¿En qué estado procesal está la causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana? En estado de discusión permanente.

Aunque el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, anunció que la decisión es partir la causa en dos, y enviar a juicio en una primera fase a los mandos intermedios, y en una segunda instancia avanzar sobre los responsables políticos de la operatoria de recaudación de cifras millonarias -se habla de un perjuicio al Estado de $2.000 millones- a través de contrataciones ficticias de personal, lo cierto es que la investigación penal está enredada en una serie de planteos procesales.

Este jueves se dirime, por ejemplo, una apelación presentada por los defensores de los imputados -32 en total- a la decisión que adoptó en abril último la jueza de Garantías Marina Barbagelata de embargarles las cuentas en $3.000 millones. La audiencia de apelación será este jueves, a las 10, ante la camarista María Carolina Castagno.

Aunque hay un pedido de aplazamiento de ese trámite.

Los imputados en la causa por los contratos truchos de la Legislatura, sobre quienes la Justicia trabó un embargo por la suma de 3 mil millones de pesos, consiguieron una resolución que trae alivio a sus bolsillos: la anulación total del bloqueo de las cuentas sueldo.

El  12 de abril, la jueza de Garantías Marina Barbagelata decretó “el embargo preventivo de los fondos que hubiera o que ingresaran posteriormente en las cuentas que más adelante se individualizarán por la suma de 2.000.000.000 de pesos con más la suma de 1.000.000.000 de pesos en concepto de intereses a la fecha en que se decrete la medida, multas prevista en el Código Penal, y costas del proceso. La medida alcanzó a todos los imputados y sus cónyuges.

 

Los embargados

Entre los embargados se encuentra Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Alejandro Almada, empleado del área contable de la Cámara de Diputados; Sergio Cardoso y Gustavo Pérez, director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados y exdirector de la misma área pero del Senado, respectivamente; los contadores del estudio Integral Asesoría, Pedro Opromolla, Guido Krapp, y Gustavo Falco; el contador Ariel Faure; más Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena,  Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Jorge Balladares, Nicolás Beber, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni, entre otros.

En mayo intervino en la causa el juez de Garantías Mauricio Mayer y morigeró lo resuelto por Barbagelata: dispuso  oficiar a las entidades bancarias que se retenga sólo el 20% del sueldo de los imputados, tal como lo establece la ley.

Los fundamentos del embargo que dispuso Barbagelata recién se conocieron el 16 de mayo. Y la pedido, aunque fue dipuesta el 12 de abril fue modificada el 26 de ese mes.

Los defensores presentaron sucesivas apelación al embargo: están recurridas las resoluciones el 12 de abril y del 26 de abril. Para este jueves se fijó audiencia para debatir la primera presentación, aunque es probable que se suspenda y que desde la defensa se pida unificar audiencia para tratar ambas apelaciones.

 

De Breuil

En el marco de la causa de los contratos, para este miércoles 3 de espera la declaración de Jorge de Breuil.

La primera vez que había sido citado por la Fiscalía fue el 9 de febrero. Pero esa primera vez, Jorge de Breuil se negó a brindar ninguna declaración ante los representantes de la Procuración que avanzaban con la ahora megacausa de los contratos truchos en la Legislatura.

La segunda oportunidad para De Breuil fue el miércoles 19, a las 9,30: había cambiado de parecer, y de abstenerse en un primer momento, ahora, a través de su abogado, Miguel Cullen, pidió declarar ante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. Pero el trámite naufragó: el abogado de De Breuil estaba ese día, el viernes, en Gualeguay, en el juicio a la monja carmelita Luisa Toledo -está siendo juzgada por el delito de privación ilegítima de la libertad por hechos que ocurrieron en el carmelo de Nogoyá- y por eso pidió un aplazamiento de la audiencia.

La tercera vez será ahora este miércoles 3 de julio, a las 9,30.

 

La investigación

 

Los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry, y la Fiscal Anticorrucpión y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena  y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

 

 

Foto: Análisis Digital

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.