“En atención a lo solicitado por el Sr. Procurador Fiscal, líbrese oficio al Juzgado de Garantías n° 1 de Paraná, Provincia de Entre Ríos, como ya fuera solicitado oportunamente con fecha 18 de octubre del corriente año, requiriendo se sirva remitir el expediente ´Legajo OGA n° 10668 – Beckman, Flavia Marcela; Scialocomo, Esteba; Álvarez, María Victoria s/ estafa´ a esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió, por segunda vez, que la Justicia entrerriana remita la causa que investiga los contratos truchos en la Legislatura. Un mes después de esa petición, el expediente, que debía ser remitido en forma digital, todavía no salió de los Tribunales entrerrianos. No se trata de un asunto menor: la Corte debe resolver una cuestión de competencia: si el caso sigue, como desde la primera de 2018, a cargo de una una jueza del fuero ordinario; o si se atiende el pedido de un grupo de defensores, y la causa pasa al fuero federal por cuanto se trataría de investigar delitos federales.
En una resolución que firmó el 11 del actual la jueza Marina Barbagelata, que tramita la causa de los contratos en la Legislatura, planteó que “desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se recibieron precisas instrucciones de remitir copia digital del legajo, indicando que sólo en caso de que la C.S.J.N. lo requiriera se debía remitir el expediente papel. Es así que en cumplimiento de lo requerido por el Máximo Tribunal, dispuse por proveído de fecha 20 de octubre de 2021, la remisión de una copia digital del legajo de OGA a la C.S.J.N.; la que por el tiempo y los requerimientos tecnológicos que demandó cumplir con las indicaciones precisas recibidas para su envío por el sistema DEOX, aún no ha podido concretarse”.
El 16 de junio el juez federal N° 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, le pidió a la jueza Barbagelata las actuaciones tras la resolución que declaró la competencia de la Justicia Federal en esa investigación. El lunes 26 de julio se conoció la decisión de magistrada, que rechazó la inhibitoria planteada para seguir tramitando la causa penal de los contratos, y de ese modo rechazó la petición del juez Federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso de girar las actuaciones a la Justicia Federal, decisión que había adoptado el magistrado a partir de la petición formulada por los defensores de los imputados Gustavo Pérez, exdirector contable del Senado, Jorge De Breuil, Pedro Opromolla y Alejandro Almada.
El árbitro en esa disputa es la Corte.
El 20 de octubre la jueza Barbagelata anunció que se había tomado la decisión de enviar una copia digital de la causa al máximo tribunal federal.
Ese hecho, considerado un «hecho nuevo» por los defensores, derivó en un planteo ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que el jueves 4 del actual, al dar cuenta de lo informado por los abogados defensores, entendió que «emerge indubitable que la magistrada se ha desprendido de la causa y de hecho se encuentra suspendido el trámite hasta tanto se dirima la radicación de los autos; por consiguiente, el debate propuesto por las recurrentes ha devenido abstracto, desde que, según conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión».
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Pero la jueza Barbagelata se plantó ante lo resuelto por la Sala Penal del STJ. Al respecto, sostuvo que «la interpretación efectuada por el Excma. Sala Penal Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia, sobre el estado de la causa en función de lo requerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo resuelto en consecuencia, no se condice con lo efectivamente sucedido». En ese orden, apuntó: «Seguramente el acotado marco de conocimiento que permite el control de admisibilidad formal de recursos de queja, y la errónea información volcada como ´hecho nuevo´ por uno de los recurrentes -el abogado José Velázquez, NdelR- en el sentido de que la suscripta ´…en fecha 20/10/2021 dispuso la remisión de las actuaciones principales a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el requerimiento formulado al respecto por el Alto Cuerpo…´, ha sido lo que llevó al STJ, a interpretar -obiter dictum, «dicho de paso», en latín-, que los plazos se encontraban suspendidos».
Fue entonces que los defensores Leonardo Schonfeld, José Velázquez, Andrés Bacigalupo, Loepoldo Cappa, Miguel Cullen, Emilio Fouces, Damián Petenatti, Patricia Valin e Iván Vernengo acudieron nuevamente a la Sala Penal del STJ ante la decisión de la jueza Barbagelata de no suspender los plazos de la causa para que intervenga “a los efectos de restablecer el estado de certidumbre procesal para el ejercicio de una correcta defensa en juicio”.
El presidente de la Sala Penal del STJ, Miguel Giorgio, respondió con economía de palabras, sin pasión: dijo que “habiendo este Tribunal dictado sentencia en fecha 4/11/21, estése a lo allí resuelto”.
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De ese modo, la causa de los contratos truchos en la Legislatura entró en un terreno pantanoso y no está claro qué pude llegar a ocurrir con esta megainvestigación penal.
Todo empezó a desmadrarse luego de que el 1° de junio último el Ministerio Público Fiscal pidiera elevar a juicio oral la megacausa de los contratos supuestamente apócrifos en la Legislatura entrerriana, un investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalan que «encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia». La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.
Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
El pedido de remisión a juicio sobreviene luego de la finalización de la pericia contable.
Luego de más de año de trabajo, los peritos contables concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura, investigación que abarca el período entre los años 2008 y 2018. El dato relevante es que esa pesquisa finalmente llegó a establecer el monto final del perjuicio al Estado que se habría producido: $1.111.871.715, a valores de marzo último.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora