La audiencia de recusación de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, que llevan adelante la investigación penal por los contratos en la Legislatura, se suspendió a poco de comenzar por un cruce que mantuvo la jueza de Garantías Marina Barbagelata con el defensor de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, Miguel Cullen.
«Esto es un escándalo jurídico», dijo Cullen en relación a las decisiones de Barbagelata, que resolvió mantener la audiencia y no suspenderla para aguardar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la cuestión de competencia. La magistrada había confirmado este martes el trámite de esta tarde, y también, no hizo lugar a un recurso de reposición con apelación de los defensores que habían vuelto a pedir la suspensión.
Cullen, el primero en plantear los argumentos de la recusación a los fiscales, observó críticamente las resoluciones de la jueza. Barbagelata le advirtió que no iba a escuchar nada que no tuviera que ver con las recusaciones. Pero el defensor avanzó con su planteo y por momentos las voces se acoplaron. «No voy a escuchar nada que no sea el planteo recusatorio», dijo la jueza.
«Si no quiere, no lo escuche. Pero no puedo dejar dejar de mencionar que es un escándalo jurídico», señaló Cullen.
A los cinco minutos se retomó la audiencia, y la jueza advirtió a Cullen: «Si usted decide seguir hablando, voy a tomar oportunamente las medidas que considere pertinente en función de que no acata las indicaciones de este tribunal».
El defensor no se amilanó y dijo que se le estaba «coartando» el ejercicio de la defensa, y que lo planteará en tribunales superiores. Y le recordó a Barbagelata que no podía avanzar con ninguna medida procesal antes de que la Corte defina la competencia. Al respecto, citó un fallo de principios de julio de la camarista María Carolina Castagno que advirtió que no se debía adoptar ninguna decisión mientras se discute la cuestión de competencia.
Después, el defensor avanzó con el planteo recusatorio de la Fiscalía.
Primero, reprochó la opinión del Procurador Jorge García, a Entre Ríos Ahora, cuando mencionó la posibilidad de dividir la causa contratos en dos. “Esa situación, la sectorización de la investigación, se concreta y se termina de ventilar al momento que se produce la remisión a juicio sectorizada, mostrando la pérdida completa de uno de los deberes del Ministerio Público Fiscal, como es el de la objetividad”.
“La pérdida de objetividad es absoluta en el escrito de remisión. Dentro de la misma remisión no hay ilícito penal, no existen los contratos truchos, sino contratos reglados, que cumplían con todo, tenían presupuesto, que había sido votado por la totalidad de la Legislatura”, dijo Cullen.
El defensor habló de “persecución” porque se pretende llevar a juicio solo a un grupo de personas, pero que aún cuando se menciona que hubo autoridades que autorizaron los contratos, éstos no pudieron ser determinados. Y que los imputados en la causa contratos pertenecen todos a una misma fuerza política.
“La Fiscalía perdió objetividad porque decidió cortar la investigación, cerrar la parte investigativa, diciendo que no pueden determinar quiénes suscribieron los contratos. O no leyeron los contratos o están hablando de que le falsificaron la firma o es ilegible. Peo si no se puede comprobar a los responsables, por qué se persigue a los que no firmaron los contratos”, se preguntó.
Después de la intervención de Emilio Fouces, defensor del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, intervino el abogado defensor Ariel Faure, Leopoldo Cappa, que primero dijo que se había comunicado con el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y que esa organización había designado a Boris Cohen para auditar la audiencia luego del duro cruce entre Cullen y Barbagelata, y que iba a ingresar al salón de audiencias. La magistrada no le permitió el ingreso.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora