La investigación penal que abrió en septiembre de 2018 el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos sobre lo que se entiende como un multimillonario desfalco al Estado con la operatoria de contratos laborales truchos en la Legislatura, a través de una «asociación ilícita» que operó entre 2008 y 2018, no tiene los elementos que se requieren para que se resuelva una cuestión de competencia, como pidió un grupo de defensores, y el caso pase a la Justicia Federal.
Esa causa, concluyó en un dictamen que firmó el jueves 3 el fiscal federal de Paraná Carlos García Escalada, «no versa sobre cuestiones alcanzadas por la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos», como plantearon los defensores para cambiar el fuero de la investigación. «Se advierte de las constancias de la causa» Contratos en la Legislatura, observa García Escalada en su dictamen, que «consiste en la investigación de conductas presuntamente configurativas de delitos contra la Administración Pública Provincial, no hallándose involucradas cuestiones relativas al financiamiento de los partidos políticos ni de campañas electorales»
La decisión del fiscal federal ocurrió dos días después de que el martes 1° la Procuración General de Entre Ríos pidiera la elevación de la causa a juicio oral. Aunque se trata sólo de un dictamen del Ministerio Público Fiscal Federal. Ahora, deberá resolver sobre el planteo de los defensores el juez federal Daniel Alonso.
Contratos Rechazo Justicia … by Entre Ríos Ahora
El Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio oral la megacausa de los contratos supuestamente apócrifos en la Legislatura entrerriana, un investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalan que «encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia». La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.
Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Gioveni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni;
El pedido de remisión a juicio sobreviene luego de la finalización de la pericia contable.
Luego de más de año de trabajo, los peritos contables concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura, investigación que abarca el período entre los años 2008 y 2018. El dato relevante es que esa pesquisa finalmente llegó a establecer el monto final del perjuicio al Estado que se habría producido: $1.111.871.715, a valores de marzo último.
La pretensión de llevar ese caso a la Justicia Federal había sido planteada por los abogados Emilio Fouces, en representación de Sergio Esteban Cardoso; José Raúl Velázquez, en representación de Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y Hugo Mena, y Miguel Ángel Cullen, en representación de Gustavo Pérez y Pedro Opromolla. En su presentación, señalaron que plantearon corresponde abocarse a esa causa al fuero federal “ya que según las constancias que se adjuntan en el apartado ´pruebas´, las mismas demuestran que los fondos investigados, tendrían como fin ‘aportes y/o financiamiento’ de campañas políticas partidarias desde 2008 a 2018”.
A la petición se sumaron Damián Petenatti e Iván Vernengo, representantes de Alfredo Bilbao.
Dijeron que «resulta claro entonces, en el presente supuesto, que de existir desvíos de fondos, lo que de ninguna manera estamos aceptando como cierto, estaríamos ante un eventual desvío de fondos obtenidos indebidamente a la actividad partidaria, en el marco de elecciones provinciales y nacionales, pudiéndonos encontrar ante una violación a la ley nacional 26.215 de financiamiento de los partidos políticos”.
Pero el fiscal García Escalada no encontró relación con el financiamiento de los partidos políticos, y así una causa federal, y decidió rechazar el planteo de los defensores.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora