Silvia Albarenque conoció el  Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen -de la orden de las Carmelitas Descalzas, fundada en el siglo XVI  por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz- cuando tenía 18 años: en agosto de 1999.

Había escuchado de la existencia de las carmelitas cuando tenía 13 años y vio un video que el cura de su pueblo, María Grande, Raúl Molaro, pasó en la parroquia María Auxiliadora.

-Entonces, una vez, en una Navidad me fui a confesar y Molaro me preguntó qué quería hacer cuando sea grande y yo le dije que quería ser carmelita.

Ingresó al convento de Nogoyá con 18 años y sin saber demasiado de las carmelitas. Ni mucho ni poco. No sabía de su organización, ni de sus reglamentos internos, ni de su disciplina. Tampoco supo -no podía saberlo- del modo dictatorial con el que dirigió la comunidad religiosa de monjas contemplativas Luisa Ester Toledo cuando asumió el cargo de prioria, en 2008, y se bautizó como Madre María Isabel.

Silvia Albarenque abandonó ese lugar en abril de 2013, seis años después de haber pedido a Toledo la dispensa para irse a su casa y luego de una permanencia tortuosa en el lugar: fue sometida a vejámenes y privada de su libertad, según dio por probado la Justicia al condenar a Toledo, tras dos denuncia en su contra presentadas en 2016.

Toledo fue apartada de su  cargo en 2016, y recluida, sucesivamente, en distintos monasterios. En forma parelela, se abrió una investigación penal en la Justicia: Toledo fue acusada de privación ilegítima de la libertad, y condenada, el 5 de julio de 2019, a la pena de 3 años de cárcel. 

Silvia Albarenque es una de las dos ex religiosas carmelitas de Nogoyá que la denunció. La segunda víctima que denunció es Roxana Peña.

Desde los 26 años que pidió salir del convento hasta los 32, cuando pudo ser exclaustrada, soportó tormentos imposibles: ser encerrada y mantenida a pan y agua durante varios días en su celda, obligada a mantener silencio con una mordaza en la boca, aplicarse latigazos en el cuerpo como forma de mortificación penitencial, marcar la señal de la cruz con la lengua en el piso.

Daniel Enz reflejó esa historia en el libro «Las torturas del convento», el libro base del guión de la miniserie «Cautiva».

La ficción

La ficción, realizada por la productora Aleph Cine y dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, consta de seis episodios y llegará a la pantalla este viernes.

La trama sigue los pasos de Clara, interpretada por Carolina Kopelioff, una joven que ingresa ilusionada a un convento de clausura para seguir su vocación.

Sin embargo, su estadía se transforma en un calvario al enfrentarse a la madre superiora Cecilia, encarnada por Lorena Vega, quien impone un régimen de crueldad y abusos.

Tras quince años retenida en el lugar, Clara logra escapar para iniciar un proceso de sanación personal y buscar justicia. La producción se inspiró en el caso real de Silvia Albarenque, quien denunció su encierro y los abusos sufridos en un convento de Nogoyá, Entre Ríos, hecho que derivó en la condena a prisión de la religiosa a cargo.

Sobre esta dramática premisa, la realización definió la trama como “la serie basada en el caso real de una joven que buscaba refugio en la fe y se encontró con un infierno de abusos y humillaciones”. El reparto principal reúne además a reconocidas figuras como Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Luis Ziembrowski y Justina Bustos.

La miniserie se emitirá en TNT desde este viernes 18 de septiembre con un capítulo semanal, en tanto que la temporada completa estará disponible a partir del sábado 19 en la plataforma Flow.

Silvia Albarenque ahora prefiere el silencio.

Su hermano, Marcelo Albarenque, habló del estreno de la serie durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, y dijo que le parece importante que se hable del tema, del cautiverio de su hermana en una casa religiosa.

“Es que esto que le pasó a Silvia le podría haber pasado a otras, y, de hecho, le pasó a otras chicas que intentaronn desarrollar una vocación en un espacio como este, porque es un contexto muy propicio para que una persona que no actúa de buena fe o que tiene algún conflicto con su propia persona, con su subjetividad, ejerza un control y una violencia que este ámbito o este tipo de instituciones facilita por estar exenta del control o del ojo público”, asegura.

Admite que Silvia elige preservarse. Ya habló. “Ella hablará cuando decida hacerlo, obviamente. Pero me parece que esta historia va a quedar impresa en el resto de su historia de vida, en lo que le quede de vida, porque es un hecho de muy difícil reparación. Aunque lo de la serie termina siendo una oportunidad de darle un enfoque estético o artístico a una historia que fue traumática y oscura”, señala.

Marcelo Albarenque señala el proceder de la Iglesia de Paraná luego de que el caso del convento de Nogoyá estallara públicamente. “El obispo del lugar participa en los distintos actos de la vida del convento, desde la fundación hasta una eventual resolución o cierre en la liquidación de los bienes y otras tomas de decisiones que correspondieran. También participa en la elección de la superiora, como un acto de contralor o de o legitimidad. En este sentido, la actuación de la diócesis de Paraná fue lamentable, y esto lo sabemos. Desde una negativa espasmódica y reaccionaria, y hasta infantil, te diría, en los primeros días, cuando se produjo el allanamiento judicial al convento, hasta la promesa o el compromiso público del exobispo, Juan Alberto Puigheri, de que iba a dar las disculpas del caso una vez que resolviera la justicia. La justicia resolvió en 2019, lo revisó la Cámara de Casación Penal, lo resolvió el Superior Tribunal de la provincia de Entre Ríos, lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Puiggari renunció a su cargo y ha tenido más de una oportunidad en esbozar un meculpa por la parte que le corresponde y no lo hizo”, señaló.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

El jueves 10 del actual, el juez federal de Paraná Leandro Ríos procesó al abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos Daniel Alejandro Rosatellial considerarlo “-prima facie- co-autor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada, en concurso real con la falsificación ideológica de un documento destinado a acreditar la titularidad de un vehículo automotor (primer hecho), a su vez en concurso real con lesiones graves, agravadas por el uso de violencia, intimidación y el empleo de un arma de fuego, en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el empleo de armas de fuego, todo ello para preparar, facilitar y ocultar el trasporte del estupefaciente mencionado”.

Rosatelli fue procesado junto a otros cuatro integrantes de una organización criminal, por el transporte de más de 1.345 kilogramos de marihuana. La resolución judicial les atribuye haber coordinado la adquisición, el acondicionamiento y el traslado del cargamento de estupefacientes interceptado en La Paz el 13 de febrero, además de disponer embargos millonarios sobre sus bienes.

Narcopolicía: procesaron al comisario Rosatelli

El marco de la causa atribuye a los procesados el transporte organizado de estupefacientes y falsificación de documentos: “Entre el 4 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026, Daniel Alejandro Rosatelli, Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri —junto a otros colaboradores— organizaron y ejecutaron el transporte de 1.345,51 kilogramos de marihuana compactada en 1.716 ‘ladrillos’ o ‘panes’. El cargamento fue interceptado el 13 de febrero de 2026 en el ‘Camino del Borello’ y Ruta Nacional N° 12 (La Paz, Entre Ríos) tras la persecución de una furgoneta Citroën Jumper blanca. Rosatelli aportó los fondos y la logística para comprar la furgoneta —la cual registraba pedido de secuestro por estafa— y colocarle una chapa patente ideológicamente falsa (dominio GIJ 496) para eludir los controles. La maniobra incluyó el despliegue de una camioneta Toyota Hilux que operó como ‘auto-guía’ en la ruta.

Por otra parte, se señala otro hecho endilgado a Rosatelli, calificado como lesiones graves agravadas y amenazas coactivas: “El 12 de noviembre de 2025, en la sede de la ONG Suma de Voluntades en Paraná, Rosatelli agredió físicamente al intermediario Sixto Ramón Maciel golpeando su cabeza contra una pared con un arma de fuego. La agresión le provocó a la víctima un traumatismo encéfalo-craneano con riesgo de vida. Dicho ataque violento tuvo como objetivo amenazar a Jonatan Emanuel Barbieri para que retirara la denuncia por estafa vinculada a la furgoneta, radicada una hora y media antes, garantizando así la impunidad y disponibilidad del vehículo para el tráfico de drogas”.

La historia se remonta a noviembre de 2025, cuando Jonathan Barbieri, un excabo de la Policía exonerado por su participación en bandas delictivas, con varias causas y al menos una condena, vendió un utilitario Citroën Jumper a otro delincuente especialista en estafas: Martín Reynaldo Pelizzari, recientemente condenado. El 4 de noviembre por la mañana se reunieron en la Shell del Acceso Norte de Paraná, donde acordaron la transacción por 20 millones de pesos. En horas de la tarde, en la esquina de Corrientes y Nogoyá, Pelizzari le entregó una parte en efectivo (unos 2.400 dólares), dos cheques del Banco Galicia por 3 millones cada uno y le realizó dos transferencias de 1 millón cada una desde la cuenta de Claudio David Luna. Se comprometió a pagarle el saldo una semana después.

Anabella Albornoz.

Sin embargo, no hubo pago de la diferencia que quedaba saldar y encima los cheques fueron rechazados por apócrifos. Barbieri hizo la denuncia en la comisaría segunda y luego la amplió en la Fiscalía, por el perjuicio en unos 14 millones de pesos.

En los relatos posteriores (no plasmados en la denuncia formal) se sostuvo que cuando Barbieri y quien sería el titular del vehículo fueron a reclamar, sufrieron un fuerte apriete y golpiza, por la cual el primero quedó bastante desfigurado. Incluso hubo uno que terminó hospitalizado. “En Paraná mandamos nosotros”, dijo el hombre que le advirtieron, a punta de pistola.

El comisario Rosatelli es mencionado en las narraciones de esta historia desde fines del año pasado, pero no así en la denuncia formal que llegó a la Fiscalía de Paraná.

El suceso, o al menos este relato, quedó como una anécdota sin mayor trascendencia.

Hasta que el viernes 13 de febrero de este año, en horas de la noche, ese episodio adquirió una relevancia particular.

Policías de Delitos Rurales de La Paz interceptaron un vehículo que transitaba por el denominado “Camino del Borello”, que en rigor es calle Los Aromos, un camino de tierra alternativo que comunica la ciudad de La Paz con la ruta nacional 12. Pensaban que esa Citroën Jumper estaba involucrada en los hechos de cuatrerismo de la zona.

Detuvieron a una persona y otras dos se lograron fugar a campo traviesa por la oscuridad. Cuando abrieron el utilitario encontraron en su interior 61 bultos con un total de 1716 ladrillos de marihuana, cuyo pesaje total arrojó 1.345,5 kilos. Además, había un pequeño envoltorio con menos de un gramo de cocaína y otro con 16 gramos de cannabis.

Constataron, además, que el Citroën Jumper patente GIJ 496 tenía pedido de secuestro desde el 2 de diciembre del año pasado. Era el vehículo denunciado por Barbieri, vendido a Rosatelli y que ahora aparecía en cargada de droga.

Así se contó el procesamiento de Rosatelli, y se mencionó como un dato al pasar el hecho grave que ocurrió en la ONG Suma de Voluntades. La ONG encargada de un extenso trabajo solidario es mencionada 12 veces en la resolución del juez Ríos. También se menciona a su titular, Anabella Albornoz, como pareja de Rosatelli.

Dice el auto de procesamiento firmado por el juez Ríos: “Pero es la conducta posterior a la compraventa la que otorga verdadero sentido al conjunto. El incumplimiento del pago produjo la denuncia de Barbieri el 12 de noviembre de 2025 aproximadamente a las 16:00. Apenas una hora y media después, Rosatelli se presentó en Suma de Voluntades, aisló al intermediario Sixto Ramón Maciel y lo agredió violentamente mediante el empleo de un arma de fuego, exigiendo que Barbieri retirara ´la denuncia de la camioneta´. La reacción revela un interés personal, inmediato y extraordinariamente intenso en evitar las consecuencias de una denuncia referida a un vehículo respecto del cual, formalmente, Rosatelli ni siquiera aparecía como comprador”.

Y añade: “Ese dato permite comprender cuál era el bien que se pretendía preservar: la continuidad en la disponibilidad de la Jumper. Una denuncia por estafa podía conducir a su localización, secuestro y restitución; precisamente aquello que habría frustrado toda ulterior utilización clandestina del vehículo. La violencia desplegada contra Maciel, por ello, no aparece desconectada del transporte posterior, sino objetivamente dirigida a neutralizar el acontecimiento que amenazaba con retirar de circulación el medio material finalmente empleado para ejecutarlo”.

Jonatan Emanuel Barbieri relata la feroz agresión en Suma de Voluntades, y cuenta que “la señora o pareja de Rosatelli que es presidenta de Suma de Voluntades a quien no conozco. Los llevó engañados, diciéndoles que era por una reunión de trabajo o por otra cosa. Cuando estaban reunidos Mario Avellaneda recibe un llamado, se retira de la reunión, y a los minutos ingresa el sr. Rosatelli a la habitación, les pide a todos que salgan de la habitación menos a Maciel, y dice que pone la pistola sobre la mesa”.

El relato sigue: “Si mal no recuerdo yo fui y lo busqué a Mario Avellaneda, y también fue Carlos Pastrana. Fuimos en mi auto, los tres, yo fui manejando y fuimos a calle Bavio a la Fundación Suma de Voluntades, porque ahí quería la titular, la chica Anabella, no me acuerdo el apellido, quería que hiciéramos una obra por La Floresta, tenía que hacer una obra de un comedor. En la reunión estaba ella y Carlos Pastrana, porque Mario Avellaneda se quedó afuera, porque Mario me hizo el contacto con ella. No se hizo la obra, porque no sé qué pasó ahí, porque entro, llegó Daniel, que no sé si tenía relación o qué cosa con la titular de la ONG. Y le dijo a ella que no se iba hacer. Ahí quedó todo. Discutimos yo y Daniel por el tema de la obra, la titular era ella. Daniel irrumpió en la reunión y le dijo que se fuera a Pastrana y a Anabella. Él se enojó, porque decía que yo le había mandado un mensaje, le había mandado un mensaje a Mario porque ahí me enteré yo que estaban haciendo transacción entre Barbieri y Pelizzari y faltaba una plata”.

“Lo ocurrido el 12/11/2025 constituye, en rigor, uno de los elementos que permiten comprender retrospectivamente el significado de la intervención de Rosatelli en la adquisición. Apenas aproximadamente una hora y media después de que Barbieri denunciara la estafa vinculada con la Jumper, Rosatelli se presentó en la sede de Suma de Voluntades, aisló a Sixto Ramón Maciel -intermediario en la operación- y lo agredió gravemente mediante el empleo de su arma reglamentaria, acompañando esa violencia con una exigencia inequívocamente vinculada con el vehículo: que Barbieri retirara ´la denuncia de la camioneta´. Esa reacción inmediata resulta difícilmente conciliable con la hipótesis de un tercero ajeno a la compraventa o de una persona que hubiese mantenido con el rodado una relación meramente circunstancial. Por el contrario, revela un interés directo y extraordinariamente intenso en evitar que la denuncia produjera las consecuencias naturales que podían derivarse de ella: individualizar al verdadero adquirente, recuperar o secuestrar la unidad e impedir que continuara siendo utilizada”, dice lo resuelto por el juez Ríos.

Hay otro indicio que marca el magistrado: “Asimismo, también llama poderosamente la atención que luego de secuestrada la camioneta adquirida por Daniel Alejandro Rosatelli con 1.345,51 kilogramos de marihuana, en fecha 13 de febrero de 2026, éste organizara junto con Cecilia Anabella Albornoz -en su carácter de presidenta de la Organización No Gubernamental ´Suma de Voluntades´- (misma ONG en cuya sede Rosatelli le provocó las lesiones graves a Sixto Ramón Maciel) una charla sobre ´Narcotráfico, Infancias y Seguridad Ciudadana. Un problema que ya está en nuestros barrios. El narcotráfico no empieza con la droga, empieza cuando una infancia se queda sin oportunidades´, la cual se llevó a cabo el 25 de marzo de 2026 (es decir solo 41 días después del secuestro del estupefaciente), en calle San Martín 1373 de Paraná, pues desde una perspectiva criminológica, se aprecia como una maniobra esencialmente pragmática y funcional, tendiente a minimizar el riesgo de sospecha y a garantizar impunidad. A la luz de los acontecimientos posteriores ese evento debe interpretarse como una maniobra de autoencubrimiento, dado que la actividad contaba especialmente con la participación de autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Efectivamente, a la charla asistió el fiscal federal José Candiotti, y estaba invitado, pero no concurrió, el juez federal Leandro Ríos.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

El Proyecto Puebleando es una cruzada solidaria impulsada en Entre Ríos por Bruno Stoa y César Engelmann que recorre pueblos y zonas rurales para instalar antenas Starlink y llevar conexión de internet gratuita a escuelas aisladas.

Son dos empresarios de la región. Engelmann es dueño de Regionales La Alemana, en Colonia La Alemana, Federación; Stoa, está al frente del cámping Los Médanos, en San José, departamento Colón. Han entregado ya 80 antenas. Intentaron donar dos más a sendas escuelas de Gualeguaychú, pero las autoridades educativas se lo impidieron.

En declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, Stoa explicó que han recorrido distintas escuelas de la costa del Uruguay y han llegado hasta Rosariodel Tala. “Andamos por todos lados con la entrega de antenas, y no habíamos tenido ningún problema de este tipo hasta ahora”, señaló.

-¿Cómo surge Puebleando?

-Yo empecé en el año 2022 a hacer videos recorriendo Entre Ríos: hice 100 pueblos de Entre Ríos. Y después de haber culminado esa tarea, que tan linda fue, de conocer tanto la provincia, me encontró con unas realidades que me incomodaban. Entonces, pensé: qué lindo sería aprovechar la audiencia que uno tiene en redes para apoyar a las escuelas rurales. Y en eso unimos fuerzas con mi amigo César Engelmann, de Regionales La Alemana, y nos pusimos a repartir antenas donadas por particulares. Son antenas que nos dona la gente directamente a nosotros. Me las mandan a mi casa y nosotros las llevamos a las escuelas, y en cada una de esas escuelas hacemos un video. ¿Para qué hacemos un video? Es para que se vea la transparencia, para que la gente sepa que la antena fue entregada.

-En Gualeguaychú, ustedes habían elegido dos escuelas de la zona rural, pero no pudieron entregar las antenas. ¿Qué pasó?

-Correcto. Habíamos elegido dos escuelas, y ya estaba todo preparado para entregar las antenas. Pero a último momento, me dijeron que no, que desde la Departamental (de Escuelas de Gualeguaychú) no nos habían habilitado a ir. Fue algo que me hizo mucho ruido, porque una donación es raro que sea rechazada. Nunca nos había pasado. Hemos andado por distintos lugares, y lugares donde no nos quieren. Eso fue lo que despertó las alarmas en mí. Pensé que capaz pasaba algo más.

-El argumento sería que no pueden mostrar a los alumnos en los videos. Ustedes sostienen que en ningún video aparecen los chicos.

-Efectivamente. Si la gente entra en nuestra página de Instagram de las autoridades de la Departamental, ve que se los muestra a los chicos en distintas actividades. Si ese es el argumento, parece muy vago. Sé que para mostrar a los chicos tiene que haber un permiso. Pero nosotros no los mostramos.

-En el Consejo de Educación hablan de que lo que ustedes hacen es político.

-Nosotros tenemos la mala suerte de que no nos quieren ninguno de los dos bandos. Nosotros mostramos la realidad y el día a día. Cuando las escuelas piden una cocina, tardan meses en responderles, eso genera impotencia. Lo que no les gusta es que expongamos todo eso. Sin las maestras rurales y sin las familias, las escuelas se caerían a pedazo, eso lo puedo asegurar.

Qué dijeron en Educación

Entre Ríos Ahora consultó a la directora departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Marta Irazábal de Landó. La funcionaria evitó hablar y sólo se limitó a enviar un comunicado. Ese comunicado dice:

“La Dirección Departamental de Escuelas Gualeguaychú manifiesta, agradece y recuerda que siempre está abierta a trabajar en forma mancomunada, en pos de agregar valor a todas las Instituciones educativas, para favorecer el desarrollo integral de cada estudiante.

“Destaca especialmente el acompañamiento permanente y el compromiso de los equipos supervisivos, directivos y docentes como así también de las familias, cooperadoras, padrinos de escuelas, Municipios, Juntas de Gobierno, comisiones vecinales, empresas, instituciones y personas particulares.

“Toda colaboración y gesto solidario es muy bien recibido y valorado, porque cada aporte contribuye a que sus escuelas puedan brindar mejores espacios, recursos y oportunidades.

“Siempre que esta Departamental toma conocimiento formal de solicitudes sabe responder con acompañamiento y agradecimiento”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

La Libertad Avanza de Rosario del Tala “rechaza e impugna” la decisión de la administración del intendente Ramón Medina (Juntos) “apoyando y financiando con el erario municipal y en el espacio público Centro Cultural Atahualpa Yupanqui –ex Mercado Municipal– la construcción de un Mural de la Memoria, por cuanto el mismo no representa la historia completa de lo que ocurrió verdaderamente en nuestro país a mediados de la década del 70”.

El sábado 19, a las 16, se inaugura en el Centro Cultural Atahualpa Yupanqui  «El Rincón de la Memoria». Se trata de la intervención de una pared con cerámicas de las 17 personas de Tala víctimas del terrorismo de Estado. También habrá un código QR a través del cual se brindará información virutal de los desaparecidos.

Se trata de una iniciativa de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el Colegio de la Abogacía y particulares y el acompañamiento del Municipio de Rosario del Tala.

El concejal libertario Hugo Rosetti señaló que “en el año 1973 ya había un gobierno constitucional y precisamente durante ese gobierno comenzaron los ataques de las organizaciones subversivas a civiles y militares y también las desapariciones de personas”.

“Lo rechazamos no por que consideremos que deben ser recordados y respetados, sino porque muchos de los que supuestamente se lo homenajea fueron abatidos en ataques armados por atacar precisamente a las instituciones de la República”, planteó el edil.

La seccional Tala de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se pronunció sobre al respecto.

“La memoria sostenemos que debe ser completa desde las cifras inventadas con fines políticos partidarios como la de todas las víctimas, no solamente la de los movimientos subversivos sino también las de los civiles abatidos injustamente como la de las fuerzas de seguridad. No se puede homenajear si los hechos reales son falseados o se ocultan. La Justicia sin verdad no es Justicia”, apuntó.

La seccional Tala de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se pronunció al respecto y repudió el pronunciamiento del concejal libertario. “Nos preocupa profundamente que, defendiendo una falsa ´memoria completa´ y desde las lógicas instaladas en la ´teoría de los dos demonios´, se intente relativizar la naturaleza y la gravedad del terrorismo de Estado implementado en nuestro país a partir del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976”, destacó el gremio.

“Desde Agmer somos claros: ninguna idea política, ninguna militancia, ninguna pertenencia partidaria o sindical puede justificar el secuestro, la tortura, el asesinato, el exterminio de personas por sus ideas políticas, la desaparición forzada de personas, la apropiación de bebés y la supresión de sus identidades”, planteó el sindicato docente. Y agregó: “No existe circunstancia alguna que pueda convertir esos crímenes en acciones legítimas del Estado”.

Luego, apuntó: “Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura fueron investigados, documentados y juzgados por los tribunales argentinos. El Juicio a las Juntas y los posteriores procesos judiciales constituyen conquistas fundamentales de nuestra democracia y forman parte de una política de Estado construida durante décadas”.

Foto Ilustrativa: La Lucha en la Calle

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

Mariana Luján, secretaria administrativa de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), respondió a la denuncia que presentó el Gobierno contra tres dirigentes del sindicato por la situación vivida el martes durante una movilización a la sede de la Dirección General de Recursos Humanos.

“Nosotros veníamos con una serie de reclamos a la Dirección de Recursos Humanos y a la Secretaría de Trabajo. Cuando la marcha sale, vamos justamente a la Dirección de Recursos Humanos, ingresamos un grupo de compañeros y, bueno, ahí empieza la conversación, que nosotros decimos que es una conversación. No negamos que algunos compañeros estaban un poco exaltados, pero no fue más que eso, Es una protesta que tiene que ver con un reclamo puntual. Fundamentalmente, nosotros estamos reclamando la aprobación de cursos de capacitación que hemos estado dando en el transcurso del año pasado y este año. Y también, pedimos información por el cierre de dos tramos de recategorizaciones sobre lo cual no nos han informado. Es casi nula la información que tenemos con respecto a los cursos que han involucrado estas recategorizaciones, y es un reclamo que veníamos haciendo”, sostuvo la dirigente en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

Luján señaló que ATE ha hecho los planteos a la directora general de Recursos Humanos, Luciana Kapp; al secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; y al ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. Pero sin respuesta, agregó. “Nosotros creemos que, con esa cercanía que se da con el otro sindicato (en referencia a UPCN, NdelR) y estas ganas de opacar la representación de nuestro sindicato, pasan estas cosas, y en ese sentido es el reclamo que hizo nuestro sindicato junto a los secretarios generales y a los compañeros de Paraná”.

-Hay que aclarar que el instructivo de recategorizaciones que acordaron los gremios con el Gobierno impone como condición para pasar de categoría la realización de la capacitación. ¿ATE sostiene que Recursos Humanos habilita y aprueba rápidamente los cursos que ofrece UPCN, y en el caso del gremio de ustedes eso no se da?

Gobierno denuncia a ATE por violencia en Recursos Humanos

-Sí. Lamentablemente, ninguno de los cursos que presentó ATE han sido reconocidos. Y del otro sindicato, hay una grilla de cursos que son los que se están dando vueltas en todos los ministerios, y ninguno de los nuestros. No solo que no aparecemos, sino que no tenemos reconocimiento sobre eso. Nos dejan afuera sin razón. Nosotros creemos que hay razones que tienen que ver con la afinidad que tiene el Gobierno de la provincia con el ´allendismo´ (en referencia al secretario general de UPCN, José Allende-, con UPCN, pero que deja muy desprotegido y marca una línea de desprestigio y de querer insinuarle a los compañeros trabajadores sindicalizados en ATE que si no se está en otro lado, no se va a lograr nada. Nosotros hacemos la defensa de nuestra asociación sindical, y de su historia.

-¿Han presentado reclamos administrativos?

-Sí. Hay una resolución que es la que argumenta cómo los sindicatos tienen que hacer las presentaciones para los reconocimientos de los cursos. Nosotros, en tiempo y forma, lo hicimos después de haber firmado el instructivo. Presentamos una grilla de cursos y pusimos las fechas en las que los íbamos a realizar. Nosotros formamos a 1.300 compañeros. Después de haber dictado los cursos, quedó un compromiso de darle legalidad a esos cursos. Bueno, eso no se produjo. Después, ha habido un sinnúmero de situaciones en las que no nos hemos puesto de acuerdo con el Gobierno, porque nosotros seguimos pensando que acordar una paritaria salarial a la baja no la podemos aceptar. Eso ha sido el desencadenante de toda esta ingeniería de situaciones que se han dado para opacar la representación de ATE. Y hay compañeros de otros sindicatos que son cómplices y avalan este tipo de prácticas del Gobierno, que intenta desfinanciarnos y que, aparte de desfinanciarnos, nos quiere dejar sin hacer nuestra política gremial.

-¿Por qué estos hechos que derivaron en esta denuncia del Gobierno ocurrieron en Recursos Humanos y no en la Secretaría de Trabajo, donde también se movilizaron?

-Se dieron en Recursos Humanos porque es donde nosotros creemos que está el mayor de los problemas. Denunciamos que en ese sector hay animosidad hacia ATE. Las afiliaciones de nuestro sindicato tardan en cargarse, y las desafiliaciones del otro sindicato, que sabemos que han caído a mansalva en este último tiempo por la forma de definir los salarios de los trabajadores, han caído y no se llevan a cabo.

Foto: La Lucha en la Calle

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

“Pizzas Catedral. ¿Ya las probaste?”

No se trata de un emprendimiento particular, ni de una nueva rotisería surgida en la ciudad.

Se trata de una iniciativa lanzada por la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario para reunir fondos que permitan costear los trabajos de mantenimiento de la cúpula principal del templo principal de Paraná.

“Pizzas Catedral” se lanzó con una promoción a $7.500 la pizza común; y $9.500 la pizza especial, con un combo a $16.000 (una especial, y una común), con entrega el sábado 19, de 10 a 12,30.

“Estamos realizando tareas de mantenimiento en cúpula y techos. Vamos haciendo un camino según nuestras posibilidades”, cuenta el párroco Fabián Minigutti, que destaca que “todavía no se ha hecho un presupuesto total” de los trabajos que se requieren.

Minigutti ya tiene experiencia en recaudar fondos para obra cuando estuvo a cargo de los trabajos de construcción del Hogar Sacerdotal Jesús Buen Pastor, que se levanta en los terrenos del Centro Mariápolis El Salvador. La misma mecánica de recaudar fondos aplica ahora para los trabajos en la Catedral.

En 1859 una Bula Papal otorgó a Paraná el rango episcopal, pero la ciudad carecía aún de una nueva catedral. Durante el obispado de monseñor José María Gelabert y Crespo se tomó la decisión y se dieron las condiciones para la construcción de una nueva iglesia matriz. En 1882 se eligió al arquitecto Juan Bautista Arnaldi (1841-1915) para la ejecución del proyecto. La piedra fundamental fue colocada el primer día de 1883, siendo éste el quinto templo que se levantaría en este solar.

En 2026 inauguran el Hogar Sacerdotal en Mariápolis

El edificio de dimensiones monumentales se resuelve mediante una planta basilical de 38 metros de frente por 75 metros de fondo, donde se inscribe una cruz latina. Cuenta con una nave central que remata en forma semicircular en el presbiterio, y dos naves laterales, separadas de aquella por una sucesión de 16 columnas de mármol de carrara agrupadas de a par. El templo totaliza 92 columnas, el resto de ellas se materializan en mampostería terminadas con un estucado similar al mármol de carrara, armonizando el conjunto. La altura total llega a los 50 metros.

En 1895 se encomendó al escultor Doménico Di Carli (1829-1912) construir una gigantesca obra de San Pedro. Durante 1896 y 1897 fue realizada en los talleres de él.

Está ubicada en el atrio de la catedral, es de mármol de carrara, proveniente de Génova, Italia. Tiene 4 metros de altura y su base es de 1,50 metros. Representa los atributos del Papa: tiene la tiara papal, la capa pluvial, el manto, las llaves del Reino en su mano izquierda, y su mano derecha levantada en actitud de bendecir. Representa el poder de atar y desatar, y de cuidar de la Iglesia y su gobierno.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

El Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) resolvió convocar a un paro general de actividades y movilización de los trabajadores viales de toda la provincia por el término de 24 horas, a partir de las 6 de este martes 1° de septiembre.

