Cuando la cuarentena obligatoria termine o sea más leve, en los Tribunales de Paraná se discutirá el pedido de elevación a juicio en la mega estafa a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), la causa que se abrió hace seis años, en 2014, y que tiene entre los imputados a empleados infieles, un funcionarios, contadores y empresarios.
En los años que llevó al investigación judicial, de 128 procesados que tuvo la causa en 2017, a juicio llegan 39. Muchos lograron salidas alternativas al proceso porque accedieron a la suspensión del juicio a prueba al acordar con el ente recaudador pagar el dinero que había sido simulado por el personal que operó durante años en su interior.
La maniobra que desplegaban es harto conocida: consistía en el cobro a empresarios de una suma de dinero a cambio de falsear los datos sobre deuda impositiva, a través del mecanismo de la compensación que es una de las formas de extinción de la deuda tributaria prevista por la normativa fiscal.
Los principales imputados son los ‘empleados y funcionarios infieles’: María Estrella Martínez de Yankelevich, jefa del departamento Despacho de ATER; Abelardo Gaggión, jefe de la División Mesa de Entradas de ATER; Darío Barreto, que se desempeñó en la Dirección General de Rentas, en el cargo de Director del Interior, Jefe de la Representación Territorial San Salvador . Y el exTesorero de la provincia, Gustavo Alejandro Gioria (que renunció cuando el escándalo estalló); Fabrizio Abraham Carmelo Dayub, agente Técnico Administrativo del Área Mesa de Entradas de ATER; y Daniela Romina Miño, que era agente Técnico-Administrativo.
El pedido de elevación a juicio lo formuló la fiscal Laura Cattáneo el 14 de abril. En ella, el Estado provincial es querellante a través de la Fiscalía de Estado.
Consultado sobre la reciente novedad, el Fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Trinadori, señaló: “La Fiscalía es querellante en la causa y acompañamos todo lo que planteó el Ministerio Publico Fiscal. Estamos convencido de la investigación porque la Fiscalía hizo un buen trabajo”.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, el funcionario dijo también que si eventualmente hay una sentencia condenatoria, el organismo accionará civilmente para reclamar el dinero que no ingresó al fisco producto de la maniobra de los empleados infieles. Y explicó que el cálculo de lo que se demandará lo debe realizar el Tribunal de Cuentas.
En la mega estafa, cuando se abrió la causa, se calculó que el fisco entrerriano fue estafado en un monto cercano a los $46 millones. Al respecto, el Fiscal de Estado Adjunto aseguró que “la mayor parte del dinero se recuperó, porque mucha gente pagó el impuesto”.
“La Fiscalía de Estado, si llega a haber condena realizará el reclamo del dinero del perjuicio que determine el Tribunal de Cuentas. El reclamo será hacia los empleados públicos involucrados. A los contribuyentes le reclamará el ente recaudador”, especificó.
En ese marco, advirtió que será un juicio nunca visto, ya que tendrá en el banquillo de acusados a 39 personas. “Hay que recordar que al inicio de la causa se comenzó con un gran universo de investigados, luego se llegó a 128 procesados y ahora hay 39 imputados. No hay otra causa en la historia de Entre Ríos con tanta cantidad de imputados, entre los que hay funcionarios, empleados, contadores y contribuyentes”, dijo.
En cuanto al proceso de investigación, que demandó 6 años, aclaró que la demora para llegar a esta instancia se debió a la complejidad del caso. “En estos años se tomaron muchas indagatorias, fue una causa muy compleja. En el medio hubo muchas probation a particulares que pagaban sus impuestos que habían sido simulados; otros cumplieron también medidas de conducta y, luego, obtuvieron el sobreseimiento. También hubo mucha gente que falleció en el transcurso de la investigación”, concluyó.
Tribunal de Cuentas
El titular interino del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas, confirmó días atrás a Entre Ríos Ahora que efectivamente en el organismo existen expedientes sobre la causa ATER. «Se debe hacer una depuración sobre aquellos que estuvieron involucrados en el tema y luego pagaron los impuestos a ATER; y los que no. Eso lo hacemos con información que nos va dando el ente recaudador», explicó el funcionario.
Una vez hecha esa tarea, se tendrá la cifra que se le reclamará a los involucrados que van a juicio.
La causa
La maniobra en el organismo recaudado salió a la luz en 2014 y fue denunciada por el actual diputado nacional Marcelo Casaretto, que entonces era el titular de ATER. ¿Cómo se advirtió el caso? Fue cuando una empresa de insumos agrícolas de Victoria que debía impuestos y pidió un plan de pagos pero el personal observó esa deuda estaba en cero. Cuando se investigó internamente se descubrió que había empleados que llevaban adelante un negocio que consistía en cobrar una suma a los contribuyentes a cambio de borrar deudas.
Según la acusación, los empleados infieles de ATER habría “prestado sus servicios” para compensar las deudas de contribuyentes físicos y jurídicos. Pero la operatoria se trataba de “simular” que las firmas o personas habían pagado sus deudas mediante ese mecanismo de compensación que permite el Estado siendo proveedores.
Cuando los fiscales Laura Cattáneo y Gervasio Labriola (hoy camarista) imputaron a los empleados, explicaron que el delito consistió en “simular operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado provincial, eludiendo en su totalidad el trámite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las resoluciones ministeriales respaldatorias”.
En diciembre de 2017, la entonces jueza de instrucción, Marina Barbagelata, procesó a 128 personas y trabó embargos a los ex empleados de ATER.
En el pedido de elevación a juicio, que contiene a 39 acusados, a los empleados que hicieron la maniobra, María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggion, Darío Fabián Barreto y Gustavo Alejandro Gioria, quien fue Tesorero de la provincia, se le atribuyen actos que encuadran en las figuras típicas de simulación dolosa de pago adulteración dolosa de registros y cohecho pasivo en concurso ideal reiterados; y delitos de defraudación a la administración público y cohecho pasivo en concurso ideal reiterados, todos concursados realmente. La lista sigue con los contribuyentes y contadores que tuvieron rol de beneficiarios e intermediarios de la operatoria.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora