Dos integrantes del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno y José María Chemez, y un funcionario de la Policía de Entre Ríos, el subjefe de la División Robos y Hurtos, Carlos Gabriel Schmunk, quedaron severamente cuestionados durante los alegatos que pronunciaron los abogados defensores del experito balístico del Poder Judicial, Daniel Antonio Vitale, condenado en abril de 2018 a 12 años de cárcel, acusado del robo de armas que estaban bajo su custodia en Tribunales.

Los defensores de Vitale, Iván Vernengo y Damián Petenatti, acusaron a los jueces Castagno y Chemes de “parcialidad manifiesta” en su actuación en el juicio a Vitale, que se extendió entre el 8 de marzo y el 13 de abril de 2018, proceso en el que el experito balístico terminó condenado no sólo por el robo de armas sino también en una causa por violencia de género que le inició una funcionaria policial. Y atacaron la validez del testimonio de Natalia Gimenez, una funcionaria judicial, que testificó en dos causas contra Vitale: en el juicio por las armas, y en otro proceso que lleva adelante el Juzgado de Transición N° 2.

Los cuestionamientos se escucharon durante una audiencia concretada este martes por la mañana ante la Cámara de Casación Penal, compuesta por los jueces Marcela Badano, Marcela Davite y Pablo Vírgala.

“Nosotros apelamos el procesamiento de Vitale en la causa que lleva adelante el Juzgado de Transición N° 2. Y nos enteramos que esa apelación fue rechazada por los dos jueces que después terminaron condenándolo en el juicio. Los jueces habían resuelto rechazar la apelación de la defensa en base al testimonio de la misma testigo que después testificó en el juicio, y en el que actuaron Chemez y Castagno. De ahí, consideramos que hubo parcialidad manifiesta”, dijo Vernengo.

También atacaron el testimonio de Mauro Bertoni, ex empleado de Tribunales, y quien habría sido uno de los nexos con Vitale para retirar armas judicializadas de Tribunales y volcarlas al mercado negro. Vernengo reprochó que se haya dado por cierto lo que contó Bertoni respecto a cómo era el sistema de entrega de las armas en el edificio del Poder Judicial siendo que ningún empleado que testificó en el juicio dijo haber visto nada. Y cuestionó que no se haya investigado al exempleado judicial Andrés Almeida Federik, también sospechado de robo de armas.

La defensa también desacreditó los dichos de una funcionaria policial, que denunció a Vitale por violencia de género: dijeron que los reclamos del experito hacia la mujer provenían de un entredicho por un préstamo de dinero. La funcionaria policial, sostuvo Vernengo, había pedido el préstamos para encarar un microemprendimiento y terminó usándolo para practicarse un aborto.

“La supuesta víctima mintió en su testimonio”, aseveró.

Damián Petenatti aludió a una “absoluta parcialidad en la valoración de la prueba” por parte del Tribunal que lo condenó a Vitale.

Respecto de la acusación por la venta de armas, aseguró que el “único testigo de cargo resultó Bertoni, quien fue beneficiado con un juicio abreviado”. Y reprochó la intervención que tuvo en la investigación previa el comisario Schmunk.

“Schmunk le pidió a Bertoni le dijera quién le daba las armas. Y Bertoni le dijo que era Vitale. Schmunk también habló con Mario López Alonso. En Antecedentes Policiales Bertoni comenzó a ensayar su defensa”, apuntó.

Y adelantó que Vitale iniciará acciones legales contra Bertoni y Schmunk.

Al final, Petenatti pidió la absolución de Vitale en la causa por amenazas, y en la causa por robo de armas, como acusan al tribunal de “manifiesta arbitrariedad”, entendió que la condena no es válida. Y, además, la revocación de la prisión preventiva que cumple en la Unidad Penal de Paraná desde hace 18 meses.

El fiscal Ignacio Aramberry contestó cada una de los agravios que presentó la defensa, y pidió al tribunal confirmar la condena aplicada a Vitale y que además se lo mantenga en prisión preventiva hasta que la condena quede firme.

Luego de escuchar a las partes, Casación anunció que la resolución se dará a conocer el 10 de abril, a las 13.

 

El proceso

Antonio Daniel Vitale era perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y encargado de velar por la custodia de las armas que la Justicia secuestraba en distintos operativos contra el delito. Pero desde esa posición privilegiada, ideó un sistema de sustracción de esa armas, planificó un mecanismo de retiro y distribución, para su posterior venta en el mercado ilegal, para sacar provecho económico, según la tesis de la Fiscalía.

Para llevar adelante ese plan y cometer un delito “aberrante”, como calificó el tribunal que terminó condenándolo a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, Vitale se valió del brazo ejecutor de Mauro Maximiliano Bertoni, un exempleado del Departamento Médico Forense de Tribunales. Con la apoyatura de Eduardo Ramón Borgogno y de Mario López Alonso, Bertoni conseguía clientes en el mercado ilegal, hacía la distribución de las armas y reportaba siempre al experito balístico de Tribunales, quien, descripto así, era el cerebro de la banda.

El tribunal aseveró que “quedó probada la imputación a Vitale” como autor del delito de amenaza simple, que tuvo como víctima a una funcionaria policial, y del delito de peculado y sustracción de armas de fuego del depósito del Poder Judicial para luego reinsertarlas en el mercado ilegal.

De ese modo, el tribunal siguió la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y se apoyó en el testimonio de un arrepentido, Bertoni, que fue quien sindicó a Vitale como pieza clave de ese andamiaje delictual, y desacreditó, así, el planteo de los defensores Damián Petenatti e Iván Vernengo, que lo calificaron como un “falso delator premiado”.

Los jueces consideraron probado que Vitale “sustraía armas y cartuchería del Poder Judicial, que entregaba  a Bertoni, empleado del Departament Médico Forense,quien a su vez las entregaba a Borgogno y López Alonso, para ser introducidas al mercado ilegal de armas”. Los jueces consideraron válidos los dichos por Bertoni, que sindicó a Vitale como jefe del grupo, posición que, además, sostuvo durante el careo entre ambos. “No es un falso delator premiado Bertoni. Su vinculación con Vitale no se apoya sólo en los dichos de Bertoni, sino en la prueba reunida para verificar si era falso o verdadero lo manifestado”, señaló el tribunal.

En diciembre de 2016, Bertoni admitió su responsabilidad en el delito de sustracción de armas del Poder Judicial y firmó un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía: aceptó una condena de tres años de prisión condicional, más trabajos comunitarios.

También accedieron a un juicio abreviado Eduardo Ramón Borgogno, que aceptó una pena de tres años de prisión condicional; y Mario López Alonso, que firmó por un año y seis meses de cárcel condicional, ambos acusados de conseguir clientes y gestionar la venta y cobro de las armas sustraídas del depósito del Poder Judicial.

Cuando declaró en el juicio oral, el 14 de marzo de 2018, Bertoni contó que las transacciones de armas y dinero se hacían –con total impunidad- a la vista de todos en el edificio de Tribunales de Paraná: según la versión del testigo/condenado, a veces Vitale le daba las armas en la vereda; en otras ocasiones, en la oficina pericial; y de vez en cuando, en la zona del estacionamiento que da a calle Santa Fe. También dijo que en sus comunicaciones se referían a las armas con palabras claves como “pescado” o “lechones”.

Ejemplificó que cuando el experito tenía para entregarle armas, le enviaba un mensaje que rezaba “ya están los pescados” o “ya están los lechones”.

“No teníamos un acuerdo económico; yo le vendía las armas. Si él me decía que un arma salía $3.000, yo las vendía a $3.500, y me quedaba con $500”, dijo Bertoni al inicio de su declaración.

Además,  aseguró que a Vitale algunas veces lo llamaba “El Viejo”. Previamente, el subjefe de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos, Carlos Gabriel Schmunk, señaló que en las escuchas Bertoni hace referencia a ese apodo al referirse a alguien al que respondía por la venta de armas. Aunque aclaró que en ningún momento se mencionó el nombre o apellido de Vitale.

En otro tramo de su declaración, Bertoni indicó que al ser arrestado en 2016, soltó ante el comisario Schmunk que Vitale era quien le daba las armas.

Asimismo, refirió que durante el tiempo en que estuvo con prisión domiciliaria, Vitale intentó sobornarlo. “Me ofreció plata, me decía que me podía mantener. ‘Te puedo dar 20 o 25 mil por mes’, me dijo”, declaró y agregó que también le pidió que cambie de abogado.

Pero el tribunal no se apoyó sólo en los dichos de Bertoni: también cotejó los testimonios de dos empleadas de la oficina donde trabajaba Vitale, las escuchas telefónicas y la abundante prueba que produjo el Ministerio Público Fiscal, que, en su alegato, había pedido la pena de 15 años de prisión para el experito balístico del Poder Judicial.

“Cada dato que fue aportado encuentra eco probatorio -señaló el tribunal hoy en el adelanto de sentencia-. Y también todos los datos que se fueron incorporando de una manera prolija, lo que no deja margen de dudas respecto de la participación de Vitale en este hecho”.

Al resolver bajar en tres años la pena respecto del pedido hecho por la Fiscalía, el tribunal tomó en cuenta que Vitale no cuenta con antecedentes penales y además tiene problemas de salud. Pero atendió favorablemente el pedido de prórroga de la prisión preventiva del experito balístico de Tribunales, que seguirá detenido en la Unidad Penal N° 1 hasta que la sentencia adquiera firmeza.

La condena a Vitale supone la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, por lo cual el tribunal notificará de la resolución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, para que se frene el trámite de jubilación que ya inició Vitale.

El tribunal también encontró responsable a Vitale del delito de amenaza simple en contexto de violencia de género, cuya víctima fue una funcionaria policial, a quien conoce desde hace 15 años, con quien mantuvo una relación. La mujer recibió varios mensajes intimidantes de parte del experito balístico, y lo hizo basado en una “relación asimétrica de poder”, según concluyeron los jueces.

Apreció también el “desprecio” de Vitale hacia la mujer policía, de quien dijo que a pesar de que no le daba la altura ni la vista, igual la hizo ingresar a la Escuela de Policía, haciendo uso de sus contactos en la fuerza.

Durante los alegatos del 6 de abril del año último, la fiscal Fernanda Ruffatti dijo: “Existió asimetría de poder entre ambos”, señaló en relación a Vitale y la víctima. El experito de Tribunales movió sus contactos para que la mujer ingresara a la Escuela de Policía. Y su actitud hacia ella se volvió violenta cuando supo que estaba en una relación de convivencia con otra persona. “Le enviaba mensajes de todo tipo y a toda hora. Entre éstos, uno que decía: ´Vos ya elegiste y jugaste conmigo a dos puntas. No me gusta hacer el papel de boludo, y menos aún de cornudo consciente´”.

Esa vez, los fiscales Juan Malvasio e Ignacio Aramberry sostuvieron la acusación, pidieron 15 años de prisión y calificaron el delito cometido por Vitale como “un hecho de corrupción que no tiene parangón”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.