La decisión, histórica para la organización, constituye la primera convocatoria a un paro general de Soever en 40 años y fue adoptada por la comisión directiva central frente a la inminencia del tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Consorcios Camineros y al conjunto de medidas que, según el sindicato, vienen debilitando progresivamente a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Desde Soever señalaron que la medida no responde a un hecho aislado, sino “a una suma de decisiones que ponen en riesgo el presente y el futuro de Vialidad Provincial: el proyecto de Consorcios Camineros, la modificación de la Ley Provincial Nº 6.351 de Obras Públicas, el avance de la tercerización de proyectos y tareas técnicas mediante consultoras, el cierre o debilitamiento de estructuras zonales y las modificaciones que afectan el régimen previsional de los trabajadores viales”.

“Estamos frente a un proceso de vaciamiento de Vialidad Provincial. No se trata solamente de una ley. Se trata de una serie de decisiones que, tomadas en su conjunto, pueden reducir la capacidad del Estado para planificar, proyectar, ejecutar, conservar, mantener y controlar su propia red vial”, expresaron desde el sindicato.

El gremio remarcó que Vialidad Provincial es un organismo público esencial y estratégico para Entre Ríos. “Su función no se limita a mantener caminos: sostiene la producción, la integración territorial, la seguridad vial y el derecho de las comunidades entrerrianas a contar con caminos transitables”, indicó.

“La existencia de una Vialidad fuerte no es solo una cuestión laboral. Es una necesidad para toda la provincia. Sin trabajadores, sin maquinaria, sin talleres, sin canteras, sin zonales y sin presencia territorial, Entre Ríos pierde capacidad de respuesta en sus caminos”, señalaron.

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto de Consorcios Camineros. Para Soever, su implementación puede abrir la puerta a la transferencia, fragmentación o tercerización de tareas que actualmente forman parte de las funciones propias de Vialidad Provincial.

El sindicato también cuestiona la modificación de la Ley de Obras Públicas, al advertir que cualquier reforma debe preservar la planificación, la transparencia, el control técnico, el control presupuestario y la fiscalización adecuada de los recursos públicos.

“No estamos en contra de mejorar la conservación de los caminos. Estamos en contra de que, con la excusa de mejorar los caminos, se sustituya, fragmente o vacíe a Vialidad. La respuesta no puede ser debilitar el organismo estatal especializado. La respuesta tiene que ser fortalecerlo”, afirmaron.

La resolución también expresa el rechazo al avance de consultoras externas en proyectos, estudios y tareas técnicas que históricamente formaron parte de las competencias de Vialidad. Para el sindicato, transferir esas funciones implica perder conocimiento, experiencia y capacidad profesional acumulada dentro de la repartición.

Además, Soever volvió a advertir sobre el cierre o debilitamiento de estructuras zonales, consideradas unidades esenciales para el funcionamiento operativo de Vialidad, ya que concentran trabajadores, maquinaria, talleres, infraestructura, conocimiento técnico y capacidad de intervención directa sobre la red vial.

La medida de fuerza incluye la concentración en la sede del Sindicato y movilización de trabajadores viales frente a la sede de la Honorable Legislatura de Entre Ríos, con el objetivo de expresar públicamente el rechazo al proyecto de Consorcios Camineros y a toda iniciativa que implique debilitamiento, vaciamiento, tercerización o sustitución de funciones propias de Vialidad Provincial.

Desde la organización remarcaron que la decisión fue adoptada ante la urgencia del tratamiento legislativo y en ejercicio de las facultades estatutarias de la comisión directiva central. “Esta medida es en defensa de los trabajadores viales, de sus derechos laborales y previsionales, de la fuente de trabajo y, fundamentalmente, de la existencia de Vialidad Provincial como organismo público. No queremos una Vialidad reducida a controlar lo que hacen otros. Queremos una Vialidad pública, fuerte, profesionalizada, con trabajadores, maquinaria propia, zonales fortalecidas y capacidad real para ejecutar”, concluyeron desde Soever.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

Este jueves, a las 23,59, venció el plazo para que las partes presenten memoriales en el amparo colectivo iniciado por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG Ambientalista Fundación Cauce contra la decisión del Gobierno de implementar un sistema centralizado de compra de insumos para comedores escolares para la elaboración de desayunos y meriendas, que licitó y adjudicó a la firma Teknofood SA.

El viernes 21 del actual, el juez de juicio Juan Francisco Malvasio hizo lugar al amparo colectivo y ordenó al Gobierno que «se abstenga de ofrecer, servir, entregar odistribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contenganuno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias en los términos del artículo 12 de la Ley N.° 27642, debiendo garantizar en forma simultánea eininterrumpida la provisión de productos no alcanzados por dicha prohibición».

Comedores: Malvasio hizo lugar al amparo

Conocida la resolución de Malvasio, los padres, Agmer y la Fundación Cauce apelaron el dictamen y, además, pidieron una «aclaratoria» sobre el fallo, que fue rechazado. Ahora, debe decidir el Superior Tribunal de Justicia.

El escrito firmado por los abogados Rubén Pagliotto y María Aldana Sasia, en representación de padres de niños que asisten a comedores escolares; Valeria Inés Enderle, por la Fundación Cauce; y Verónica Fischbach, por Agmer, plantea la apelación “contra la sentencia dictada” este viernes 21 “por causar gravamen irreparable a los legítimos derechos de nuestros representados, interesando se eleven las actuaciones para su tramitación por ante el Superior Tribunal de Justicia” (STJ).

Comedores: apelan y piden al juez «aclaratoria» tras dichos del Fiscal de Estado

Al igual que la medida cautelar que dictó el juez Malvasio, el 5 de este mes, que fue apelada por Fiscalía de Estado y rechazada, intervendrá el mismo tribunal. Por sorteo, la votación quedó establecida del modo siguiente, con la integración de los vocales: Claudia Mizawak, Susana Medina, Leonardo Portela, Gisela Schumacher, Daniel Carubia, Carlos Tepsich, Miguel Giorgio, Laura Soage y Germán Carlomagno. Para resolver la cautelar, el sorteo arrojó la misma conformación.

Cinco de esos jueces resolverán la suerte de la apelación a la resolución del amparo colectivo.

En el amparo, que tramitó el juez de juicio Juan Francisco Malvasio, se presentó Guillermo Kemps, director de la empresa Teknofood SA, la empresa que se adjudicó la licitación que convocó el Gobierno para realizar una compra centralizada y distribuir insumos para desayunos y meriendas en los comedores escolares de la Provincia, quien indicó que “los productos ofertados cumplen y, en numerosos parámetros, superan las exigencias nutricionales mínimas del pliego”.

Al respecto, el escrito de los amparistas señalan que Teknofood SA hizo saber de su compromiso «expreso, formal e incondicionado» de sustituir inmediatamente cualquier producto que la autoridad provincial observe fundadamente por su calidad nutricional, composición, propiedades o falta de adecuación al pliego, manteniendo como mínimo los mismos estándares técnicos y nutricionales. Y que los productos destinados a comedores escolares «no llevan -ni deben llevar- sellos de advertencia», por encontrarse exceptuados del régimen de rotulado frontal al público.

“Incluso el propio Fiscal de Estado, al reivindicar las potestades administrativas de la Provincia, señaló que el menú debe encontrarse ´nutricionalmente controlado y auditado´. Esa afirmación demuestra por sí misma que la aptitud de un alimento para integrar un menú escolar no puede reducirse a comprobar si exteriormente lleva o no un octógono. Y allí reside precisamente nuestra preocupación, que anima la necesidad de realizar la presente solicitud de ampliación”, señala la presentación.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

La Dirección de Comedores de la Provincia denunció la posible comisión de un ilícito penal en el manejo de los fondos destinados al comedor de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 3 Héroes de Malvinas, de Villaguay.

La causa, que quedó en manos del fiscal Sergio Paulo Salisky, de la Unidad Fiscal de Villaguay, busca conocer la responsabilidad de la rectora de la Escuela Héroes de Malvinas, Antonela Mailen Weigant, responsable de la tarjeta Sidecreer en la que el Estado liquida los fondos para el funcionamiento del comedor.

“La presente denuncia se formula en virtud de las irregularidades detectadas respecto de la utilización de fondos públicos destinados a la prestación del servicio de Copa de Leche, particularmente durante los meses de marzo, abril y mayo de 2026”, dice la denuncia.

Y agrega: “Asimismo, solicito se disponga el inicio de la correspondiente investigación penal preparatoria, a efectos de determinar el destino dado a los fondos públicos acreditados, establecer si fueron utilizados para la finalidad específica para la cual fueron otorgados y, en su caso, determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder”.

El 9 de junio de 2026, “se confeccionó el acta de supervisión Nº 202, suscripta por la Licenciada Sara Angel, Supervisora de ESJA Zona 5, y por la Coordinadora de Comedores Escolares del Departamento Villaguay, Sra. María José Miranda. En dicha acta se dejó constancia de que en el comedor de la Escuela N.º 3 Héroes de Malvinas no se venía prestando el Servicio de Copa de Leche de la Provincia de Entre Ríos durante los meses de abril y mayo de 2026, pese a encontrarse acreditados los fondos correspondientes”.

Aún así, la escuela “habría consumido los fondos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2026”. Y tampoco “a la fecha no se habría presentado la correspondiente rendición de los fondos utilizados, ni se habrían brindado explicaciones atendibles respecto de las inconsistencias detectadas”.

“De este modo -señala el escrito presentado en la Justicia-, de la documentación administrativa reunida surge, prima facie, una situación que requiere investigación penal: se habrían acreditado fondos públicos con una finalidad específica —la prestación del servicio de Copa de Leche—, dichos fondos habrían sido consumidos durante los meses indicados y, al menos respecto de abril y mayo de 2026, el servicio no habría sido prestado, sin que hasta la fecha se hubiera presentado la correspondiente rendición que permita determinar documentalmente el destino concreto de los recursos”.

Y agrega que la “ausencia de prestación del servicio, conjuntamente con la utilización de los fondos y la falta de rendición, impide establecer, en el estado actual, cuál fue el destino efectivo de los recursos públicos involucrados”.

La suma que transfirió el Estado y que no se rindió es de $2.340.000

“Precisamente por ello resulta necesaria la intervención del Ministerio Público Fiscal, a fin de determinar mediante las medidas investigativas correspondientes si los fondos fueron efectivamente aplicados a la finalidad para la cual fueron otorgados o si, por el contrario, fueron desviados, utilizados en beneficio propio o de terceros, o empleados de cualquier otra manera incompatible con su destino específico”, plantea la denuncia.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

De la Redacción de Entre Ríos Ahora