La defensa del experito balístico del Poder Judicial Antonio Daniel María Vitale, que cumple condena de 12 años de cárcel por la sonada causa del robo de armas judicializadas, cuestionó al Ministerio Público Fiscal que alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con Fabricio Santapaola, exresponsable del Depósito de Elementos Secuestrados.
El 7 de mayo, en audiencia ante el juez Mauricio Mayer, el exfuncionario judicial fue condenado en el marco de un juicio abreviado a una pena mínima: una multa de $4.000, que pagará en 8 cuotas de $500, por su proceder «imprudente», que permitió la sustracción de elementos que estaban bajo su custodia.
A esa condena se llegó tras un acuerdo entre el fiscal Ignacio Aramberry y el abogado del acusado, Guillermo Vartorelli. Anoticiado del abreviado y la imputación endilgada a Santapaola, el abogado del experito Vitale, Damián Petenatti, manifestó que la Fiscalía presentó “dos verdades” en dos procesos en los que se discutió en torno a un mismo hecho: la sustracción de alrededor de 72 armas de fuego judicializadas.
Según el letrado, en el hecho imputado por Fiscalía a Vitale durante el juicio que se realizó en 2018, Santapaola aparecía como partícipe primario ya que habría actuado como “facilitador” de la sustracción de armas. En esa descripción acusatoria, también se indicaba que el experito contaba con la ayuda del empleado del Cuerpo Médico Forense, Maximiliano Bertoni, quien se las llevaba a Eduardo Borgogno y Mario López Alonso, que comercializaban las armas en el mercado ilegal.
Los tres, Bertoni, Bognogno y López Alonso, también, al igual que Santapaola ahora, accedieron a penas condicionales en el marco de un juicio abreviado.
La acusación contra Vitale, decía textualmente: “Durante aproximadamente dos años hasta el 06/05/2016, Antonio Daniel María Vitale y Mauro Maximiliano Bertoni, Agentes del Poder Judicial de Entre Ríos, sustrajeron armas de fuego que se hallaban depositadas en dependencias de la oficina Sección Depósito de Efectos Secuestrados, situadas en el edificio del Palacio de Tribunales, sito en calle Narciso Laprida Nº 255 de esta ciudad de Paraná. Tales objetos, eran sacados por el primero de los nombrados de los lugares donde se encontraban y a los cuales éste tenía acceso en su carácter de Perito Oficial del Superior Tribunal de Justicia, especializado en balística. Para esto, contaron con la facilitación del responsable de la Sección referida, Fabricio Santapaola. De tal modo, Vitale quebrantó el deber de custodia de esos objetos surgido de su condición de funcionario judicial. Luego de ser detraídas, las armas de fuego eran entregadas por Mauro Maximiliano Bertoni a Eduardo Ramón Borgogno y a Mario López Alfonso, para que éstos las vendieran a personas que carecían de la condición de legítimo usuario”.
El jueves 7, el fiscal Aramberry leyó la acusación en la que Santapaola pasó de ser “facilitador” de la sustracción a haber actuado de un modo negligente al no haber tomado los recaudos para resguardar las armas.
Decía la imputación acordada en el abreviado: “Al menos durante aproximadamente dos años, hasta 5 mayo de 2016, Fabricio Santapaola, como jefe del Depósito de Efectos Secuestrados, dio ocasión a que Antonio Daniel María Vitale, en condición de perito del STJ especializado en balística, sustrajera armas de fuego que se hallaban a resguardo de ambos y almacenada en los sectores con que aquella sección contaba para tales fines. Así como en el Gabinete Pericial Balístico ubicado en el subsuelo del edificio de Tribunales, lugares a los que Vitale estaba facultado a ingresar en función de que participaba de las operaciones destinadas a la destrucción de armas de fuego. Así, omitiendo tomar los recaudos necesarios para resguardar las armas, Santapaola posibilitó que Vitale, en complicidad con Mauro Maximiliano Bertoni, también agente del Poder Judicial, sustrajera al menos 72 armas de fuego, algunas de ellas destinadas a la destrucción y otras que eran objetos probatorios de causas penales, las cuales fueron ilegalmente comercializadas a través de Eduardo Borgogno y Mario López Alonso”.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, Damian Petenatti, defensor del experito Vitale, calificó de un escándalo judicial que la Fiscalía hable de “dos verdades” sobre un presunto mismo hecho.
“La imputación es algo sagrado en el derecho penal, porque te marca de lo que te vas a defender y la estrategia que diseñas para el juicio. Los abogados penalistas lo toman de manera rigurosa, porque es el objeto procesal alrededor del cual se desarrolla todo el juicio”, explicó el letrado.
En ese marco, señaló que “en la acusación a Vitale se decía que Santapaola había facilitado la extracción de armas y lo ponían como partícipe primario. Es decir, a Vitale le dijeron que Santapaola era cómplice con un actuar doloso, es decir, sabiendo lo que supuestamente hacía Vitale”.
“Si a Vitale le dicen que es autor de la sustracción de armas y que para ello lo tuvo a Santapaola como partícipe primario, eso quiere decir que Vitale no lo pudo hacer sin él”, explicó.
Enseguida, cuestionó a la Fiscalía por el cambio en la descripción de los hechos. “Ahora dicen otra cosa: que Santapaola no lo quiso hacer. A un abogado defensor le cambia totalmente el panorama. Lo que pasa es que hay falta de criterio y arbitrariedad por parte del Ministerio Público Fiscal sobre el modo de llevar adelante la persecución penal”.
En ese sentido, consideró que “retroactivamente cambiaron el juicio que tuvimos con Vitale” y calificó a lo sucedido como un “escándalo judicial” puesto que en cada sentencia existen “dos verdades” contrapuestas de los hechos.
“Es un escándalo judicial de lo más básico. No se puede decir en base a un mismo hecho, que podrá ser cierto para ellos y falso para nosotros, que hay una realidad en una causa y otra en la otra. Esto se tenía que haber resuelto en una misma causa”, cuestionó.
Condena y espera para ir a la Corte
El experito fue condenado el 6 de abril de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná conformado por Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke. Entonces se lo declaró autor material y responsable de los delitos de amenazas simples, en calidad de autor; peculado en concurso ideal con sustracción de objetos destinados a servir de prueba en la modalidad de delito continuado, en calidad de autor de concurso real con provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad, en calidad de coautor; todos en concurso real.
La Cámara de Casación Penal de Paraná, conformada por Marcela Badano, Marcela Davite y Pablo Vírgala, confirmó la condena el 16 de abril de 2019. Luego los defensores de Vitale apelaron y llegaron hasta la Sala Penal del STJ, que con el voto de la mayoría –el vocal Daniel Carubia votó por anular la condena- ratificó la sentencia el 19 de diciembre de 2019.
Esa resolución también fue recurrida para que la condena sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Ahora, se espera que la Sala Penal del STJ admita o no el recurso para llegar al máximo tribunal del país.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora