El exjefe de la oficina de Efectos Secuestrados del Poder Judicial de Entre Ríos, Fabricio Luciano Santapaola, le ganó una batalla al propio Poder Judicial: consiguió que le abonen el 50% del sueldo, beneficio que le habían eliminado de forma completa, mientras se tramitaba un recurso de revocatoria que presentó por medio de su abogado, Ramiro Pereira, contra su cesantía.
El recurso de revocatoria finalmente fue rechazado por el STJ con lo cual, agotada la vía administrativa, ahora viene la batalla judicial por haber sido dejado cesante. Pero en medio, consiguió que le abonen el 50% del salario que le habían suprimido de forma total.
Santapaola fue, hasta el 9 de mayo de este año, jefe de Efectos Secuestrados del Poder Judicial de Entre Ríos. Ese día, el empleado fue cesanteado mediante una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que puso fin al sumario administrativo que se le abrió en 2016, poco después de que la causa por el robo de armas judicializadas saliera a la luz.
La cesantía llegó tras la expulsión de Antonio Vitale, el experito balísitco que fue condenado a 12 años de prisión al ser hallado responsable del robo de armas judicializadas, para su posterior venta ilegal. Las armas, y otros elementos sujetos a la tramitación de causas judiciales, debían quedar a resguardo en la sala de Efectos Secuestrados, a cargo de Santapaola. Pero no fue así.
Santapaola recurrió su despido. Y mientras tramitó ese recurso pidió que se le pagara el 50% del salario, como estipulan las normas. No atendieron su petición y por eso fue con una acción judicial.
Una primera presentación, por los haberes que el Poder Judicial no le abonó en julio a Santapaola, mereció un rechazo por parte del vocal de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo, Emilio Luján Matorras, luego apelado ante la Sala 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En su escrito, el abogado Pereira observó que en la resolución del juez Matorras “no se han tratado los argumentos de esta parte que brindan sustento a la pretensión del actor de pago del 50% de sus haberes correspondientes al mes de julio de 2018”.
“¿Qué dijo Santapaola en la acción por él promovida? Sostuvo que es empleado del Poder Judicial, que se le descontaron preventivamente el cincuenta por ciento de sus haberes y que tiene derecho a cobrar los correspondientes al mes de julio. Hasta ahí, la cosa no difiere mayormente de la acción de ejecución que instaura un empleado público cuando no se le pagan en término e íntegramente sus haberes”, dice en su presentación el letrado. Santapaola “fue declarado cesante como empleado y notificado de ello en fecha del 31/05/2018, tras lo cual, interpuso contra dicho acto el recurso de revocatoria”. Pero, agrega, “conforme se señala en el escrito promocional –diáfano y preciso, modestia aparte- el recurso de revocatoria referido precedentemente tiene efecto suspensivo del acto impugnado”.
El fallo de Matorras fue dado vuelta por el STJ, que acogió favorablemente el planteo del extrabajador, y ordenó que se le abone el 50% de los salarios de julio. Santapaola había reclamado, en una segunda presentación, que se le pague la parte proporcional de los haberes de agosto, pero al haber sido rechazado su recurso de revocatoria contra su cesantía, ese pedido se volvió abstracto.
El exempleado interpuso un recurso de revocatoria contra la resolución del STJ, para frenar el efecto de la retención del 50% de su salario. Pero el recurso no se aplicó y la retención de una parte de su haber continuó vigente.
En la presentación, el abogado del exempleado, Ramiro Pereira, fundamentó que la pretensión de suspender la retención del 50% del sueldo “reviste carácter alimentario” y para “poder hacer frente a los gastos indispensables” para su vida y la de su familia.
Discusión
El asunto quedó en manos de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo, Sala II, integrada por los jueces Emilio Luján Matorras, Guillermo Federik y Guillermo Bonabotta. El pasado 24 de agosto, el primero se excusó de intervenir ya que fundamentó que es parte del Superior Tribunal de Justicia como vocal subrogante.
“De tal modo, de no excusarme, estaría resolviendo cuestiones vinculadas con el máximo tribunal en el que me estaría desempeñando como integrante más allá de serlo como subrogante”, planteó Matorras. Otro que se excusó fue Federik.
Ambas excusaciones fueron rechazadas por uno de sus colegas, Bonabotta. La controversia llegó a la Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, integrada por los jueces Daniel Omar Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Claudia Mizawak.
El 5 de septiembre, con voto dividido, dicha Sala del STJ confirmó el rechazo a las excusaciones que formuló Bonabotta, y devolvió las actuaciones a la vocalía de origen “a fin de que se pronuncie sobre las excusaciones planteadas por los Dres. Emilio Lujan Matorras y Guillermo Federik, que a la fecha se encuentran pendientes de tratamiento y decisión, por parte del órgano legalmente competente al efecto”.
Finalmente, la resolución quedó a cargo del juez Matorras, que antes había intentado apartarse de resolver sobre el asunto. El 7 de septiembre pasado, el magistrado que preside la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo, Sala II, falló a favor del STJ y el Estado Provincial, representado por la Fiscalía de Estado: desestimó la acción interpuesta por Santapaola.
La resolución fue apelada por el abogado del exempleado judicial, y las actuaciones vuelven a la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ. Mientras tanto, la retención de una parte del sueldo del cesanteado sigue operando.
Excusaciones