La madrugada del domingo 15 de enero, el departamento de Sofía Montefiori, en calle Buenos Aires al 400, recibió un extraño equipaje: documentación relativa a la empresa Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer).
Eso dice el dato que aportó a la Justicia el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos), y que derivó en un allanamiento, el jueves 26 de enero, en el marco de la investigación por la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En esa causa, Juan José Canosa, extitular de Sidecreer entre 2009 y 2015, está imputado como “autor material”.
El allanamiento fue en el departamento de Sofía Montefiori. Se trata de la madre de Paula Montefiori, defensora oficial del Poder Judicial, esposa de Canosa. El abogado de Canosa, Raúl Barrandeguy, explicó durante una audiencia que se desarrolló en Tribunales el 2 de febrero, que se trató de documentación que Canosa llevó al departamento de su suegra, y que era parte de lo que tenía para ejercer su defensa.
En la Justicia hicieron otra lectura del incidente y se dispuso su decomiso: una bolsa con documentación y un portafolio, que quedaron a resguardo de Tribunales.
En esa causa, Canosa está seriamente comprometido. La investigación busca probar la irregularidad que supuso haber autorizado contrataciones, desde la presidencia de Sidecreer, con su hermano, su cuñada, la hermana de su cuñada, el marido de la hermana de su cuñada, la madre de su cuñada. Y por eso está imputado como autor material del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El resto, con los que contrató desde Sidecreer, como partícipes necesarios: su hermano, Carlos Alberto Canosa, la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler. Su cuñada, Alicia Susana Cuestas, la esposa de Carlos Alberto Canosa, la hermana de su cuñada, María José Cuestas, y el esposo de la hermana de su cuñada, Diego Aníbal Urba.
Pero no es la única causa.

La Justicia también lo investiga por enriquecimiento ilícito, y esa causa, una vez que avance, podría comprometer seriamente también a su esposa, la defensora oficial Paula Montefiori, que quedaría en una incómoda situación.
Montefiori, quien llegó a ser parte de la conducción nacional de la Juventud Radical, se casó con Canosa en 2005. Fue empleada pública en la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y desde 2014 es defensora oficial en el Poder Judicial.
En 2008, la revista “Análisis” publicó una nota sobre el crecimiento patrimonial de Canosa, nacido el 17 de diciembre de 1972 en Diamante, hijo de un kiosquero y de una docente. Su vida profesional como abogado la inició junto al actual presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Daniel Elías, y luego se mudó al estudio en el que ahora está: de Emilio Torrealday.
En 2002, empezó a trabajar en el Estado, como asesor en la Cámara de Diputados. En 2003, recaló en el Ministerio de Gobierno, que conducía Sergio Urribarri. Luego, fue interventor de Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER), donde estuvo desde 2004 hasta 2007.
En ese período, comenzó su crecimiento patrimonial: se compró un departamento en calle Urquiza al 1500, un Mitsubishi Lancer GLXI, modelo 1998. En 2005, se casó con la actual defensora Montefiori. “No son pocos los que recuerdan lo que fue la magnitud de la fiesta de casamiento, realizada en el Casino de Suboficiales de la Segunda Brigada Aérea de Paraná, con unos 200 invitados y con el broche de la actuación del grupo Los Palmeras, con los cuales Canosa terminó cantando, mientras disfrutaba de un habano cubano. De hecho, la luna de miel la emprendió hacia La Habana, horas después de la fiesta”, reveló “Análisis”.
Desde entonces hasta ahora, su crecimiento patrimonial no ha cesado.
Antes de la Navidad de 2016, un grupo de diputados de Cambiemos presentó una denuncia en la Justicia con datos sobre su buen pasar económico. “Disfruta viajar mucho a lugares caros y lujosos. Veraneó en Buzios, en el Conrad de Punta del Este, los centros de esquí de Las Leñas y Ushuaia, en compañía de su esposa, sus dos hijas y una niñera, todo en avión, en hoteles cómodos y lujosos o con todo incluido”, dice la presentación en la Justicia.
Pero si ese crecimiento económico está justificado o no, y eventualment e, si cometió un delito, deberá probarlo la Justicia.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.