplomatura, de la que hoy estamos orgullosos de que sean los primeros egresados, no nació por casualidad. En nuestra Facultad pusimos en marcha un plan de gestión institucional que se adapta a las necesidades de un mundo en transformación permanente, promoviendo una agenda de investigación, extensión, desarrollo e innovación tecnológica que vaya de la mano con las necesidades locales, provinciales y regionales”.

Asimismo, remarcó el compromiso de la universidad pública con la comunidad: “La universidad debe ser inclusiva a través de la oferta académica y con proyectos de investigación y extensión que tengan que ver con la resolución de los problemas de la comunidad”.

Finalmente, señaló: “Este es un día importante. Es un día importante para ustedes que reciben su certificado. Es un día importante para nosotros, que vemos concluida exitosamente una etapa más en nuestra labor de formar profesionales útiles a la sociedad. Y es un día importante para la comunidad, que recibe a nuevos profesionales comprometidos con el cuidado de la casa común”.

Seguidamente se dirigió a los presentes Pablo Aceñolaza, quien expresó: “Desde la Dirección de Áreas Protegidas de la provincia nos enorgullece llegar a la instancia de finalización del proceso de actualización y formación continua de agentes de conservación de la naturaleza. Iniciativas como esta buscan elevar la calidad de la función que cumplen a diario en el cuidado de la casa común y la protección de los ecosistemas entrerrianos”. También destacó la importancia de la articulación interinstitucional entre la Universidad, el Gobierno provincial a través de la dirección de áreas protegidas y el Consejo Federal de Inversiones,  como organismo financiador del proyecto.

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman destacó la importancia de la formación continua como una herramienta fundamental para fortalecer las políticas ambientales y acompañar a quienes tienen la enorme responsabilidad de cuidar nuestros tesoros naturales. “Desde la Secretaría de Ambiente entendemos que la capacitación y la profesionalización de las áreas no son un hecho aislado, sino una política pública necesaria para generar respuestas concretas a la comunidad y consolidar una gestión activa en el territorio. Por eso acompañamos la Diplomatura en Gestión y Manejo de Áreas Naturales, celebrando esta nueva entrega de diplomas y destacando el valor del trabajo articulado entre la universidad, el Estado provincial y el CFI. Estos espacios representan un aporte institucional clave para seguir construyendo equipos con mayor preparación, compromiso y sensibilidad al momento de cumplir sus funciones, siempre con calidad y calidez”, sostuvo Hojman.

La Diplomatura forma parte de las acciones impulsadas por el programa Activá Territorio, enmarcado en el Plan de Gestión Institucional de la Facultad de Ciencia y Tecnología, orientado a fortalecer la vinculación con organismos públicos y generar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.

En esta oportunidad, recibieron sus certificados:  Ariana Adon, Roberto Gustavo Andino, Guirin Catalina Aranda, Juan Blanco, Gaspar Cappelletti, Gabriel Cappelletti, Santiago Cardoso,  Julian Nicolas Casas,  Laura Magalí Correa, Marcelo Alfredo Cortiana,  Lautaro Diaz Zamboni,  Gustavo Elberg,  Marisa Daniela Frizzo,   Isabel Viviana Fusi,  Gonzalo Gainza, María Luján Galich,   Diego Ariel Gauna, Misael Graf,   Cristian Hergenreder, Evelyn Monzón,  Anibal Miguel Noro, German Rivero Solari, Leandro Rios, Teresita Esther Rossi Silveira, Mario Rovina, Joaquin Sallenave, Gabriel Schauman, Susana Noemi Schvindt, Maria Victoria Segovia, Daniel Vázquez  y Paul Zaragoza.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos neutralizó una posible amenaza contra una escuela de Paraná tras recibir información sensible procedente del FBI, canalizada a través de la Agencia Nacional de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia.

La información suministrada a las autoridades daba cuenta de mensajes emitidos por un menor de edad de Paraná, quien manifestaba su intención de realizar un ataque con armas de fuego contra alumnos de su escuela y posteriormente quitarse la vida.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) conformaron de inmediato una Mesa de Situación Interagencial para coordinar las tareas preventivas y de investigación. La contingencia se originó a partir de una alerta internacional recibida el jueves 28 de mayo, transmitida por representantes del FBI de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Según se informó, la amenaza había sido publicada originalmente en la plataforma digital Discord y hacía referencia explícita a la intención de perpetrar un ataque masivo dentro de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez de Paraná. A partir de ello, las autoridades activaron un operativo de máxima urgencia para evaluar el escenario y prevenir cualquier situación de riesgo.

Como primera medida, y en el marco de la intervención judicial, se logró identificar al menor involucrado, el establecimiento educativo señalado y el domicilio donde residía. Mediante el cruce de información tecnológica y tareas de campo desarrolladas con carácter urgente, los investigadores individualizaron al presunto autor de las amenazas virtuales, tratándose de un alumno menor de edad domiciliado en Paraná.

Frente a la extrema gravedad institucional del hecho, la Jefatura de Policía dispuso la inmediata articulación entre las áreas operativas e investigativas de la fuerza, representantes del Ministerio Público Fiscal y autoridades del CGE. El objetivo fue centralizar la información disponible, coordinar las actuaciones y planificar las medidas de prevención necesarias. En ese marco, las autoridades educativas dispusieron la suspensión preventiva de las clases durante la jornada del viernes 29 de mayo.

La medida permitió resguardar la integridad de la comunidad educativa y facilitar el despliegue de vigilancia policial permanente en las inmediaciones del establecimiento ubicado sobre calle Martín Zapata. Asimismo, con intervención de la magistratura competente y del Juzgado de Garantías en turno, durante la madrugada de este viernes se llevó adelante un allanamiento en la vivienda del menor.

El procedimiento arrojó resultado negativo respecto de la existencia de armas de fuego, lo que permitió descartar de inmediato la presencia de elementos de riesgo físico vinculados al hecho. No obstante, se secuestraron dispositivos informáticos, teléfonos celulares y soportes digitales para su correspondiente análisis forense. Desde los organismos intervinientes destacaron que la rapidez de la respuesta y la articulación entre las áreas de seguridad, justicia y educación fueron determinantes para neutralizar la contingencia y garantizar la protección integral de alumnos, docentes y ciudadanía en general.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora